NARCOTRÁFICO O LEGALIZACIÓN. Debate presidencial: ¿qué dijeron los candidatos sobre narcotráfico y legalización de la marihuana?

Este domingo, durante el debate presidencial, en el bloque sobre seguridad, como en el resto de los ejes del debate, se escucharon mentiras y verdades. Algunos de los candidatos se refirieron al narcotráfico, al aumento del consumo de drogas y hasta la legalización de la marihuana. ¿Qué dijeron sobre estos temas Mauricio Macri, Alberto Fernández y Nicolás del Caño?

El candidato del FIT-Unidad Nicolás del Caño, señaló que muchos miembros de las fuerzas de seguridad formaron parte de la última dictadura militar y apuntó contra la ministra Patricia Bullrich. “Es responsable política de las represiones que terminaron con las muertes de Maldonado y Nahuel”. También apuntó contra Pichetto: “Quiere igualar a Micky Vainilla” y a Sergio Massa por proponer la baja de edad de imputabilidad.

Sobre la supuesta lucha contra el narcotráfico Del Caño planteó: “El fiscal Federico Delgado informó que el 65 % de las causas de las que tiene a cargo son para perseguir a pibes y pibas por consumo de drogas. La ilegalidad es el negocio de los narcos. Por eso nosotros proponemos la legalización integral de la marihuana para terminar con la persecución de muchas pibas y de muchos pibes. Terminar también con la persecución de los autocultivadores, ya sea para consumo recreativo o para uso medicinal”.

En tanto Mauricio Macri defendió la mano dura y le respondió a Nicolás del caño sobre el crimen de Santiago Maldonado y sostuvo que fue utilizado para atacar a “una institución que es muy reconocida por su labor en la lucha contra el narcotráfico y por eso estamos batiendo récord en la incautación de las drogas”.

Además, acusó al gobierno anterior por el avance del narcotráfico y afirmó “nosotros no transamos con la droga... combatimos al narcotráfico”.

A su turno Alberto Fernández le respondió a Macri y afirmó “a mí me preocupa como a usted el narcotráfico, porque en Argentina llegó para instalarse con la forma de crimen organizado, pero lo que más me preocupa..., que el consumo de droga y el consumo de marihuana ha aumentado en estos años, eso quiere decir que el negocio está proliferando, vamos a tratar el tema con menos marketing y más seriedad” y finalizó denunciando al gobierno de Macri “Presidente, tenemos que ser serio, el presupuesto de seguridad, en relación al presupuesto 2015, cayó en términos reales el 38 %, no aumentó”.

Mentiras y verdades que pronunciaron los candidatos

Alberto Fernández utilizó un discurso “progre”, para concluir con una política de derecha. Durante el segmento de seguridad sostuvo que “es más fácil hablar de mano dura, pero el problema está directamente vinculado a la desigualdad”. Algo muy discutido entre especialistas que abordan el tema de inseguridad, que sostienen que no es la pobreza la promotora de actos criminales. Además, como sostuvo Del caño, son las fuerzas de seguridad las que están involucradas en el gran delito, como el narcotráfico y la trata de personas.

Al mismo tiempo, Fernández denunció al gobierno de Macri por el bajo presupuesto para seguridad, y agregó que la política de contra la lucha es puro marketing, porque aumentó el consumo.

No hay duda que la política de Cambiemos sobre la “lucha” contra el narcotráfico, es puro marketing, y que lo utilizan principalmente para criminalizar a la juventud y para ejercer el control social. Pero ¿es cierta lo que plantea Alberto Fernández, que el aumento del consumo es un indicador de la penetración de organizaciones narcotraficantes?

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Entre los especialistas en la materia, si bien no hay una posición única de cómo evaluar los resultados positivos sobre la lucha contra el narcotráfico, la mayoría resaltan que no es el consumo un indicador, sino el precio de la sustancia.

Tobías Schleider, especialista en Seguridad de la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Nacional de Mar del Plata, sostiene que “el aumento del consumo no es necesariamente un indicador de más droga circulante. Pero sí es claro que hay una doble falla: en las políticas de salud para prevenir adicciones y en las de seguridad que pretenden reducir consumos problemáticos criminalizando a los usuarios”.

