Denuncias de los trabajadores y trabajadoras, desidia del gobierno porteño y muchos problemas que no encuentran solución.
Jueves 18 de agosto de 2016
La Dirección General de la Mujer dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad, es una institución que data de hace treinta años y tiene como finalidad acompañar, contener y asesorar a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas, a través de distintos dispositivos y programas, tanto asistenciales como preventivos.
Sin embargo, las mujeres (muchas, acompañadas por sus hijas o hijos) que asisten a los Centros Integrales de la Mujer (CIM) o al único refugio existente, son nuevamente objeto de violencia allí, esta vez por parte del Estado y sus instituciones.
A los enormes problemas edilicios y de equipamiento, se suma el desguace y la precarización de los equipos de cuidadoras y profesionales. Estos se encuentran sobrecargados de tareas, con pésimas condiciones laborales y sueldos miserables.
En el área de Promoción y Capacitación Comunitaria, por ejemplo, las trabajadoras no cobraron ni un centavo en lo que va del año (ni siquiera para los medios de transporte o la comida que deben cargar sobre sus bolsillos).
En ambas áreas, los cargos no se renuevan: es decir, si alguien se va o se jubila, los mismo se pierden, ajustando el número de trabajadoras y trabajadores al mínimo. Esta situación lleva al incumplimiento del número de operadoras exigido por ley para trabajar en los hogares y refugios así como a la reducción de los equipos técnicos que intervienen en la complejidad de la problemática.
A pesar de las presiones que sufren, los trabajadores y las trabajadoras de la Dirección de la Mujer vienen denunciando el vaciamiento presupuestario hace meses. Son ellos los que, con su esfuerzo y compromiso, sostienen los CIM y el refugio, sin ningún tipo de apoyo por parte del gobierno de la Ciudad.
De hecho, Cambiemos optó por continuar la transferencia presupuestaria a las ONGs afines al gobierno, involucradas en estos temas. Mientras tanto, no existe ningún control o monitoreo sobre la utilización de este dinero o la implementación de las actividades de los organismos. A su vez, se refuerza una “tercerización” de la política asistencial –un emblema de esta gestión-.
La precariedad laboral, la desidia, la tercerización de servicios, el deterioro en la infraestructura, el recorte de personal, las presiones y el desfinanciamiento, se traducen en maltrato para sus trabajadores y trabajadoras, y comprometen la capacidad operativa de una institución pionera en combatir, precisamente, la violencia.
Este panorama muestra lo lejana que está la efectiva reglamentación de la Ley Nº 5466, que implica la creación de un Centro Integral de la Mujer por Comuna.
En este marco, es claro que el #NiUnaMenos por parte de los funcionarios, es sólo es un slogan que se utiliza para conseguir rédito político y mostrar una imagen a través de sus cuentas de Twitter. Es claro que no sólo no les interesa combatir la violencia hacia las mujeres, sino que la sostienen en todos los ámbitos.
