Luego de un largo debate en la Legislatura de Jujuy, el bloque Cambia Jujuy aprobó un nuevo endeudamiento provincial por U$S 307 millones. Para legar a los 2/3 contó con los votos de 3 diputados del PJ, incluyendo el presidente de ese partido, el empresario Rubén Rivarola.
Viernes 5 de abril de 2019 17:31
Finalmente la Legislatura de Jujuy aprobó el endeudamiento de 307 millones de dólares anunciado por el gobernador Gerardo Morales en la apertura de sesiones legislativas, y la deuda provincial superará los U$S 1.000 millones. El crédito será gestionado con el Banco Interamericano y será destinado para la inversión en infraestructura escolar.
Como establece la Constitución provincial, los préstamos deben ser aprobados por 2/3 de los legisladores, número que no tiene el oficialismo. Por eso jugó un papel imprescindible el empresario y presidente del PJ, Rubén Rivarola, quien, junto a los diputados peronistas Guerry y Belizán, dio su voto favorable.
Desde el Frente de Izquierda denunciaron que “el recorte para construir nuevas escuelas en Jujuy es del 76 % en términos reales y el importe miserable, de 926.272 pesos, cuando una escuela de 15 aulas tiene un costo hoy de 18 millones de pesos. Es decir que la política de Macri y de Morales, que firmó el Pacto Fiscal y todas las políticas de ajuste, fue la de desfinanciar la educación, y ahora endeudar a la provincia. Donde hay un problema Morales ve la posibilidad de hacer un negocio financiero más, contrayendo un crédito destinado al sistema educativo. Esta decisión elevará la deuda en dólares de la provincia casi a U$S 1000 millones, sin siquiera tener un respaldo financiero para pagarla”, aseguró Alejandro Vilca.
Aprobaron la creación de la Junta de Clasificación docente
Como segundo punto del orden del día de la sesión, el oficialismo aprobó en soledad el decreto ley enviado por el Poder Ejecutivo para la creación de la Junta de Clasificación docente. La misma estará formada por 2 miembros designados por el ejecutivo y 1 por los docentes. Dicha ley fue cuestionada previamente por los sindicatos docentes, que exigieron ser recibidos por los diputados pero no fueron tenidos en cuenta sus argumentos y rechazo, y se aprobó como ley 6118.
Respecto a qué organismo debería definir el funcionamiento de la Junta de Clasificación, el diputado del PTS-Frente de Izquierda Eduardo Hernández, integrante de la Comisión de Educación, explicó que “como afirman mis compañeras y compañeros docentes de la agrupación 9 de Abril no puede ser que el gobierno y sus funcionarios definan los criterios de calificación de los docentes. Además, es un acto de autoritarismo absoluto que el gobierno defina el 66% de los integrantes de la junta y que los sindicatos docentes no tengan representación alguna. Por otro lado para nosotros es fundamental debatir esta medida en el marco de qué proyecto educativo queremos y al servicio de quién. Sabemos que ellos buscan ligar la escuela a las necesidades de los empresarios que ofrece una perspectiva para los jóvenes como mano de obra barata, cuando hoy solo se reciben el 50 % de la secundaria y el 90 % que trabaja lo hace en negro.
Hernández agregó que “nosotros proponemos que se realice un Congreso Educativo Provincial donde docentes, sindicatos, familias y estudiantes puedan discutir qué plan hace falta para salir de la crisis educativa que nos llevaron los distintos gobiernos. Un espacio democrático, representativo y vinculante para discutir qué proyectos pedagógicos al servicio del arte, la investigación y la ciencia ponemos en pie junto a un plan de formación docente permanente y en servicio en convenio con las Universidades Nacionales del país”.
Por su parte el diputado Alejandro Vilca señaló que “queremos contraponer nuestra propuesta porque los planes del gobierno nacional y provincial apuntan a crear una fuerza de trabajo dócil y domesticada de acuerdo a los requerimientos de la explotación de los tabacaleros, mineras o los ingenios azucareros que predominan en la economía provincial. Pero además este Congreso debe discutir en base a las reales necesidades educativas, un presupuesto acorde a la educación de calidad para los/las niños y niñas y los/as jóvenes de toda la provincia. A la vez que se planifica un presupuesto que contemple las demandas salariales de los/as trabajadores/as de la educación y sus condiciones de trabajo. Como parte de lo que opinamos importante discutir enumeramos, la apertura de las carreras terciarias cerradas, la implementación de planes gratuitos de capacitación permanente de los docentes, como también el control de docentes y familias de los fondos presupuestarios para que no sean dilapidados por los funcionarios, entre otras cuestiones que hacen a pelear por un futuro y una educación de excelencia para nuestros hijos e hijas.”
