Tribuna Abierta. De curas pedófilos y legisladores chupacirios

Ilustración: Andrés Casciani

En sus sermones y homilías dominicales, henchidos de soteriología y demonología, prometen el cielo y amenazan con el infierno. Pero en la cotidianeidad, con sus actos de corrupción y depravación, espantan al cielo y hacen de la tierra un infierno anticipado. Desde el púlpito, predican la virtud y condenan el pecado. Pero en las sombras de sus madrigueras mancillan todo lo que enseñan, y practican todo lo que reprueban. La doble moral y la doble vida son las dos notas distintivas de su oscuro ethos corvino.

Primero fue el escándalo de Monte Comán, San Rafael, en las últimas semanas del invierno. A raíz de una denuncia de la DINAF, el sacerdote Fernando Yáñez fue procesado por abuso sexual agravado contra dos adolescentes del hogar San Luis Gonzaga, una institución dependiente de la Provincia que el imputado dirige desde hace años. Habiendo luego conseguido la libertad bajo fianza, Yáñez retornó como si nada a sus actividades de gestión al frente de dicho establecimiento. "Uno está rodeado de varones y necesita cariño", alegó con desvergüenza el cura, cebado en la impunidad que le prodigan de consuno la Iglesia y el Estado. Sin palabras… El video de su sincericidio se viralizó en Internet, a caballo de la indignación popular.

Luego se destapó la olla del Instituto Próvolo, un internado para niños y adolescentes hipoacúsicos de Carrodilla, Luján de Cuyo, dependiente del Arzobispado de Mendoza. Dos clérigos y tres civiles fueron arrestados a fines de noviembre, acusados de haber perpetrado (durante no menos de nueve años) toda clase de abusos y estupros contra varias personas menores de edad, de ambos sexos. Uno de los curas imputados, el italiano octogenario Nicola Corradi, posee un profuso prontuario de pederasta serial en su patria, más precisamente en Verona, ciudad donde el Próvolo también cuenta con un internado.

Menos de una semana después fue noticia también, por enésima vez, el siniestro Instituto del Verbo Erncarnado (IVE) con sede en San Rafael, una secta fundamentalista y ultraderechista del catolicismo preconciliar cuyos frondosos antecedentes en pedofilia eclesiástica y otros rubros no menos inquietantes (guerra «santa» contra el matrimonio igualitario, ocultamiento de militares represores prófugos de la justicia, manipulación y fanatización de adeptos, cruzada contra la laicidad escolar, oposición a la enseñanza de la teoría de la evolución, apología de la Conquista, reclamos de censura contra el arte «obsceno», etc.) aquí es imposible detallar por falta de espacio. Ex seminaristas del IVE han hecho graves denuncias contra el sacerdote ultramontano Carlos Buela, acusándolo de abuso sexual, tormentos y otros vejámenes ante la justicia, atrocidades que comenzaron cuando las víctimas eran apenas infantes, y que se prolongaron durante muchos años de seclusión. ¿Dónde está Buela? ¿Purgando sus crímenes en una penitenciaría argentina, acaso? ¡En absoluto! El papa Francisco, compadeciéndose de su sexopatía, le permitió que se retirase a un monasterio de España: la apacible abadía cisterciense de San Isidro de Dueñas, en el corazón de la pintoresca meseta castellana.

Recuérdese que esta ola de escándalos que sacude al clero mendocino tuvo hace unos años una anticipación de alto impacto público en el caso Iván, aquel joven de San Martín que, habiendo sido víctima de abuso sexual en su parroquia, demandó a la Arquidiócesis de Mendoza por negarle información sobre el paradero del clérigo abusador y otros datos cruciales de la investigación canónica. El pleito fue duro y prolongado, pero finalmente prevaleció la justicia: en 2014, la Suprema Corte de Mendoza falló a favor de Iván y en contra del Arzobispado. Felizmente, la ética humanista de los derechos humanos primó sobre el oscurantismo leguleyo del ius canonicum.

Todos los episodios truculentos de pedofilia eclesiástica antes mencionados tienen un denominador común: el de una Iglesia católica que ha hecho del encubrimiento y la lenidad, del apañamiento y la indulgencia, un verdadero modus operandi. Y no sólo en Mendoza y Argentina, sino en todo el mundo. Solamente en Irlanda, por ej., se han documentado más de 35 mil casos de violaciones y abusos sexuales por parte del clero. En Italia, Polonia y los Estados Unidos también se han registrado innumerables casos, igual que en muchos países latinoamericanos.

