POBREZA LA PLATA. Comedor Okaricuna: "El Estado manda a la Iglesia comida de calidad y acá lo más trucho"

A media mañana, como todos los días, una decenas de mujeres del Comedor “Okaricuna” del barrio La Unión de Tolosa, se preparan para entregar el almuerzo a las familias del barrio. Pronto sacarán el cartel que anuncia la entrega: “Hay comida”.

“Sacamos el cartel y enseguida se arma la cola”, cuenta Nelly Vélez, una de las referentes del comedor e integrante, junto a sus compañeras, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). Ella y Elizabeth Alejo relataron a La Izquierda Diario la situación del barrio y las complicaciones que tienen para poder garantizarle un plato de comida a varias decenas de familias. Complicaciones que con la aparición de la pandemia y el aislamiento se profundizaron, como en el resto de los comedores que le hacen frente a la crisis económica que atraviesa el país. El coronavirus se propaga y el hambre también.

Según datos del reciente informe presentado por el Indec, en el último semestre de 2019 en la región del Gran La Plata hay 70.986 hogares bajo la línea de la pobreza (22%), que reúnen a 271.678 personas (30,6% de la población local). Y si hablamos de indigencia, 16.100 hogares se encuentran en esa situación (5%), siendo 67.031 personas (7,6%).

Frente a la poca o casi nula respuesta estatal a nivel nacional, provincial y municipal, son las familias junto a organizaciones sociales quienes le ponen el cuerpo para que el barrio pueda comer. Lo hacen desde siempre, hoy más que nunca.

El comedor

Lindando con la autopista La Plata- Buenos Aires, a unas cuadras del Mercado Regional de frutas y verduras, se encuentra el comedor Okaricuna, que en lengua quechua significa “Nos levantaremos”. Ubicado en 521 entre 120 y 121, surgió hace siete años, cuando un grupo de mujeres del barrio se organizó para dar comida a la gente luego que La Plata quedara bajo el agua, en lo que fue la peor inundación de su historia. Mujeres “empoderadas y libres”, así se describen, así se sienten, así se las ve.

La mayoría de los hombres y mujeres del barrio trabaja en la construcción, el servicio doméstico, en carga y descarga en el Mercado Regional, muchos otros venden cartones para subsistir. En casi todos los casos, por sus propias realidades, se trata de familias beneficiarias de planes sociales. Son los informales del mercado laboral. Los que hace muchos años están afuera. Y hoy están más afuera todavía.

“Antes de la epidemia el comedor abría cuatro veces en la semana. Les dábamos el almuerzo y la merienda a unas 40 familias aproximadamente. Hoy son casi 100 y tuvimos que abrir más días y solo podemos cubrir el almuerzo”, cuenta Elizabeth.
“Nunca hay ayuda para los pobres. Macri ayudaba a los ricos, no a los pobres. Ahora ofrecen los $10.000 pero tampoco alcanza”, agrega Nelly. “Y desde la pandemia hay más gente con necesidad de hambre. Cada trabajador traía algo de plata. Ahora no. Vienen mucha gente con la olla, muchos chicos”, completa Elizabeth.

Esos $10.000 son una pobre e insuficiente compensación del gobierno de Alberto Fernández para, supuestamente, cubrir las necesidades de las familias cuyos ingresos se ven postergados ante la imposibilidad de “salir a la calle”. El “quedate en casa” se vuelve un privilegio de clase.

La miseria del Estado

Desde el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, se les entrega la mercadería, algo que debería ser de forma mensual pero que deben reclamarlo de forma constante. “Los alimentos los entregan pero siempre después de presentar varios petitorios, incluso tenemos que movilizarnos para que los den”, afirma Elizabeth. Y lo que reciben generalmente no alcanza.

