Será el juicio por delitos de lesa humanidad más grande en la región. Se trata de 270 víctimas, 1400 testimonios ofrecidos, 20 imputados y 15 querellas. Isabel Perón, la gran ausencia.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Jueves 5 de mayo de 2016
Está todo previsto para que hoy, a partir de las 9, se dé inicio a la primera audiencia de la megacausa por los delitos cometidos durante el Operativo Independencia, entre febrero de 1975 y marzo de 1976 en Tucumán.
Los imputados son Roberto “El Tuerto” Albornoz, Ricardo Sánchez, Luis Armando De Cándido, Jorge Lazarte, Ramón Jodar, Miguel Ángel Moreno, Pedro Rojas, Pedro López, Néstor Castelli, Julio Meroi, Omar Parada, Enrique Bonifacino, José Roberto Abba, Manuel Rubén Vila, Pedro Casiano Burtnik, Enrique José Del Pino, Jorge Gerónimo Capitán, Alfredo Svendsen, Francisco Camilo Orce y José Luis Figueroa.
El tribunal está integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga, repitiendo la terna que intervino en la megacausa Arsenales II-Jefatura II (2012-2013).
Las denuncias son por delitos de violación de domicilio, secuestro, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, abusos sexuales y homicidios contra 270 personas, muchas de estas víctimas permanecen desaparecidas. Entre ellas se encuentran obreros de fábricas, jornaleros del interior, dirigentes sindicales y políticos, estudiantes y profesionales.
Desde la fiscalía y las querellas se han ofrecido más de 1400 testigos. Las audiencias se realizarán los días jueves en doble turno y los viernes en un turno simple. Se prevé que el juicio durará al menos un año.
Isabel Perón y las patronales, los grandes ausentes
En marzo de este año, el tribunal decidió no citar a Isabel Perón en calidad de testigo durante el juicio. La ex presidenta tampoco fue imputada, como solicitó la fiscalía, a pesar de ser quien autorizó el inicio del Operativo Independencia. A través de un decreto, habilitó al Ejército a “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”.
Con un movimiento obrero que desafiaba el Pacto Social con grandes huelgas, el gobierno peronista de Isabel recurrió al Ejército para reforzar la represión, que ya había comenzado con la Triple A, buscando mostrar fortaleza. Con la firma del decreto N° (secreto) 261, se dio vía libre a la represión sobre la guerrilla, combinándose con un fuerte ataque al movimiento obrero de los pueblos y las colonias azucareras.
El Operativo Independencia fue dirigido en una primera etapa por Acdel Vilas y luego por Domingo Antonio Bussi. Constituyó un ensayo general de la metodología represiva que se generalizó a partir del 24 de marzo de 1976: centros clandestinos de detención, secuestros, desaparición forzosa, torturas y fosas comunes.
Las grandes patronales, como las familias propietarias de los ingenios azucareros, tuvieron una activa participación en el establecimiento de la represión. Proporcionaron predios para que se asienten los centros clandestinos de detención, elaboraron listas para los secuestros y proporcionaron medios financieros (como el Fondo Patriótico Azucarero) hasta un helipuerto, en el caso del ingenio Concepción. Estas denuncias inclusive alcanzan a la familia del ministro Prat Gay. Una vez más, los grandes empresarios no se sentarán en el banquillo de los acusados.
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos se afirmó que “el juicio se da en un contexto donde el discurso macrista recurre a la ‘teoría de los dos demonios’ para justificar el genocidio y buscar la impunidad para los militares, políticos y empresarios que fueron parte del genocidio. Por lo tanto tiene una trascendencia adicional ya que se va a demostrar una vez más que el genocidio fue dirigido contra la clase obrera que cuestionaba el dominio de los grandes capitalistas. En Tucumán los métodos del genocidio se iniciaron con el visto bueno de los gobiernos peronistas de Isabel Perón y Amado Juri”.
La desproporción numérica entre las víctimas, los testigos e imputados evidencian los límites más generales de la política de juicios por crímenes de lesa humanidad, sobre todo si tiene en cuenta el número de condenados en relación al de víctimas. La no apertura de los archivos, el fraccionamiento de las causas, mantener un aparato judicial, policial y de inteligencia con elementos provenientes de la dictadura, colaboran con las pocas condenas efectivas a militares y la impunidad de los responsables civiles.
El kirchnerismo designó a Milani al frente del Ejército a pesar de las denuncias por delitos de lesa humanidad; guardó un silencio de años sobre la desaparición de Julio López; implementó el Proyecto X para espiar organizaciones políticas, sociales y de trabajadores; votó una ley antiterrorista a pedido de Estados Unidos; y hasta recurrió a las fuerzas represivas para salvajes represiones como las sufridas por los obreros de Lear. Sobre la base de estos hechos, el macrismo articula su discurso reaccionario para negar los 30.000 desaparecidos y hasta para cuestionar la legitimidad de los nietos restituidos.
