Derecho a la vivienda. Déficit habitacional en Jujuy: relatos para entender el porqué de las tomas

En estos últimos meses vimos como se fueron replicando las tomas de tierras en varios puntos del país, la enorme crisis económica en el marco de la pandemia no hace más que poner de manifiesto problemas estructurales como lo es el déficit habitacional, el acceso a la tierra y a la vivienda. En este sentido Guernica fue la toma símbolo, la que según la óptica de los dueños y sus gobiernos había que desalojar para que no se siga replicando, sobre todo por los lazos de solidaridad de clase que se tejieron y que resistieron a la brutal represión comandada y dirigida por el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni, y el gobernador Axel Kicillof.

Hace un mes del desalojo y la represión las familias de Guernica siguen resistiendo, ayer junto con estudiantes, trabajadorxs y organizaciones sociales salieron a las calles y realizaron un corte en el ya simbólico puente Pueyrredón, exigiendo tierra, vivienda y trabajo digno.

En Jujuy en horas de la mañana también se replicó una jornada de lucha, una nueva movilización de las familias sin techo asentadas en tierras lindantes con el barrio “El Triángulo” en la localidad de Libertador Gral. San Martín. Tierras que desde el año 2012 pertenecen al gobierno provincial.

Acompañadas por organizaciones sociales, la agrupación de docentes 9 de Abril, la Red de Trabajadores Precarios y el PTS-Frente de Izquierda, entre otras, marcharon exigiendo el una solución inmediata a su reclamo de vivienda que realizan desde mayo.

Según datos de la Secretaría de Vivienda de la Nación, el déficit habitacional del país alcanza a 3,5 millones y medio de familias. Dentro de esta cifra se cuentan tanto el déficit cuantitativo es decir la falta concreta de vivienda y el cualitativo la falta de servicios básicos, agua, gas, luz, planes de urbanización, como también hogares en condición de hacinamiento.

Los datos muestran que este problema estructural como dijimos, en regiones como el NOA y NEA se recrudecen lo que las convierte en poblaciones vulnerables.

Según datos del último censo (2010) en Jujuy hay 154.911 viviendas y 174.630 hogares, entendidos estos como personas que conviven o grupos familiares, la diferencia entre el numero de viviendas y el numero de hogares en Jujuy da un numero de 32.513 como déficit habitacional. Teniendo en cuenta otros datos del censo en cuanto a hacinamiento, vemos que los números son alarmantes con respecto a los de nivel nacional. El INDEC define hacinamiento cuando más de tres personas comparten un mismo cuarto, en este caso la provincia registra un 6,7% de los hogares en condición de hacinamiento, muy por encima del promedio nacional del 4,4%.

En el 2017 fue el mismo gobierno provincial quién reconoció el déficit habitacional para unas 40 mil familias en la provincia que estaban anotadas en el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. A su vez, un dato no menor es que la gestión de Morales tiene un promedio de 767 viviendas construidas por año, el promedio más bajo en los últimos 12 años. Y aunque Gerardo Morales en su momento dijo que acá no va a suceder ningún Guernica, viene actuando con desalojos y represión frente a cada intento de toma como en Alto Comedero o Palpalá, y las familias siguen buscando un lugar algo que evidentemente va a continuar, pese a la represión y persecución.

¿Si existieran planes de vivienda acordes a la demanda y a los ingresos de las familias trabajadoras, la gente se vería en la necesidad de tomar tierras por ese derecho elemental?

Los últimos planes de vivienda anunciados con bombos y platillos como las “Torres del Alto” con 248 viviendas, o “Aires del alto” con 138, piden requisitos irrisorios como por ejemplo tener ingresos equivalentes a tres salarios mínimos vitales y móviles, y una entrega de $300.000 para la adjudicación, números que nada tiene que ver con la situación de las familias trabajadoras y hoy empobrecidas por consecuencias de la pandemia.

Por ejemplo hace unos días, en el segundo paro convocado por el SEOM entre las principales demandas y la lucha contra la precarización, se da a conocer que aproximadamente 2300 trabajadoras y trabajadores municipales están cobrando entre 1500 y 3500 pesos, o en el caso de lxs trabajadores estatales, se estima que la perdida de poder adquisitivo entre enero del 2020 a enero del 2021 seria mayor al 18%.

El problema histórico y estructural de la tierra y la vivienda no termina aquí, si bien los datos mencionados muestran el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, el problema es extensivo a una realidad que lleva aproximadamente 50 años y son los asentamientos, identificando como tal a un grupo de más de 8 familias contiguas que viven en un lugar donde más de la mitad de esa población está sin título de propiedad, alrededor de 5 millones de personas viven en las 4400 villas y asentamientos del país, sin acceso a servicios básicos ni titularidad del suelo. De estas villas y asentamientos, 1.800 pertenecen a la Provincia de Buenos Aires, 1.000 de ellas al Conurbano (Dato extraído del Registro Nacional de Barrios Populares en Argentina).

