El Diagnóstico Nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de libertad, dado a conocer por el subsecretario de Derechos Humanos, señala que siete de cada diez mujeres privadas de su libertad han sufrido tortura y tres de cada diez, tortura sexual.
Martes 28 de junio de 2022
Hasta noviembre del 2021 había en el país 12 mil 625 mujeres privadas de su libertad, las cuales se encuentran en 21 centros penitenciarios femeniles y en 124 mixtos. De todos los estados son Estado de México, Veracruz, Guerrero, Nuevo León y Chihuahua, en donde más casos de tortura se registraron.
Además, el estudio demuestra que el estrato social y económico es un factor de mayor vulnerabilidad frente a la posibilidad de ser víctima de tortura, pues el 62% de ellas contaba tan solo con educación básica y el 95% se dedicaban al trabajo deméstico y/o a estudiar antes de ser detenidas.
Otros datos señalan que el 68% de las víctimas de tortura tienen ente 20 y 39 años, 84% son madres, 73% eran madres de familia y 12% son mujeres indígenas.
A esto hay que sumarle otro tipo de irregularidades a la hora de su detención, que irónicamente, en nuestro país, en realidad es la forma regular en la que se dan las aprensiones, muestra de ello es que el 81% de las mujeres privadas de su libertad no fueron notificadas sobre sus derechos, el 65% no conoció la causa de su detención, y al 33% las llevaron al MP entre 4 y 24 horas después de haber sido detenidas.
Ahora bien, en cuanto a las autoridades que más cometen tortura hacia las reclusas, los primeros en la lista son los policías de investigación conformando el 40% de los casos, le siguen los policías municipales con un 20%, los estatales en un 16% y elementos de la SEDENA y la SEMAR en un 13%.
Sobre la causa de la privación de la libertad, el 25% es por secuestro, mientras que el homicidio representa el 20%, hay que recalcar que muchas veces este es el cargo penal que se le imputa a las mujeres presas por abortar, al igual que el de delitos contra la salud que conforma el 11.4%. El delito de secuestro conforma el 25%, el de fraude el 3%, mientras que el delito menor de robo conforma el 13%.
Este informe fue realizado por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el 2018 responsabilizó al Estado mexicano por la violencia que sufrieron 11 mujeres que denunciaron haber sido víctimas de abuso y tortura sexual en la brutal represión del 2005 en Atenco, ordenada por el entonces gobernador del Estado de México, Peña Nieto.
Sin embargo, no solo no se ha hecho justicia para las mujeres de Atenco después de la resolución de la Corte, sino que la tortura sexual, la tortura en general y la vulneración de derechos es el pan de cada día para las mujeres privadas de su libertad.
Sobra decir, que está más que comprobado que el sistema penitenciario y las cárceles de ninguna manera resuelven el problema de violencia e inseguridad ni ayudan a “enfrentar la delincuencia”, pues en realidad opera para criminalizar y apresar a los sectores pobres y trabajadores hayan o no cometido el crimen que se les imputa, hayan o no tenido una condena y sin importar si esta es por robar comida por necesidad o por un delito mayor, como desarrollamos en esta nota.
En el caso de las mujeres la situación es aún más grave pues a las irregularidades y maltratos se suma la violencia sexual, aunque en ocasiones también es dirigida hacia los hombres recluidos.