Alimentos secos que no solo no cubren una dieta saludable, sino son de baja calidad y escasos, demostrando que para el Estado los pobres no tienen derecho a comer bien y de calidad.
“El otro día faltó comida para tres familias, repartimos de nuestras porciones para que puedan llevarse algo. No podemos dejarlos sin comer”, cuenta Nelly mientras agrega que “muchas familias numerosas priorizan que coman los chicos”.

Por si fuera poco, con la cuarentena obligatoria el Estado provincial aprovechó para restringir la provisión de alimentos a través de los comedores, lo que hace que más gente se acerque a pedir comida a Okaricuna. En las escuelas del barrio, a las que van los hijos de las mujeres del comedor, se repartieron bolsones que alcanzan solo para unos días e incluso hubo una escuela que directamente cerró el comedor.

El domingo 29 de marzo el Arzobispado de La Plata, a través de su red de parroquias y con comida provista por el Municipio y la Gobernación, entregó 25.000 bolsones en los barrios pobres de la ciudad. Se trata de esa mimsa “ayuda” estatal que viene siendo reclamada por las organizaciones y que a los comedores no llega. Así lo señalan desde la organización:

“Ellos a la Iglesia le entregan mercadería de buena calidad, primeras marcas y a nosotros nos dan lo peor. Los fideos se desarman. Da mucha bronca. ¿Qué tiene que hacer la Iglesia con el Estado, por qué no nos llaman a los comedores que sabemos qué pasa en los barrios y es donde se ve la realidad”, dice indignada Elizabeth.

Ni hablar de productos de limpieza e higiene en este contexto de coronavirus y dengue; donde los casos van en aumento. El Municipio prometió una entrega, pero jamás llegó. Y esto se repite en el ámbito de la salud. La salita n° 15 del barrio, como la mayoría de los centros de salud de la región, no cuenta con los insumos básicos para la atención sanitaria. “Ni siquiera tiene paracetamol para bajar la fiebre de los chicos”, grafica Nelly. Han exigido en la delegación local, frente a la misma salita el insumo básico y más personal. Otra vez promesas vacías.

“La policía nunca te va a cuidar”

Lo que nunca falta en el barrio es la presencia de las fuerzas de seguridad. Con el pretexto de “cuidar a la población” y hacer cumplir el aislamiento obligatorio, la respuesta a las necesidades de los sectores más pobres es la mayor represión. Eso sí lo brinda el Estado y en cantidad generosa.

“Vas al supermercado que está unas cuadras más lejos y te piden el DNI”, afirman las compañeras. Y cuentan que en estas semanas de cuarentena la Policía se puso más violenta que de costumbre (lo que no es poco decir). En un barrio con callecitas angostas y laberínticas los patrulleros suelen pasar a alta velocidad, como buscando atropellar a cualquier desprevenido.

“Acá no hay un Estado ausente, al contrario, el Estado está presente pero con la Policía y no con la comida”, coinciden las referentes del comedor. Ellas sí saben de hostigamiento, verdugeo y violencia institucional.

El rico aroma abunda en el aire. La comida está lista. De ambos lados de la cuadra, entre carros parados que esperan volver a salir y perros que acompañan, la fila en la puerta va tomando forma. Cruzan la profunda zanja que separa el comedor de la calle. Una zanja que se convierte en muestra de que el dengue tampoco es algo que preocupe a las autoridades municipales y provinciales.

La pandemia y la cuarentena dan cuenta de la precariedad en que viven millones de familias en el conurbano bonaerense, mientras se paga una deuda fraudulenta e ilegítima como lo hizo el gobernador Kicillof. No es el hambre de los barrios, no son los jubilados haciendo cola en plena cuarentena para cobrar sus pocos pesos; ellos no son la prioridad del gobierno.

Ollas y tapers, a un metro de distancia esperan, quizás, la única comida del día. Lo saben en el comedor, por eso “bancan la olla”. Porque saben que la salida es colectiva y desde abajo.

Entrevistas: María Díaz Reck. Daniel Satur. Valeria Machluk
Cámara y edición: Agostina Orellana