Subido al caballo de la “mano dura” el gobernador peronista concretó un proyecto anhelado por Cambiemos.
Miércoles 21 de marzo de 2018
Fotografía: La Gaceta
Finalmente ayer Juan Manzur promulgó lo que se presentó como una ley contra los “motochorros”, sancionada la semana pasada por la Legislatura. La ley promulgada prevé un dictado de prisión preventiva para “motochorros”, “rompevidrios” y “escruchantes”. Con esta promulgación, Tucumán concreta este tipo de legislación que alguna vez fue evaluada por Cambiemos para realizar propuesta a nivel nacional.
Esta modificación al Código Procesal Penal de Tucumán fue ideada por el ministro fiscal Edmundo Jiménez. Sin embargo, el propio Jiménez sostuvo que no puede afirmar con certeza que la ley surgida pueda ser efectiva.
Desde el año pasado el gobierno viene con iniciativas que suelen naufragar, como el insólito proyecto para que se prohíba el ingreso al centro de una motocicleta con dos pasajeros. Ya en 2014 la Legislatura había aprobado una normativa similar pero quedó sin aplicación ya que se la considera inconstitucional.
La iniciativa oficialista se inscribe en una serie de medidas que el gobierno provincial tomó en medio de una agenda pública donde todo se reduce a endurecer las penas y redoblar el accionar policial ante una ola de inseguridad, agitada mediáticamente y por la oposición. Con la fuerza de la repetición mediática, se mezclan un arrebato, un asesinato por una riña familiar con un asesinato a manos de la policía como en el caso de Facundo Ferreira. Todo es ordenado para que termine llevando agua al molino de la mano dura.
Manzur y la oposición compiten en el punitivismo para la tribuna. Si el radicalismo pide la intervención de Gendarmería, Manzur anuncia que sólo en marzo entraron en funciones 750 policías. Si el ministro de Seguridad Claudio Maley justifica el fusilamiento de un niño, a los días Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, hace lo mismo. En la demagogia punitivista, los grandes organizadores del delito siguen intactos mientras se da vía libre para una mayor criminalización de los sectores populares.
