El inédito fallo del máximo tribunal nacional deja libre a cinco condenados por delitos de lesa humanidad.
Insurgente Libertad Egresado de Derecho
Miércoles 1ro de agosto de 2018
Cinco reclusos condenados por crímenes de lesa humanidad saldrán en libertad tras un fallo de la Corte Suprema que acogió un recurso de amparo este martes.
La liberación de los ex militares se determinó luego que la sala acogiera recursos de amparo que fueron presentados por sus defensas en contra de las resoluciones de la Comisión de Libertad Condicional que sesiona una vez al año, y que en el caso de estos internos de Punta Peuco les había negado el beneficio. Esto último, argumentaba la comisión, pues no se acreditó un requisito fundamental en sus casos: que los informes sicológicos de Gendarmería establecieran que estén corregidos y rehabilitados, el propósito principal del encarcelamiento.
Entre los beneficiados con libertad condicional está el oficial (R) Manuel Antonio Pérez Santillán, condenado por el crimen del químico Eugenio Berríos y el suboficial (R) de Carabineros Gamaliel Soto, quien estaba condenado a 10 años por el secuestro calificado del médico Eduardo González Galeno, ocurrido el 14 de septiembre de 1974, en la localidad de Cunco, Región de La Araucanía.
Ademas, liberó a los suboficiales mayores (R) Felipe González Astorga, Hernán Portillo Aranda, José Quintanilla Fernández. Todos condenados a 5 años y 1 día por la detención y torturas de Nizca Baez y la desaparición de su esposo, el estudiante universitario y militante del MIR Alonso Lazo Rojas. En el caso de Quintanilla, la resolución contó con el voto en contra del ministro Manuel Valderrama quien estuvo por no acoger el amparo pues el condenado mantiene vigente otra causa por violación a los derechos humanos.
El máximo tribunal, asegura que las convenciones suscritas por Chile en materia de DD.HH. no impiden la reincorporación de los condenados a la sociedad.
Esta decisión se da a conocer un mes después de que el juez Milton Juica, con una trayectoria de 50 años en el poder judicial y conocido por su labor en los casos de Derechos Humanos, dejara la Corte Suprema.
La Sentencia
En las resoluciones se sostiene: “en el orden referido, las Convenciones suscritas por Chile en materia de Derechos Humanos no impiden reconocer a los condenados su derecho a reincorporarse a la sociedad mediante mecanismos como el de la Libertad Condicional y, concordantemente, el fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos vs. Perú, en la resolución sobre el cumplimiento de la sentencia de 7 de septiembre de 2012, sólo cuestiona el otorgamiento “indebido” de beneficios en la ejecución de la pena, lo que eventualmente puede conducir a una forma de impunidad, situación que no se presenta en el caso de autos, donde el amparado cumple los extremos legales y reglamentarios para acceder a la libertad condicional”.
Además, señala que “lo que se ha venido reflexionando no conlleva desconocer la particular gravedad de los crímenes de lesa humanidad”.
Rechazo al veredicto
Diversas agrupaciones de Derechos Humanos ya salieron a manifestarse en contra la decisión de la Corte Suprema. Así, para Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, “esto es lo que pasa en un Chile donde el dictador muere en su casa tranquilamente, donde lo que más importan es dar cumplimiento a los acuerdos establecidos con la familia militar”. “Esto es terrorífico, esto no es más que una acción concertada de ministros de la Segunda Sala que están desconociendo los tratados internacionales, desconocer lo establecido en el derecho internacional humanitario referido a criminales de lesa humanidad. Lo que estamos enfrentando es una decisión política del Poder Judicial de dar una señal de cuál es su posición frente a los crímenes de la dictadura”, señaló a La tercera.
Así mismo, agregó: “el gobierno ha anunciado el envío de la mal llamada ley Humanitaria, pero vemos que con esto no va a ser necesario que lo envíen si ya van a estar libres todos los violadores de derechos humanos. Esto no tiene nombre, es una situación extremadamente grave que enfrentamos no sólo quienes hemos luchado por verdad y justicia”.
En la misma línea, Cecilia Heyder, sostuvo que “esto viene a ratificar que la impunidad llegó. Ellos van a estar libres, van a estar en nuestros barrios y nadie ha pensado en las víctimas, en nosotras que vamos a ver en las calles a los asesinos de nuestros padres, a nuestros torturadores”.
“Aunque sean viejos, fueron violadores, asesinos y torturadores. Que sean de la tercera edad no los libera de sus crímenes. Salen libres, pero nadie les exige que digan la verdad. Que salgan libres, pero que por favor digan dónde están”, añadió.
La justicia y la derecha a favor de los privilegios a violadores de DD.HH
Hace algún tiempo la derecha venia solicitando indultos a los violadores de DD.HH. Hoy este deseo, se materializa, y con ello otorga mas beneficios y privilegios a los torturadores y violadores de derechos humanos. Al parecer la cárcel de lujo de Punta Peuco y su atención de salud VIP no sería suficiente para las familias que se enriquecieron en dictadura con el actuar del gobierno militar.
Según el informe de marzo de 2017 del INDH los reclusos condenados por violaciones, secuestros y asesinatos gozan de condiciones privilegiadas en Punta Peuco. Desde un completo equipo de salud con médicos, enfermeras, dentistas, etc. Hasta incluso una cancha de tenis y patios alfombrados de pasto sintético. Una realidad completamente diferente a la de todos los reos del país que por el contrario viven en la más absoluta precariedad, con condiciones inhumanas y degradantes, como ya lo vimos con el pasado incendio la cárcel de San Miguel de Santiago donde murieron 81 jóvenes.
Esta es la política que está llevando adelante la derecha a nivel internacional, tal como lo pudimos ver con el indulto a Fujimori en Perú en diciembre del año pasado y Miguel Osvaldo Etchecolatz en Argentina.
Este fallo y la política de privilegios a los genocidas que impulsa la derecha, representa un insulto para aquellos que aún continúan con su luto, familiares de personas desaparecidas, torturadas y violadas sin piedad durante las dictaduras de Latinoamérica.