Para Luciana Pol, investigadora y miembro del Equipo de Política Internacional del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (CELS), sobre la lucha contra el narcotráfico sostiene: "Sólo si se ha bajado la oferta, se aumenta el precio, estaríamos hablando del mercado de drogas”.

Analizar con datos el mercado de las drogas, que circula en la ilegalidad, no es una tarea fácil. Lo que se ha registrado, en el consumo recreativo, “es un crecimiento del mercado de drogas sintéticas y a mayor circulación mayor es la posibilidad de incautaciones”, explicó Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia (CELIV). La ilegalidad de estas sustancias, que muchas veces son adulteradas, ha llevado a la muerte de jóvenes que la consumen. Por esto es importante que mientras estén prohibidas, los gobiernos implementen políticas de disminución de daños.

Durante el gobierno de Macri, entre los años 2016 al 2018 se iniciaron 30.185 causas por tenencia simple, o por cultivar. Según un estudio realizado por la ONG Reset, por estas causas el Estado Nacional, a través del Ministerio Público Fiscal, “gastó aproximadamente 2.400 millones de pesos, unos 122 millones de dólares, más de 40 millones de dólares por año”. Este dato no comprende los costos en las justicias provinciales.

Asimismo, el Observatorio Argentino de Drogas (OAD), dependiente de la SEDRONAR, advirtió que el 95 % del presupuesto destinado a políticas de drogas, se usan para la "lucha" contra el narcotráfico y solo el 5 % se destina al tratamiento para las personas que tienen un consumo problemático.

Sin embargo, el gobierno utiliza al aumento de las detenciones por drogas como indicador de una política eficaz contra el narcotráfico. Muy pocas de las causas que se abren por infracción a la ley 23.737, son elevadas a juicio.

En nombre de “la lucha contra el narcotráfico” el Gobierno de Cambiemos está librando una guerra contra los pobres, sin tocar el negocio criminal de los narcotraficantes.

Nicolás del Caño, no sólo planteó la legalización de la marihuana en este último debate presidencial. En mayo de 2016, junto a Myriam Bregman, presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional, con un planteo integral para la legalización de la marihuana. Como denunció este domingo Del Caño, la prohibición de la marihuana solo beneficia a los narcotraficantes, que actúan en connivencia con distintos estamentos del Estado, como las fuerzas de seguridad, sectores del poder judicial y del poder político. Además que la ilegalidad del consumo de las drogas lleva también al control social de la juventud y al fortalecimiento del aparato represivo del Estado.

Acierta Del Caño en su denuncia, tanto en el conurbano bonaerense, la venta y circulación de sustancias prohibidas está regulada, ilegalmente, por parte de las fuerzas policiales locales; o en provincias como Córdoba y Santa Fe, donde toda la cúpula policial fue destituida porque estaba involucrada en redes narco.

El fracaso de la guerra contra las drogas

Solo en nuestro continente mueren más de 150.000 personas por año como consecuencia de las políticas de guerra contra las drogas, mientras el negocio goza de buena salud. En tanto la prohibición de la producción y comercialización de sustancias ilegales, beneficia a un puñado de capitalistas que recaudan anualmente más de 500 billones de dólares a nivel mundial.

Es evidente que la legalización de todas las drogas sería una medida elemental para desbaratar las redes entre mafias y empresarios de esta sangrienta “rama de la producción” capitalista.

Según un informe de la oficina de drogas y delitos de Naciones Unidas hay en el mundo 250 millones de consumidores de drogas, de los cuales solo un 11 % son consumidores problemáticos, el resto hacen un uso recreativos de la sustancia.

La legalización de todas las drogas y una política sanitaria para la atención de los consumidores en riesgo es un derecho y una libertad todavía pendientes para los usuarios de sustancias. Mientras tanto la penalización a los usuarios es una herramienta que tiene el Estado capitalista para criminalizar a la juventud de los sectores populares.

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