Fraude constituyente. Constitución y aborto: la derecha mantiene su ofensiva anti-derechos.

Entretanto, las encuestas marcan un claro rechazo al proceso (Cadem anotó que el 55% de los consultados marcaría la opción “En contra” en la papeleta de diciembre), pero la ultraderecha no ha detenido su ofensiva conservadora y anti derechos. Muy por el contrario, han salido a declarar desde sus consejeros constitucionales que intentarán “(...) que la identidad del Partido Republicano sea reconocible a través de nuestras enmiendas (...) Nosotros queremos poner nuestras cartas sobre la mesa”. [1]

Pese a que los personeros del Partido Republicano habían señalado que no pondrían en la discusión constitucional el debate sobre el derecho al aborto, lo cierto es que la agenda valórica de este sector siempre ha sido un elemento fundamental de su discurso. Por lo mismo, era inevitable que se aprovecharan de la holgada votación que obtuvieron en el Consejo Constitucional para instalar la prohibición del derecho a la interrupción del embarazo en todas sus instancias y causales, utilizando las enmiendas para modificar el anteproyecto redactado por la Comisión de “Expertos”.

Al cierre de la edición de hoy, se encuentran atacando incluso el insuficiente aborto en tres causales: señaló el Consejero Barchiesi que "Nosotros estamos apostando a robustecer la protección del derecho a la vida del que está por nacer, que es lo que dice hoy la Constitución (...) A mí me parece que es un objetivo absolutamente deseable por parte de la bancada". Decimos “insuficiente” porque un 43% de los/as médicos/as obstetras contratados/as en hospitales públicos son objetores/as de conciencia en la causal de violación, mientras que en el caso de riesgo vital de la mujer o inviabilidad fetal hay un 15,3% y 23,1%, respectivamente.

Por otro lado, el pinochetista Luis Silva declaró que "nosotros vemos y creemos que es uno de los grandes silencios, una oportunidad para robustecer en el texto del proyecto que se va a terminar presentando a la ciudadanía la protección de la vida del que está por nacer" [2].

A esto se suma que una de las pocas Iniciativas Populares de Norma (IPN) que alcanzó los 10mil votos, “Toda vida cuenta” (plataforma antiaborto y antieutanasia), busca que se consagre el siguiente artículo:

La Constitución asegura a todas las personas: 1. El derecho a la vida. La dignidad y vida de todo ser humano es inviolable desde que principia su existencia hasta su muerte natural. Son personas todos los individuos de la especie humana. La Constitución protege y respeta irrestrictamente la vida del niño que está por nacer. La madre, durante el embarazo y después del parto, gozará de especial asistencia y protección, como una obligación del Estado y un deber de la sociedad [3]

Demás está señalar que esta instancia de “participación popular” en el desvío constituyente actual fue de una bajísima adherencia (menos de 250 mil firmas), en comparación con casi el millón de personas que dieron su firma para una IPN en la fallida Convención Constitucional del año pasado.

Teniendo esto en consideración, no sólo salta a la luz que estas IPN cumplen únicamente el rol de recubrir de falsa democracia un proceso trucho, sino que además habilitan al sector más conservador de hacer pasar su agenda como una cuestión popular. Nada más lejos de la realidad.

El verdadero problema que enfrentamos hoy desde el movimiento de mujeres y disidencias sexogenéricas es que si dejamos en manos de la institucionalidad el derecho al aborto -junto con otras demandas urgentes como el derecho a la salud, vivienda y educación, gratuitos y de calidad- nos moriremos esperando. Ya había señalado la propia ministra Orellana que el aborto no se impulsaría este año desde el gobierno [4], dejando para un futuro indeterminado una exigencia histórica.

No podemos resignarnos a una espera eterna por cuestiones que son de primer orden. El derecho al aborto no es solamente una demanda por el control de la natalidad y la maternidad elegida, sino también un planteo democrático básico de autonomía de nuestros cuerpos. Querer elegir no es un capricho, es un tema político y de salud pública. Como es sabido, la prohibición del aborto no disminuye su práctica, sino que la empuja a condiciones de precariedad y peligro para mujeres y cuerpos gestantes transmasculinos y no binarios, en especial para quienes pertenecemos a la clase trabajadora.

Posterior al triunfo del rechazo, quedó demostrado que este Estado, con estas trabas objetivas que se disponen a reforzar Republicanos y los viejos partidos de la derecha, es incapaz de otorgar concesiones que pongan en cuestión la herencia autoritaria y neoliberal de la dictadura cívico militar, que impuso el orden actual a sangre y fuego, perfeccionado luego por la Ex-Concertación, quienes hoy son parte del gobierno, como Tohá o Marcel.

La alerta que nos enciende toda esta situación, es que debemos redoblar nuestros esfuerzos por articular y cohesionar una fuerza social capaz de hacerle frente a la ofensiva conservadora. Votar una y otra vez por el mal menor nos tiene en este estado de las cosas, donde la derecha no solamente quiere restringir las libertades democráticas de las mujeres y disidencias, sino también atacar la organización de los trabajadores, limitando el derecho a huelga y consagrando el mercado de la salud y la educación.

Ellos, los republicanos y derechistas en general, se preparan con uñas y dientes para defender el modelo pinochetista. Seguir confiando en que el régimen político y su institucionalidad podrida cederán en algo, es pedirle peras al olmo. Solamente nuestra fuerza desplegada en las calles, de forma independiente al gobierno y junto a los sectores obreros y populares puede garantizarnos doblarle la mano a la derecha e imponer así las demandas urgentes que ni la Convención Constitucional logró resolver ni el actual Consejo resolverá.

Se hace más acuciante todavía que las organizaciones de nuestro movimiento como la Coordinadora Feminista 8M rompan la pasividad y convoquen activamente movilizaciones que nos abran un camino propio, sin ninguna confianza en este laberinto constitucional, que ninguna novedad positiva trae para las masas trabajadoras y populares.