Se trata de ocho trabajadores de la empresa minera Inprolec que fueron condenados por violar el aislamiento social obligatorio cuando fueron a reclamar por más de 200 despidos en la empresa. La Justicia los condenó a seis meses de prisión en suspenso
Viernes 17 de abril de 2020 12:52
El pasado lunes, alrededor de treinta trabajadores de la empresa minera Inprolec se acercaron a la Casa de Gobierno de San Juan para denunciar 200 despidos en dicha empresa. Los trabajadores acudieron para que el gobierno provincial intercediera ante la empresa chilena y frenar los despidos.
Sin embargo, la respuesta del gobernador fue enviarles a la Infantería para dispersarlos. Los trabajadores se retiraron del lugar, pero ocho de ellos fueron detenidos en las inmediaciones. A través de un juicio abreviado, el juez Eduardo Raed los condenó este miércoles a seis meses de prisión en suspenso por violar la cuarentena.
La empresa, que realiza tareas eléctricas para Veladero, despidió a principios de esta semana por WhatsApp a los trabajadores, a pesar del DNU que prohibe los despidos en todo el país. Según informó el diario Tiempo de San Juan, también a través de WhatsApp la empresa había informado que no se pagarían las indemnizaciones hasta que se levante el aislamiento social obligatorio. Por este motivo fue que un grupo de trabajadores se acercaron a la Casa de Gobierno para que el Estado intercediera ante esta angustiante situación.
La condena a estos ocho trabajadores es un hecho gravísimo, ya que por decreto aplican el procedimiento sumarísimo de flagrancia al delito del Art 205. Por este mecanismo ya van más de 150 condenas, 34 de ellas con prisión efectiva, según denunciaron desde Correpi y son casi 50.000 las personas detenidas, demoradas o imputadas en todo el país según datos del propio Ministerio de Seguridad de la Nación.
En la provincia, al igual que en el resto del país, se siguen sucediendo los despidos y suspensiones en distintas empresas y son las familias trabajadoras quienes pagan la crisis social abierta con la pandemia del coronavirus. Para que no sean los trabajadores y sus familias quienes paguen la crisis, es necesario que se haga efectiva la prohibición de despidos. En lugar de dar una respuesta a los trabajadores y sus familias, el Gobierno de San Juan, persigue judicialmente a quienes intentan defender su derecho al trabajo en medio de la pandemia.