En Jujuy la Dirección General de Hábitat y Vivienda Social de la municipalidad de Jujuy reconoce una cifra de 115 asentamientos solo en la capital jujeña y unas 9 mil familias que viven en ellas.

Esto se entiende mejor cuando se contrastan con los números respecto a las grandes concentraciones de tierra, por ejemplo las 160 mil hectáreas de la Empresa Ledesma en Libertador General San Martín, que recordemos en 2011 en una desesperada toma de tierras y luego de una brutal represión que se cobro la vida de tres jóvenes trabajadores, la Legislatura Jujeña tuvo que expropiarle 40 hectáreas a Blaquier, una expropiación con pago y compensación.

En frente del Barrio “El triangulo” en tierras fiscales se encuentran asentadas 300 familias peleando por el derecho, por qué es un derecho según nuestra constitución nacional y tratados internacionales, a la tierra, la vivienda y el acceso a los servicios esenciales.

El testimonio en primera persona de Sandra y Jeremías son casos en los que los protagonistas actualmente en lucha cuentan por qué se vieron en la necesidad de tomar tierras.

“Soy Sandra, tengo cuatro hijos y soy mamá soltera, lo que me llevo a tomar tierras en el asentamiento es la falta de lugar, espacio y de privacidad que no tenia en la casa de mis padres, así como viven mis cuatro hermanas junto con toda su familia, en total somos 6 familias, pero cuando empezó la pandemia decidimos venir a asentarnos donde estamos, yo trabajo con mi Mamá vendiendo sandwich, trabajamos mi mamá mi hermana todas juntas, y bueno después de la pandemia no se pudo vender más. Algunas veces agarro changuitas, de limpieza o cuidando algún niño. Esperando una solución una respuesta, algo para que me de fuerza y aliento para seguir aquí aguantando, el frio, el calor las lluvias por que mi rancho esta hecho de plástico nada más, ni siquiera tengo techo de chapa”

Jeremías nos cuenta las irregularidades a las que se enfrento estando anotado en el IVUJ- Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy.

"Mi nombre es Jeremías trabajo en la municipalidad de Libertador General San Martín, hace ocho años que estoy en pareja y no podemos tener hijos, hace 5 años que vengo presentando los papeles en el IVUJ y lo que me responden siempre es que no me pueden dar la casa por que no tengo carga familiar. Al cuarto año entre a trabajar como secretario de tierra y vivienda y me di cuenta que a varios de ellos, conocidos hijos de funcionarios le dieron el terreno, siendo solteros, bueno te molesta eso; Yo vengo alquilando hace 8 años con mi señora, y realmente con la situación que estamos ella es docente y yo trabajo en la municipalidad y estudio para ser docente; Hoy tuve que tomar un terreno estoy ahí y aunque no pueda tener hijos, la constitución dice que todos somos dignos de tener una casa”

Con respeto a lo que comenta Jeremías, vemos como en función al desarrollo y la especulación inmobiliaria a fines del año 2018, se aprobó en la Legislatura la Ley de Ordenamiento Territorial, en dicha sesión estuvieron presentes integrantes de la cámara empresarial inmobiliaria y martilleros de Jujuy que festejaron esa ley.

La ley prevé más recursos, reglamentación y procedimientos respecto al fraccionamiento y posterior loteo y venta de la tierra para la construcción de viviendas y edificación, como también mecanismos que agilicen la construcción y provisión de servicios a barrios privados y countries. Todo lo necesario para quienes hacen de la necesidad un negocio en la provincia o quienes especulan con los altos valores de la tierra para negocios y emprendimientos turísticos en la Quebrada de Humahuaca o en zonas de valles como la de los Perilagos.

Aunque este es un ejemplo de unos años atrás muestra a todas luces los negociados que se realizan con la tierra, por ejemplo la denuncia al hermano del gobernador Gerardo Morales, Freddy Morales, actual secretario de gobernación que junto con otros legisladores del radicalismo y el PJ compraron 150 hectáreas en el Barrio Alto Comedero al Banco de Jujuy, por la suma de 720 mil pesos y posteriormente se la vendieron al estado provincial para el Programa “Un Lote Para Todos” por 30 millones de pesos.

Estas familias jóvenes en su mayoría, mujeres, madres solteras, sostenes de hogar, son las y los que no pueden afrontar el gasto de un alquiler, lxs que conviven hacinadxs en casa de sus padres o algún familiar, lxs que hoy están desocupados, lxs que pararon meses en sus trabajos informales, lxs dejaron sus estudios, también hay docentes, de lxs que nos consiguen horas ni ofrecimientos, en fin, las y los despojados y desposeídos. No son delincuentes ni usurpadores como dicen los medios de comunicación o los defensores de la sagrada propiedad privada, esos a la vez que condenan estas tomas, por otro lado legitiman el robo, la expropiación y la concentración de tierra en pocas manos, los fines del lucro inmobiliario y la sed de ganancias siempre a costa de la vida de las grandes mayorías.