Siete policías son juzgados por delitos relacionados al escándalo que estalló en 2013. El octavo imputado, un civil cuyo testimonio dio inicio a la investigación, está prófugo.
Jueves 10 de marzo de 2016
El llamado narcoescándalo estalló en septiembre del 2013, en plena campaña electoral de diputados y senadores nacionales. Un grupo de policías antidrogas, incluidos Rafael Sosa, exjefe de Lucha contra el Narcotráfico y Gustavo González, exjefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas, fueron acusados de formar una banda que se quedaba con estupefacientes y dinero que secuestraban en allanamientos. Luego vendían la droga o la plantaban en otros allanamientos para fabricar causas.
Uno de los policías implicados, Juan Alós, apareció muerto de un balazo en la cabeza el 7 de septiembre de 2013, días después de conocerse la investigación. Lo encontraron en un auto no identificado de la Policía en el camino a Alta Gracia. Dos autopsias determinaron que se suicidó, pero su viuda sigue planteando que lo asesinaron. La causa por esa muerte aún está abierta.
Versiones y renuncias
Quien desató el escándalo fue un personaje llamado Juan “el Francés” Viarnes, de frondosos antecedentes delictivos en Córdoba y otras provincias. Viarnes declaró que él pasaba datos a los policías y testificaba en sumarios falsos, por lo cual cobraba montos periódicos de dinero no especificados. También se encargaba de la venta de la droga robada. Según su testimonio, se sumó a la banda porque fue torturado y extorsionado por los policías. Viarnes está prófugo desde junio del 2014, a pesar de que tenía policías federales apostados las 24 horas frente a su casa.
La versión de los policías es que el “Francés” les dijo que era un “agente encubierto” de Inteligencia del Ejército y ellos le creyeron a pesar de su prontuario. En el domicilio de Viarnes se encontraron, además de 300 mil dólares falsos, siete credenciales de organismos oficiales: tres correspondían al Ministerio de Defensa-Presidencia de la Nación; una al Servicio de Inteligencia de la Nación; otra a la Organización de las Naciones Unidas; una de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata y otra del “Servicio de Inteligencia Militar”. Hasta ahora no se ha confirmado si eran verídicas o no.
Luego de la muerte de Alós, el gobernador De la Sota pidió la renuncia del ministro de Seguridad, Alejo Paredes y del jefe de la Policía, Ramón Frías. Además, más de 70 agentes antidrogas fueron removidos. Ninguno de ellos fue imputado.
Frente a tanta olla destapada, hubo jueces y fiscales que no quisieron formar parte de la investigación y otros que fueron recusados. El tribunal se conformó finalmente por el juez federal N° 3 de la ciudad de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja; el juez de La Rioja, Luis Herrera Piedrabuena, y el juez de San Francisco Mario Eugenio Garzón. Los fiscales son Enrique Senestrari, el mismo que instruyó en la causa, y Abel Córdoba, a cargo de la Unidad Fiscal de Litigio Oral Estratégico (Ufloe), una dependencia de la Procuración General creada en junio del 2015 para casos de “relevancia institucional”.
Frutos envenenados
En el primer día del juicio, Rafael Sosa mantuvo la versión del engaño. “Viarnes es un chanta, nos mintió a todos”, dijo. Los abogados de los acusados sostendrán la teoría jurídica de los “frutos del árbol envenenado”, que sostiene que las pruebas obtenidas de manera ilegal (las declaraciones falsas de Viarnes contra los policías) no pueden ser utilizadas. Y si el “árbol envenenado” está “prófugo”, mucho mejor.
Lo cierto es la Policía de Córdoba volvió a mostrar su descomposición en diciembre del mismo año. Si el narcoescándalo desnudó los vínculos de la Policía con los narcotraficantes (con “agentes encubiertos” o sin ellos), el autoacuartelamiento sacó a la luz los negociados que había implementado Frías en base a cobrar “extras” por protección en los espectáculos públicos y por patrullajes. Los jefes policiales se quedaron sin esa fuente de ingresos al asumir César Almada y fueron ellos quienes dejaron correr los motines.
El aumento salarial que les otorgó De la Sota en aquel momento, sumado a la asunción de Julio César Suárez (un hombre del riñón de Alejo Paredes), fue una victoria política aprovechada por los altos mandos durante el 2014 para fortalecer el rol represivo de la institución. Esto se reflejó en un brutal aumento de los casos de gatillo fácil y las razzias contra los jóvenes de los barrios populares de la ciudad durante el 2014.
Lejos de ser meras “manzanas podridas”, los acusados en este juicio forman parte de una institución que, además de proteger los negocios de políticos y empresarios, día a día regentea sus propios negocios a partir de delitos como la trata de personas, el tráfico de armas y de drogas, con la complicidad de jueces, fiscales y políticos.