¿Cuál es ese modus operandi de la Iglesia en relación al flagelo de la pedofilia sacerdotal? Ante todo, si todavía se está a tiempo, trasladar con discreción al clérigo pederasta a algún destino lejano donde pueda «volver a vivir en paz», sin ser «hostigado» o «molestado» (como pasó con Buela). En segundo lugar, autovictimizarse aduciendo que la institución sufre una campaña de desprestigio orquestada por grupúsculos ateos y cristianófobos extremistas. En tercer lugar, minimizar el fenómeno de los curas pedófilos como un puñado de casos aislados en vez de asumirlo como un problema estructural, claramente asociado a la moral represiva y contra natura del tándem celibato-castidad. En cuarto lugar, dar a conocer algún comunicado de contrición hipócrita pour la galerie, que no resuelve absolutamente nada y que sólo busca calmar los ánimos con frases sensibleras y falacias ad misericordiam. Y en último lugar, pero no menos importante, ponerle palos en la rueda al accionar de la justicia civil (por ej., retaceando información clave como en el caso Iván).

Sobre los jerarcas de la Iglesia católica (sumo pontífice, cardenales, arzobispos, obispos, superiores generales de órdenes y congregaciones, etc.) recae la responsabilidad, si no penal al menos política, de todas las violaciones, estupros y abusos sexuales perpetrados dentro de la institución, puesto que estando en sus manos los resortes que podrían remediar el problema, o al menos mitigarlo, optan en cambio por hacer la vista gorda, cuando no directamente arbitran medidas tendientes a encubrir o apañar a los subalternos pedófilos. En toda organización jerárquica las autoridades son siempre responsables (como mínimo políticamente) de los crímenes cometidos puertas adentro. Pero en una institución monárquica tan centralista y verticalista como la Iglesia católica, epítome del despotismo teocrático y la obediencia ciega, esa responsabilidad política resulta mucho mayor. Es hora, pues, de que el papa y los demás jerarcas con sotana se hagan cargo de los horrores que día a día se suceden dentro de una Sancta Mater Ecclesia que de santa y maternal sólo le queda el apodo.

Pero la ola de pedofilia clerical que tanto preocupa e indigna al pueblo de Mendoza tiene otro responsable más, aparte de la jerarquía eclesiástica: la partidocracia. Vivimos en una provincia donde la laicidad es letra muerta gracias a la complicidad (por acción u omisión) de gobernantes, burócratas, legisladores, jueces y fiscales de casi todos los colores políticos: UCR, Partido Demócrata, PRO, Frente para la Victoria, peronismo «renovador» y otros esperpentos de una república que traiciona a cada paso lo que su semántica y etimología proclaman: res publica, «cosa pública». Sin ir más lejos, la DGE y la Suprema Corte provincial sellaron un contubernio para defender a capa y espada los actos del Patrono Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo en las escuelas estatales, conculcando de modo flagrante el derecho a una educación pública laica garantizado tanto por la Constitución de Mendoza (art. 212, inc. 1) como por la ley provincial de educación (art. 4, inc. c).

No habría tantos casos de pedofilia eclesiástica si Argentina hubiese completado su proceso de separación entre Iglesia y Estado. La promiscuidad jurídica y fáctica que existe entre estas dos instituciones, y que hacen de la primera una suerte de enclave similar a las corporaciones del Antiguo Régimen (financiamiento fiscal del culto católico, vigencia del Concordato con el Vaticano firmado por el dictador Onganía, privilegio de personería pública a la Iglesia católica ratificado en el nuevo Código Civil y Comercial, supervivencia del fuero eclesiástico, tolerancia gubernamental ante el secreto pontificio y otras prescripciones del derecho canónico reñidas con el debido proceso, etc.), son el gran caldo de cultivo dentro del cual las violaciones, los estupros y los abusos sexuales por parte del clero se renuevan año tras año, desde hace décadas, con absoluta impunidad.

