Anuncios tras el pedido de fiscales de no alojar más detenidos en las Comisarías. Sólo el 10% de los presos trabaja en el penal. Denuncias de familiares, inauguración ´trucha´ y un nuevo incendio en el Instituto Roca.
Juan Lobo @CanisLupus1917
Viernes 11 de diciembre de 2015
En Tucumán continúan las novedades y medidas por la crisis carcelaria que se destapó con la horrible muerte de 2 jóvenes, tras un incendio en un destacamento de la Brigada de Investigaciones Norte. El hecho, ocurrido en junio de este año, motivó la presentación de un Habeas Corpus por parte de los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Avila. La muerte de Ariano Biza y Emanuel Gallardo causó una conmoción y puso al descubierto la regla que se repite en todas las comisarías y en el propio penal de Villa Urquiza: hacinamiento, maltrato, corrupción policial y vejaciones. Recordemos que los familiares denuncian que el personal de turno dejó morir a los jóvenes dejándolos encerrados durante el incendio, cuyo origen aún está en duda. La investigación avanza a paso de tortuga y no hay un solo efectivo imputado, por lo cual se supone que siguen cumpliendo funciones con total impunidad.
Sin derecho al trabajo
El supuesto rol resocializador que se les atribuye a las cárceles, es imposible en este marco donde las propias autoridades reconocen que “en la actualidad, el 90% de la población carcelaria, que tiene un total de 1.100 personas, no trabaja”. El propio ministro de Gobierno, Regino Amado, propone celebrar convenios con empresas privadas -¿mano de obra barata?- para que los presos puedan trabajar y en un particular sincericidio declaró sin tapujos: “Sabemos que el tiempo de ocio los lleva a pensar en cómo pueden fugarse, o si pueden o no drogarse. Esa es la realidad”. Tal como denuncian los familiares hasta el cansancio, la mayoría de los privados de su libertad tienen problemas graves de consumo compulsivo de drogas. Pero en la cárcel no sólo no reciben tratamiento alguno, por el contrario, el propio sistema penitenciario (o la guardia en las comisarías) se encargan de regentear el negocio de la venta de drogas a cambio de dinero o favores para la fuerza policial, tal como insinuó el propio mnistro de Gobierno manzurista.
El nuevo módulo en el Penal de Villa Urquiza: un anuncio mentiroso
Los fiscales de instrucción que habían solicitado no albergar más reclusos en las comisarías -a lo que el poder ejecutivo pidió un plazo que llega hasta los primeros meses del próximo año- pidieron directamente que 5 comisarías no alojen más detenidos. Son las comisarías de Yerba Buena (donde ocurrió la muerte de los jóvenes en Junio), Marti Coll y las seccionales 11°, 5° y 10°. No mencionaron nada de la recientemente inaugurada Comisaría 1°, con edificio nuevo y supuesto personal bilingüe para atender al turista, que también fue escenario de una protesta con quema de colchones. ¿Los motivos? Los de siempre: el hacinamiento y el intento de frenar otra represión de la nefasta Guardia de Infantería.
Tras el pedido de la Justicia, los detenidos deberían ser ubicados en la cárcel de Villa Urquiza, pero como esta carece de espacio se anunció con bombos y platillos la creación allí mismo de una nueva alcaidía para recibir a los detenidos. La constructora Tensolite, la empresa amiga del ex-gobernador Alperovich es la que salió “sorteada” para construir la nueva unidad. Es la misma empresa que construyó un puente de 11 millones que se vino abajo en las inundaciones de principio de año. Duró sólo un año.
El martes 2 de diciembre, como primera etapa de estas obras para alojar a los detenidos, se inauguró un “nuevo” módulo que permitirá alojar a 64 presos, construido con mano de obra -¿esclava?- de los reclusos. La pomposa inauguración contó con la presencia de autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial. Según el ministro Amado “no se descomprime la situación. Una nueva cárcel sería lo mejor. Mientras tanto, teniendo el espacio en Villa Urquiza, lo hacemos ahí”, manifestó tras reconocer que “es la primera vez que trabajamos de manera coordinada con el Poder Judicial”.
En diálogo con la prensa, familiares de los jóvenes fallecidos en Brigada Norte pusieron en alerta sobre la inauguración mentirosa: “ahora salieron con la inauguración del Anexo N° 6 del Penal de Villa Urquiza, es todo una farsa. Esa unidad ya existía, lo único que hicieron fue ´lavarle la cara´, cambiar el revoque, arreglar el techo y poner un par de cuchetas y ahí está como intentan tapar los agujeros del sistema penitenciario”.
Donde sí realizaron refacciones significativas fue en el destacamento donde murieron los jóvenes, para modificar la escena de los hechos: “Cuando la Gendarmería fue a hacer la reconstrucción del hecho, el Comisario Cuellar (jefe de la Brigada Norte) había remodelado el calabozo donde fue el incendio: pintó las paredes, modificó la celda y hasta pusieron una salida de emergencia, que al momento de la masacre nunca existió”.
Los familiares también denuncian que el comercio de estupefacientes en comisarías y cárceles esta manejado por la fuerza policial: “entre otros casos un guardia cárcel cayó con 900 kg de marihuana en la frontera con Santiago y al Director de las Unidades I y II, de apellido Pato, se le allanó la oficina incluso se demoraron en la puerta quizás para darle tiempo y encontraron marihuana y miles de pastillas”. Según la prensa local, en el hecho al que refieren los familiares se secuestraron 5.000 pastillas que iban a ser comercializadas dentro del penal. El Jefe Pato, aún investigado continúa como responsable al frente de las Unidades.
La Ley de las detenciones contravencionales
En medio de la crisis, un legislador oficialista, Marcelo Caponio, presentó un proyecto para paliar la situación en cárceles y comisarías sin una salida de fondo. El proyecto pide que “se suspendan las detenciones por contravenciones establecidas en la Ley 5.140 hasta tanto se determine con certeza dónde alojar a tales infractores en las condiciones adecuadas, revocándose a la Policía la atribución de detención de un ciudadano ante las infracciones reguladas por la norma”. Es realmente difícil pensar que se cumpla con la directiva, no tanto por la falta de espacios sino porque la Ley de Contravenciones –herencia de la dictadura- sirve para engordar la caja policial, teniendo en cuenta que según los cálculos de los fiscales que investigan la problemática, durante 14 días se detienen 90 personas por órdenes de un magistrado, mientras que las detenciones por cometer contravenciones se disparan, en el mismo lapso de 2 semanas, a 360 detenciones. Un negocio redondo.
Mientras tanto, la inhumana situación de los detenidos se mantiene como de costumbre y apenas hace un día, se produjo un nuevo “incidente” en el Instituto de Menores, Julio Argentino Roca, donde menores detenidos quemaron colchones y frazadas reclamando por sus condiciones de detención. Afortunadamente no hubo víctimas fatales.
