El joven platense de 17 años fue ejecutado por el policía Diego Walter Flores. Un proceso judicial plagado de irregularidades que lo absolvió de culpa y cargo. Un caso testigo que muestra el entramado de complicidades policiales, judiciales y políticas. El pedido de justicia que se transformó en bandera en la lucha contra la violencia de un Estado que reprime a los hijos de la clase trabajadora y los sectores populares.
Valeria Jasper @ValeriaMachluk
Miércoles 15 de febrero de 2023 00:18
“Si no entregás al guacho a la comisaría, mañana lo tenés muerto”, le dijeron a Sandra Gómez los oficiales que ingresaron a su casa buscando a su hijo Omar. No era la primera vez que lo buscaban. Omar, como tantos pibes y pibas de las barriadas populares, era hostigado por la policía. Al día siguiente de ese allanamiento apareció muerto. El 15 de febrero de 2013 el policía bonaerense Diego Walter Flores lo ejecutó de un tiro en el pecho, a pocas cuadras de su casa, en el barrio Hipódromo de la ciudad de La Plata. Tenía 17 años.
Con el dolor desgarrándole el cuerpo, Sandra comenzó a transitar la búsqueda de justicia, lo que se volvería su motor de vida.
La impunidad que gatilla
El peronismo gobernaba la provincia de Buenos Aires cuando asesinaron a Omar. Daniel Scioli, hoy embajador en Brasil y resonante en la carrera electoral que se aproxima, manejaba los destinos del territorio bonaerense. Durante su gobernación, la agenda securitaria pesaba fuerte: aumentó el número de los integrantes de la maldita policía y su equipamiento. Declaró por decreto la emergencia en seguridad, por la que entre otras cosas convocó a personal retirado para que prestase servicio, e implementó la creación de las policías locales. Dejó una fuerza con más de 90 mil efectivos.
A los pocos días del asesinato de Omar, la fiscal Ana Medina se hizo cargo de la causa. Casi sin investigar el crimen, Medina no solo no tomó en cuenta la persecución de la que era víctima Omar por parte de los oficiales de la Comisaría Segunda; dejó en manos de la propia institución policial -siendo un efectivo de esa fuerza el involucrado- no sólo las primeras actuaciones en el lugar del hecho como en la morgue que suelen ser vitales para la causa, sino también todo el resto de la instrucción. Debido a tantas irregularidades, la fiscal se apartó de la causa, no sin antes absolver al agente policial por considerar que había actuado en legítima defensa durante una supuesta situación de robo.
Te puede interesar: Carla Lacorte: “Hace veinte años sobreviví, hoy sigo luchando contra el gatillo fácil que no cesa”
Te puede interesar: Carla Lacorte: “Hace veinte años sobreviví, hoy sigo luchando contra el gatillo fácil que no cesa”
A partir de allí, Sandra comenzó a organizarse y conocer otros casos similares. Así conoció a Rosa Bru, madre de Miguel, asesinado por la misma policía y en la misma ciudad, en agosto de 1993. Presentándose como particular damnificado, logró reabrir la causa y sentar en el banquillo a Flores, sin participación del Ministerio Público Fiscal ya que no consideró elevar la causa a juicio. En marzo de 2017 se llevó adelante el juicio. Tras largas audiencias y decenas de testimonios el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 decidió absolver al policía considerando su accionar como “legítima defensa”.
Te puede interesar: Escandalosas declaraciones: Los acusados de matar al joven dijeron que los metieron presos por hacer bien su trabajo.
Te puede interesar: Escandalosas declaraciones: Los acusados de matar al joven dijeron que los metieron presos por hacer bien su trabajo.
La familia apeló el fallo y en febrero de 2018 la Sala V del Tribunal de Casación Penal confirmó la absolución de Flores dictado en primera instancia. En julio de 2020, la familia Cigarán presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense el cual fue rechazado, garantizando así la impunidad.
Walter Flores nunca fue detenido ni separado de la fuerza. Hoy camina libre por la ciudad.
Orden con balas
Julio López, Luciano Arruga, Santiago Maldonado, Facundo Castro, Diego Cagliero, Blas Correa y tantos otros casos que son reflejados en La Izquierda Diario, nos hablan de un hilo de continuidad en la política del gatillo fácil. La impunidad otorgada a los uniformados, desde mediados de los 90 a esta parte, como ocurre en la casi totalidad de los casos como el de Omar Cigarán y otros tipos de crímenes cometidos por las fuerzas represivas del Estado, habilita el avance del gatillo fácil y la violencia policial en las calles y en las comisarías a lo largo de las décadas.
Te puede interesar: Ratifican juicio oral y público a nueve policías por matar a Alejandro Martínez en San Clemente
Te puede interesar: Ratifican juicio oral y público a nueve policías por matar a Alejandro Martínez en San Clemente
La impunidad, en última instancia, es un aval de las distintas instituciones del Estado para que estas prácticas, al margen de la ley y "dentro de la ley" instituida de la que se sirven los gobiernos peronistas y de derecha para el control social, continúen sucediendo. Como en todos estos casos, la impunidad se interrumpe solo con la persistente lucha y movilización de familiares de las víctimas, junto a otras organizaciones que acompañan y potencian el reclamo de justicia.
Por eso Omar Cigarán está presente en el barrio Hipódromo, su barrio. Al pasar por la placita que está ubicada en diagonal 80 y 115, el mural con su rostro recuerda la persistente lucha de Sandra y tantos otros familiares por justicia para los pibes y pibas asesinadas por la policía.
A 10 años del crimen de Omar, el próximo 18 de febrero a las 15 horas en la Placita de lxs pibxs se llevará a cabo un festival antirrepresivo con la participación de familiares de víctimas del gatillo fácil, las desapariciones forzadas, las causas armadas y la represión en contexto de encierro.
A 10 AÑOS SIN OMAR, DECIMOS:
¡LA LUCHA CONTINÚA!
¡JUSTICIA POR OMAR Y POR TODXS LXS PIBXS ASESINADXS POR LAS FUERZAS REPRESIVAS DEL ESTADO!
¡NO ES VIOLENCIA INSTITUCIONAL, ES REPRESIÓN ESTATAL!
