Las asociaciones de estudiantes, así como las propias Federaciones, son herramientas de organización estudiantil que se hacen necesarias en un contexto de crisis sanitaria y de pandemia mundial, en donde el problema de la exclusión de estudiantes por sus condiciones materiales y el debate sobre qué tipo de universidad queremos, están a flor de piel. No son órganos estudiantiles para administrar la crisis y seguir la orientación de la administración.
Viernes 10 de abril de 2020
La universidad de conjunto es una institución que tiene métodos de toma de decisiones antidemocráticos, en donde la gran mayoría de docentes en interinazgo (entre el 60% al 70%) no poseen ni voz, ni voto en las principales decisiones dentro de la institución. Así mismo, el porcentaje de representación estudiantil para la elección de las principales autoridades universitarias, tales como la rectoría o las decanaturas, es paupérrimo frente a los más de 40.000 estudiantes que conforman la comunidad universitaria.
La crisis del Covid-19 deja expuestas una serie de problemáticas que ya de por sí la universidad ha arrastrado durante años. Se pone de manifiesto el problema del presupuesto de la universidad, el cual ha venido negociando a la baja y con pronósticos de déficit millonario. La crisis de cupos -reflejo inmediato de la precarización laboral al sector docente en interinazgo-, las denuncias sobre becas que no alcanzan, la deserción de cientos de estudiantes que deben maniobrar entre el estudio y el trabajo, se hacen aún más latentes ahora.
La crisis sanitaria también ha puesto de manifiesto una serie de debates sobre el papel que deberían cumplir instituciones como las universidades públicas para atender la pandemia. La propuesta desarrollada por la administración de forzar la virtualización es antidemocrático y elitista, ya que implica la exclusión de miles de estudiantes de los sectores más vulnerables de la sociedad, a quienes en lugar de ofrecerles el derecho a la educación, los jerarcas universitarios se limitan a ofrecerles su retiro del semestre.
Frente a esta medida elitista, ¿qué papel han jugado las asociaciones estudiantiles y demás organizaciones del estudiantado? Esta pregunta ha abierto actualmente un debate dentro del movimiento estudiantil, abriendo paso a dos orientaciones en general: seguir la política elitista de la administración y continuar con la virtualización de los cursos a cualquier costo; o suspender el semestre sin recortar los salarios ni las becas, en aras de orientar todos los recursos materiales, intelectuales, técnicos y científicos, en función de atender la pandemia y enfrentar la crisis del Covid-19.
Confiar en las propias fuerzas
La propuesta de suspender el semestre salida desde la presidencia de la Asociación de estudiantes de filosofía cuenta ya con más de 1300 adhesiones, y se está consolidando como una campaña que refleja las necesidades más sentidas del estudiantado más precarizado y la urgencia de que los espacios de representación estudiantil no se limiten a jugar un rol pasivo frente a la Rectoría en su afán de administrar la crisis.
El llamado pasa a poner en primera línea la necesidad de asumir que las asociaciones de estudiantes son espacios cuya tarea es organizar al conjunto del estudiantado y plantear el tipo de universidades que necesitamos para hacer frente a la pandemia del coronavirus, sin que esto implique la deserción de miles de personas de la propia universidad.
Además contempla la necesidad de mantener las becas y salarios de estudiantes y docentes en interinazgo, pues son sus derechos, y que no sean los sectores más vulnerables quienes de nuevo, paguen la crisis. Razón por la cual la propuesta en pocos días ha tenido el apoyo de más de 1300 estudiantes; de distintas carreras y facultades, que trabajan, becarios, estudiantes de sedes y recintos, las firmas siguen aumentando.
Sin embargo, la propuesta se ha topado con argumentos en contra, dirigidos desde algunos espacios de representación estudiantil. Quienes se ubican políticamente del otro lado de la acera, enfrentan los intereses de las y los estudiantes para quienes la virtualización de los cursos no representa una solución. Los argumentos que giran en torno a las limitaciones impuestas a las organizaciones del movimiento estudiantil por reglamentos y la propia rectoría, intentan sostener un rol pasivo del estudiantado dentro de la vida política de las universidades.
Las asociaciones y representaciones estudiantiles deben poner en el centro de su agenda la pelea por las necesidades más sentidas de la población estudiantil, y no ayudar a administrar la crisis -contabilizando a quiénes quedan por fuera en lugar de defender su derecho a la educación- pues corren el riesgo de ser puntos de apoyo de la administración, en su orientación de profundizar aún más la concepción de la educación universitaria como un privilegio y no como un derecho.
Cada vez es más necesario romper los límites políticos impuestos por la administración universitaria y su modelo neoliberal de universidad-empresa. Superar estos límites es aún más necesario en la medida en que las propias condiciones de crisis en las que está envuelta la sociedad capitalista frente a la pandemia, interrumpen la normalidad de la vida política y académica.
Es necesario poner en pie un movimiento estudiantil independiente de la administración, que uniendo fuerzas con las y los trabajadores sean capaces de orientar una universidad que se ponga a la altura del momento, movilizando todo su conocimiento y sus herramientas en función de la atención de las necesidades más sentidas de la población.
Medidas como estas también son impulsadas por el movimiento estudiantil en lugares como Brasil, el Estado Español o Argentina, en donde las organizaciones estudiantiles han sido punta de lanza en la exigencia de que el conocimiento generado en los centros educativos gire en favor de atender las consecuencias de la pandemia. Los ejemplos alrededor del mundo sobre la capacidad que los centros universitarios tienen para responder a una crisis de este tipo demuestran no solo que esto es posible, sino necesario.
