CÓRDOBA/EDITORIAL. De privilegiados, pandemias y recortes estatales

Otra vez los jubilados y la grieta

Se cerró una nueva semana de cuarentena. El viernes cerró consigo una jornada de furia nacional por la exposición ante la que quedaron los jubilados y jubiladas, obligados por los bancos y el Gobierno a realizar interminables filas para cobrar una miseria. El Gobierno nacional sufrió un duro golpe y evaluaba si era necesario hacer saltar algún fusible ministerial. La oposición patronal que ajustó a los mismos jubilados en 2017, tronaba cínicamente desde las redes sociales, buscando golpear para reabrir la famosa grieta. La buena imagen con la que venía Fernández erigiéndose como "el gran gestor de la crisis", sufrió un traspié que los opositores de Cambiemos quisieron aprovechar.

Esta disputa que se cuece por arriba, con una oposición que trataba de no quedar diluida frente a la ola de aprobación que cosechaba el presidente hasta ayer, tuvo algunos caceroleos, principalmente en barrios acomodados de la ciudad de Buenos Aires. Si bien en Córdoba, el tintineo tuvo poco eco, las repercusiones del ajuste a los sueldos de los políticos con hashtag de ocasión, se hicieron sentir.

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Schiaretti, el equilibrista

Fue entonces cuando el gobierno de Schiaretti dejó trascender, a través de la ministra de Coordinación, Silvina Rivero, que la provincia planifica recortar salarios de empleados estatales y los funcionarios políticos cuando finalice el mes de abril.

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La medida posee dos componentes que la explican. En primer lugar, responde a una base política que votó en las ultimas elecciones casi en la misma proporción a Schiaretti como gobernador y a Cambiemos para la presidencia. Expresa así, una respuesta del gobernador del PJ a los sectores medios y empresariales que salieron a cruzar al presidente Fernández por sus declaraciones sobre los empresarios como Paolo Rocca, a quienes trató de “miserables” realizar despidos en medio de la pandemia.

Pero también esta medida de recorte se entiende porque Schiaretti, así como toda el ala cambiemita local, se hacen eco de la genuina bronca que generan las dietas de privilegio de la casta política (que desde el Frente de Izquierda hemos denunciado con insistencia), pero para darle un giro y desviar la atención pública sobre la crisis sanitaria, económica y social que dejó expuesta la pandemia.

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La justicia no es ciega

El poder judicial, sabiéndose blanco directo de las críticas, anunció que crearía un fondo “solidario” a través de la Asociación de Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial de la Provincia. Vana ilusión la de quien creyera que les recortarían sus privilegios, porque lo recaudado para aportar al combate de la pandemia es de un millón de pesos. Para gente como los 7 miembros del TSJ que perciben arriba de 500 mil pesos por mes cada uno, es una reverenda miseria. Para el resto de los 2385 magistrados y funcionarios en actividad que tiene sueldos en bruto de 247 mil pesos promedio, también.

Recuerden, lectores, por si esto les resulta poco, que además ninguno de ellos paga impuesto a las ganancias y sus cargos son vitalicios. El riesgo para la salud y la vida de las mayorías de la población no toca la puerta de sus avaras conciencias. Seguramente sus funcionarios se atienden en las mejores clínicas privadas.

Crisis de arrastre

Mientras tanto, el sistema sanitario provincial viene de sufrir años de emergencia porque la crisis del sistema de salud tuvo como principal beneficiaria a los efectores privados (clínicas y medicina prepaga) que convirtieron a la salud en derecho y beneficio de unos pocos privilegiados, mientras el 40% de la población (con trabajos precarios y sin obra social) se atiende en el sistema público de la provincia. Que sigan sin unificarse la salud privada y pública en un sistema único estatal gestionado por trabajadores muestra la irracionalidad de seguir lucrando con la salud.

Pero esto no es una novedad: como deja al descubierto la crisis provocada por el COVID-19, la principal víctima han sido los sistemas sanitarios a lo largo y ancho del mundo, como muestran los brutales ejemplos de Italia, el Estado Español, o el mismísimo imperialismo estadounidense.

