La constructora Galilea, donde el senador Rodrigo Galilea (RN) tiene participación, ha sido cuestionada por construir a menos de 12 metros del lecho de un estero que se desbordó y que tiene al sector de Parque Zapallar en Curicó completamente anegado. Esta no es la primera denuncia contra la constructora y visibiliza el negocio de la casta política con el derecho a la vivienda.
Teresa Melipal Santiago de Chile
Viernes 25 de agosto de 2023
Se trata de una serie de casas en el Parque Zapallar, ubicado a las orillas del estero Guaquillo, que resultaron con graves daños tras el desborde provocado por las intensas precipitaciones registradas en la región del Maule.
Esta denuncia se suma a las diversas quejas contra la constructora Galilea S.A: el 2021 pobladores de la ciudad de Valdivia se manifestaron por la demora de 5 años en la entrega de su vivienda propia.
La empresa de Ingeniería y Construcción, Galilea S.A. es la responsable. Uno de los propietarios de la constructora es el exintendente y actual senador por la región del Maule, Rodrigo Galilea Vial, político de Renovación Nacional y empresario inmobiliario con fuertes inversiones en Perú, donde también su empresa ha sido sancionada por construcciones deficientes. Hoy atraviesa por su segundo periodo parlamentario y acaba de pasar a segunda vuelta en las elecciones internas de RN para presidir el partido.
Rodrigo Galilea (55) es el quinto de once hijos del empresario inmobiliario Víctor Galilea, expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción en el Maule, y fundador de la empresa familiar en el año 1981.
Galilea es propietario, junto a un hermano, del 42,5% de la sociedad de inversiones que administra la constructora que fundó su padre, de acuerdo a información consignada en su declaración de patrimonio. La empresa familiar también se instaló en Perú en el año 2009, a través de Galilea S.A.C. e Inversiones Galilea S.A.C., ambas sociedades controladas por el senador, ganando terreno en el país vecino justo cuando acá comenzaban a interponerse querellas colectivas y a ordenarse demoler las viviendas sociales construidas por la empresa que no resistieron el último gran terremoto.
Plan de obras públicas financiado por el impuesto a los grandes empresarios
Lo que se necesita es un plan de viviendas y de estructura pública financiado a través del impuesto a las grandes fortunas y organizado y gestionado por los sindicatos de trabajadores y comités de vivienda. Ante la especulación y convenios con empresas privadas y fundaciones, urge una empresa estatal de la construcción administrada por sus trabajadores y que priorice las necesidades humanas y ambientales, no por las ganancias millonarias de los empresarios.