La prensa ha informado que el arzobispo de Mendoza Carlos María Franzini se habría rehusado a presentarse en la Legislatura para ser interrogado por los representantes del pueblo y dar explicaciones. Trascendió también que Franzini, a través de sus lobistas, habría concertado entre bambalinas una entrevista confidencial «menos hostil» en la sede del Arzobispado, ante una comisión bicameral ad hoc integrada por legisladores «afines a la Iglesia» de todas las bancadas, salvo la del FIT, que repudió este proceder parlamentario tan reñido con la ética republicana.

No hubo, pues, ninguna rendición de cuentas del prelado ante la Legislatura, como correspondía y muchos ansiábamos. ¿Qué hubo entonces el martes 6 por la mañana? Una farsa. ¿Cuál farsa? La de una cortés visita de legisladores obsecuentes a la Arquidiócesis de Mendoza para «platicar» con Franzini, ahorrándole así la fatiga de tener que dirigirse hasta la Legislatura como cualquier ciudadano de a pie, y evitándole además (y por sobre todas las cosas) el mal trago de ser interrogado en público. Lo importante no era esclarecer la verdad en beneficio de las víctimas y sus familiares, sino proteger la investidura del gran Monseñor. ¿La coartada? Paupérrima y falaz: que el Estado provincial es cartón pintado, y que jamás podría citar e inquirir al arzobispo, por ser ésta una prerrogativa exclusiva del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación… La mendacidad de algunos políticos mendocinos no tiene límites. Como bien ha explicado el constitucionalista Carlos Lombardi (UNCuyo), Franzini no es un nuncio apostólico. Es sólo el arzobispo de Mendoza. No hay ninguna razón jurídica o ética por la cual la Legislatura no pueda citar e interrogar al prelado, pues éste es un ciudadano argentino como cualquier otro, un comprovinciano más y no un embajador del Vaticano con inmunidad diplomática.

El legislador peronista Omar Benegas admitió con franqueza: "Pedimos una audiencia para escuchar al Arzobispo". "Vamos más a escuchar que a hablar". "Nos interesa desde el punto de vista pedagógico cómo va a seguir". "Es un gesto el hecho de ir". Fue sincero, sin dudas. Pero también rastrero. Se ha ganado un lugar en el hall de la fama de los chupacirios, con todos los pares que lo acompañaron, radicales incluidos.

Complicidad, obsecuencia, genuflexión, connivencia, pleitesía, sumisión, contubernio, servilismo, claudicación, cobardía, confabulación, pusilanimidad, postración, entreguismo... No hay palabras para describir la infamia de nuestra partidocracia menduca. Uno de sus exponentes es Tadeo García Zalazar, que alguna vez la jugó de progresista, pero que ahora, devenido intendente de Godoy Cruz, suele hacer ondear en Puente Olive, dentro del ostentoso santuario mariano que construyó su predecesor (Cornejo), la bandera blanca y amarilla del Vaticano con las llaves de San Pedro y la tiara papal, como si la comuna mendocina que gobierna no fuese parte de la República Argentina, sino un señorío temporal del pontífice romano que él hubiese recibido en vasallaje.

Acuden a mi memoria, en este preciso instante, muchos nombres ilustres de nuestro pasado provincial: el gobernador Nicolás Villanueva, que en 1867 se ganó la excomunión por propiciar la secularización del registro civil, y que no dudó en ordenar el encarcelamiento del vicario capitular de Cuyo cuando éste se puso al frente de un movimiento sedicioso contra el avance de la laicidad; los mandatarios liberales Arístides Villanueva y Francisco Civit, que en el decenio de 1870 bregaron por la supresión del régimen de capellanías, desatando una feroz oposición en las filas del clero; Emilio Civit y todas sus batallas por la laicidad educativa y la separación entre Iglesia y Estado, compromiso que algunos hoy se empeñan en ocultar; el socialista Benito Marianetti y su defensa del laicismo escolar en tantos debates parlamentarios de la Década Infame; el juez masón José Flor Alvarado y su valiente apoyo a la ley peronista de divorcio vincular del 54… Todos estos políticos mendocinos, más allá de sus divergencias ideológicas, tuvieron algo importante en común: sostener con coraje y convicción, contra viento y marea, la causa pública del laicismo. Su firmeza hoy se echa de menos, puesto que abundan los politicastros radicales, peronistas y gansos que agachan la cabeza ante el establishment clerical, dispensándole todo tipo de lisonjas y favores.