Décadas y décadas de neoliberalismo y desmantelamiento estatal crujen ante el virus dejando tendales de muertos. La desbocada carrera por acaparar respiradores mecánicos, alcohol, barbijos, batas; montar hospitales de emergencia en todo el país y contratar personal médico para “fortalecer” el sistema sanitario es la mayor confesión del estado crítico en que se encuentra el sistema que debe proveer del derecho básico a la asistencia médica cotidianamente a enormes sectores de la población.

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Que más del 40% de la población esté por debajo de la línea de pobreza, que un 7% sea indigente es parte de las preocupaciones de Fernández, Schiaretti, Llaryora y sus funcionarios. Si el virus actúa con mayor letalidad sobre las personas cuyo sistema inmune está debilitado, ¿cuál será el efecto de la improvisación estatal que expuso a nuestros abuelos y abuelas? ¿Qué puede esperarse si una de esas inmensas barriadas del conurbano o de los “barrios ciudad” cordobeses fuese epicentro del contagio? ¿Cómo contener el avance de la enfermedad en niños con problemas de nutrición, asma, bronquiolitis como miles de niños y adolescentes de las grandes barriadas sin recursos elementales como el agua potable o cloacas? ¿Qué ocurre si el virus llega a esas casi 60 mil personas que viven completamente hacinadas?

Privilegios y peligros

La consigna con la que oportunamente se embandera la oposición cambiemita, así como el gobernador de la provincia, para que los funcionarios y funcionarias reduzcan sus dietas, busca canalizar la bronca y desesperación de estos millones de personas frente al abandono estatal de sus más acuciantes necesidades, entre las que se cuenta la salud, la vivienda, un trabajo que no sea esa absoluta precariedad de vivir en el día a día, que amarga el transcurrir de esta cuarentena.

Pero además, tiene otro objetivo, ante el que Schiaretti jamás ha cejado en ninguno de sus mandatos: atacar las condiciones laborales de aquellos trabajadores y trabajadoras que con sus luchas históricas y con su resistencia pudieron conservar salarios que le pelearan a la inflación; trabajos donde se respetaran sus derechos a licencia, vacaciones pagas, antigüedad, capacitación, esos sectores de la clase trabajadora a quienes les encanta llamar “privilegiados”; como si las dietas de más de 250 mil pesos brutos que cobra un gobernador, legislador o intendente, no fuesen el verdadero privilegio de esa casta que hace de la política un negocio.

La pandemia del coronavirus no cae como rayo en cielo sereno; se presenta en medio de una recesión mundial, cuyo escenario nacional no es promisorio. La OIT anuncia que podrían perderse millones de empleos a nivel mundial. Los gurús económicos predicen una caída en la economía por encima del 6% para nuestro país y la caída de más de 15 meses en la recaudación provincial (que se agrava con el parate económico de la cuarentena), prende alarmas en el Gobierno provincial. A esto se agregan los importantes vencimientos de la deuda a futuro (2021). El Gobierno de la ciudad presenta similar escenario. Hay analistas que se animan a anticipar un posible regreso de las cuasimonedas.

Los despidos ya arrecian para los millones que trabajan en la precariedad y la informalidad como el personal de PAICOR, monotributistas, contratados, becarios, por no hablar de quienes directamente fueron echados “en negro”, del mismo modo en que trabajaban.

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La crisis sanitaria en curso, completa el combo

Así, la sintomática pugna entre el Gobierno nacional y Techint por los 1450 despidos de la firma, enmarca una disputa en curso. La reedición de “la grieta” también. En las alturas se discute quiénes pagarán esta crisis y Schiaretti pretende que la crisis la paguen los y las trabajadoras estatales. Están tanteando el terreno.

No hubo mención alguna a que el dinero para pagar los fondos que fortalezcan el sistema de salud salgan de impuestos a los grandes capitalistas que vienen amasando fortunas como ARCOR, las multinacionales automotrices, el agronegocio, los desarrollistas urbanos o las grandes superficies comerciales que están facturando “más que en las Navidad”. No se le ocurrió decir que va a eliminar las eximiciones impositivas que le ahorran a la Iglesia católica millones de pesos mensuales por sus inmuebles liberados de pagar cánones y tasas.

Tampoco se le cayó de la boca que el sistema bancario, responsable del caos del viernes, sea quien haga el “esfuerzo” para asistir a los contagiados por el COVID-19, dengue o sarampión.

