En las últimas horas los vecinos de la toma del Mirador del Azul en El Bolsón, rebautizado como Barrio Tierra Viva, sufren la arbitrariedad y el abuso de autoridad a manos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Sabina Frederic.
Jueves 14 de enero de 2021 19:34
La fuerza federal, puesta allí en resguardo del predio por la resolución del Juez Gustavo Zapata el pasado 11 de septiembre, ha elaborado un listado de vecinos que permanecen en la toma y pretende que quienes allí habitan se sometan al control de “requisa carcelaria” que impone.
Por la mañana realizan rondas y “toman asistencia” a los vecinos en sus predios, pretendiendo que no se muevan de los mismos hasta la nueva ronda de la tarde. En caso de no estar en alguna de ellas son invitados a abandonar el predio.
Aunque la medida del Juez Federal de Bariloche Gustavo Zapata planteaba “no innvovar en el predio” impidiendo en ingreso de materiales de construcción y de nuevas familias al mismo, la prohibición de abandonar el mismo so pena de no poder reingresar nunca había sido hecha efectiva hasta el 20 de diciembre último.
Pospuesto el desalojo planteado para el 28 de diciembre, la situación volvió a una relativa normalidad hasta el día de hoy en que se impidió el ingreso a dos vecinos que volvían del trabajo en base a una lista que elaboró la propia PSA, en contra de lo dispuesto por la propia justicia.
Los vecinos capturaron este video en el que los uniformados informan de esta disposición de la fiscalía. Este corresponsal pudo hablar con la Secretaria de la Fiscal Silvia Little, Candida Etchepare, a cargo durante la feria judicial, quien negó cualquier disposición en tal sentido por parte de la fiscalía.
La medida, tiene un carácter de desalojo encubierto, al tiempo que niega el acceso a derechos elementales.
Por un lado, quienes buscaron resolver su situación habitacional mediante la acción directa de toma de terrenos, lo hicieron forzados por el impacto económico producto de la cuarentena que los dejó sin trabajo. Para quienes pudieron mantener su trabajo o consiguieron un trabajo temporario en el marco de la temporada turística, lo hacen en condiciones de precariedad que implican perder ese ingreso en caso de no poder asistir. Al mismo tiempo, salir significa perder el precario techo obtenido con la lucha.
Por otro lado, la falta de agua en la toma agrava aún más las condiciones de precariedad en que habitan por la imposibilidad de construir una vivienda al menos precaria. El líquido elemental es obtenido del Centro Integrador Comunitario a 3 km. Otro tanto podría decirse de la adquisición de alimentos, medicamentos o la más elemental asistencia sanitaria.
Se trata de la vulneración de derechos elementales, básicos, en nombre de restituir un predio al INTA en nombre de la propiedad privada, esa de la que los pobladores nativos son privados hace décadas, y que las familias buscaron resolver mediante la toma. En el caso de los más de quince niños de la toma, esto es doblemente grave.
El municipio solicitó el aplazamiento del desalojo para el próximo 24 de febrero. Lo llamativo es que en base al “censo” realizado por la propia PSA a fines de diciembre pasado, no se sabe por orden de quien, la Secretaria de Desarrollo Social del municipio, Silvia Rojas, ofreció tres meses de alquiler a dos familias para que desocupen el predio sin una propuesta seria de resolver el problema habitacional a las 15 familias que continúan en la misma, ni a quienes desde afuera siguen reivindicando su derecho a la vivienda imposibilitados de reingresar.
Hasta ahora, pese al pedido de los vecinos, el Municipio encabezado por Bruno Pogliano no ha abierto ningún canal de negociación para resolver la situación.