En su comunicado de repudio, de cuya redacción participé, el Encuentro Laicista de Mendoza (ELM) manifestó que "lo menos que podía hacer" Franzini era "presentarse con ánimo humilde y solícito ante la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, a los efectos de responder todas las preguntas que se le hicieran y dar las explicaciones que le fueran requeridas", puesto que "la República Argentina no es un feudo del Vaticano, y los clérigos que residen en ella no están eximidos de las obligaciones que le caben al resto de la ciudadanía". El ELM repudió también "la decisión parlamentaria […] de enviar una comisión bicameral al Arzobispado para «escuchar» a Franzini, como si éste fuese un virrey de la Colonia al que se le debe pleitesía", acotando que "quienes tienen la elevada misión y dignidad de representar al pueblo de Mendoza en la casa de las leyes, jamás debieran proceder con obsecuencia, genuflexión y servilismo ante un poder fáctico hostil a la democracia y la laicidad, que desde hace décadas protege y cobija individuos que han perpetrado crímenes sexuales aberrantes contra personas indefensas menores de edad". El comunicado concluye con esta reflexión: "hoy más que nunca se hace evidente la necesidad de completar el proceso de separación entre Iglesia y Estado, que quedara trunco a fines del siglo XIX. El flagelo de la pedofilia eclesiástica no se acabará mientras la Iglesia católica conserve su estatus anacrónico de corporación privilegiada del Antiguo Régimen, y goce de tanta impunidad ante los poderes públicos de la República". Ojalá otras organizaciones mendocinas alcen su voz en defensa del laicismo. La hora lo demanda.

Padres Autoconvocados de Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad; la Red de Sobrevivientes del Abuso Eclesiástico; la asociación de derechos humanos Xumec y otras entidades que luchan contra la pedofilia eclesiástica se presentarán este miércoles 7 por la tarde en la Legislatura, en el marco de una audiencia pública convocada por legisladores del FIT. Harán oír su voz, esa voz que la partidocracia se empeña en ningunear. Reclaman justicia, y la razón está de su lado. Ojalá estas organizaciones no gubernamentales apoyen la causa del Estado laico por la que el ELM viene batallando desde hace años.

Hay que barrer de una vez con todos los privilegios corporativos que hacen de la Iglesia un auténtico Estado dentro de otro Estado. Urge derogar el art. 2 de la Constitución Nacional, que impone al tesoro federal la pesada carga del financiamiento del culto católico, que incluye sueldos y jubilaciones de clérigos, becas a seminaristas y otras varias prebendas. Urge revocarle a la Iglesia católica la personería pública y la inembargabilidad de bienes que el nuevo Código Civil y Comercial le ratificó en tiempos del kirchnerismo, beneficios exorbitantes que ninguna otra institución religiosa detenta. Urge también desmantelar todo el andamiaje de subsidios a los colegios privados confesionales, una de las peores sangrías que afectan al erario. Urge garantizar explícitamente la laicidad escolar en la legislación educativa de órbita nacional, donde su ausencia (o presencia tácita) ha dado pábulo a todo tipo de atropellos confesionalistas, como en la Salta ultramontana de Urtubey, donde se enseña religión católica en los establecimientos estatales como una asignatura más del currículum. Urge asimismo, en el caso específico de Mendoza, eliminar del calendario de la DGE los actos conmemorativos del Patrono Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo, en conformidad con la Constitución y ley de educación provinciales, que así lo estipulan expresamente. Y urge además, por último, no lo olvidemos, denunciar en sede internacional el nefando Concordato que nos dejó como herencia el Onganiato, pilar del fuero eclesiástico que tanto entorpece la labor de la justicia ordinaria en los casos de pedofilia sacerdotal, con su consabido corolario: la impunidad.

En síntesis, lo que se necesita con premura es laicizar a pleno la República Argentina, llevando a su culminación (como en Francia y Uruguay) la demorada separación entre Iglesia y Estado. Hasta que eso no ocurra, hasta que el wall of separation jeffersoniano no sea completado, escándalos como los del Próvolo y el IVE se seguirán repitiendo cíclicamente, para tragedia de nuestra provincia y nuestro país.