La clase trabajadora

Pero a buen entendedor, pocas palabras, y las burocracias sindicales presionadas por la bronca de las bases, salieron a repudiar los dichos del gobernador. El sindicato docente de UEPC, se apuró a cerrar -sin consulta- una paritaria que había quedado congelada por el inicio de la cuarentena y era rechazada por toda la docencia provincial; Monserrat aprovechó la oportunidad para cerrar por arriba lo que cuestionaba el abajo, y evitar sorpresas de cualquier tipo.

El sindicato que nuclea al personal jerárquico rechazó categóricamente el anuncio y la CGT dirigida por el ultraoficialista y odiado, José “Pepe” Pihen, sacó un comunicado que además de plantear el rechazo al recorte, señalaba tímidamente que “llama la atención la ausencia de iniciativas que pudieran afectar a sectores económico-sociales que claramente pueden realizar aportes superiores para la atención de la Emergencia”. Eso sí, todos le hacen el aguante al gobierno avalando su convocatoria a cubrir puestos administrativos y del sistema de salud con “voluntarios”.

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El Frente de Izquierda propone hace rato que todos los funcionarios cobren como una maestra o un trabajador medio y exigimos que nuestros proyectos (que hasta ahora durmieron en los cajones) sean aprobados.

Pero además, sostenemos que son los grandes capitalistas quienes deben resignar sus ganancias para aportar a resolver la crisis a través de impuestos progresivos que graven sus fortunas. Solo con el 3% las ganancias de los principales grupos económicos del país y la provincia mientras dure la emergencia, se podrían satisfacer las necesidades básicas de jubilados, desempleados, trabajadores informales. Para estos sectores se trata de resignar ganancias, para los miles de precarios, se libra la posibilidad de comer o no, de saber cómo y dónde vivirán en los próximos meses.

De afectar esas ganancias saldrían los recursos para que nadie quede sin cobrar un salario de de 30 mil pesos como mínimo; para que los planes de emergencia contra la violencia machista que recrudecen ante el “aislamiento social” se ejecuten con presupuesto; para que todos los médicos, enfermeros y especialistas contratados cobren un salario igual a la canasta familiar y tengan todos los insumos necesarios en su batalla desde la primera línea contra la pandemia, además de los test que los protejan, así como a sus familias y demás pacientes, de ser ellos quienes propaguen el virus.

Hoy, hay miles de familias trabajadoras que dependen de esos salarios en blanco que a los gobiernos llaman “de privilegio”, de los sueldos de empleados “jerárquicos” como los de las directoras de escuela, directores de área que trabajado años y años y hoy tienen la suerte de no caerse debajo de la línea de pobreza.

El resto del núcleo familiar, son esos 300 mil trabajadores precarizados de comercios, servicios o la construcción, donde las patronales han avanzado con despidos y recortes salariales, como venimos reflejando desde La Izquierda Diario. Su futuro inmediato es incierto porque ni siquiera le llegan los escasos 10 mil pesos del Gobierno nacional y la prohibición de despidos no los registra. Son la base de este sistema que se construyó sobre condiciones laborales degradadas que afecta particularmente a la juventud y las mujeres. Es el sector a los que las cúpulas sindicales han dejado a su suerte.

Son la contracara de quienes siguen enriqueciéndose aún bajo la pandemia. Por eso, la organización y coordinación de estos miles de trabajadores y trabajadoras se vuelve imprescindible para enfrentar los ataques patronales. Para los y las revolucionarias que enfrentamos la miseria que nos quieren imponer, la organización en los grandes sindicatos a través del desarrollo de agrupaciones clasistasque peleen por la unidad entre trabajadores precarios y en blanco, ocupados y desocupados, es vital.

Combatir la consciencia corporativa de quienes tienen mejores condiciones y la división que alimentan los dirigentes sindicales, es una tarea imprescindible. El ejemplo de la agrupación Docentes D-Base uniéndose a trabajadoras precarizadas de los comedores escolares, señala una perspectiva a desarrollar con todo para evitar que una vez más la crisis se descargue sobre las espaldas del pueblo trabajador. Que esta vez la “solidaridad” (impuesta por nuestra fuerza), la practiquen los patrones.