La cuarentena por el coronavirus mostró la desigualdad estructural a la que están sometidas las personas LGTBI y disidencias sexuales y la falta de políticas públicas de los gobiernos como el de Gerardo Morales recrudece esta situación. La Policía un enemigo histórico.
Andrea Gutiérrez Concejala (MC) del PTS-FIT en San Salvador de Jujuy
Miércoles 27 de mayo de 2020 15:56
En el día de ayer se dió a conocer un comunicado impulsado por la Fundación Damas de Hierro a la que adhirieron varias organizaciones de la provincia y el país. El mismo aborda "el recrudecimiento de la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad en la Provincia de Jujuy".
"Somos testigos de que la discriminación, el odio y la violencia no se toman cuarentena. Con dos meses y medio de Aislamiento Social Preventivo y obligatorio, la situación de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad es cada vez más crítica." Y este hecho no es menor, cientos de trabajadoras y trabajadores en la provincia son informales y están pasando hambre a partir de la crisis económica; las travestis y trans son de los sectores más vulnerables. No solo son víctimas de la persecusión y acoso sistemático en manos de la policía, también sufren la discriminación y la falta de acceso a un trabajo estable que les permita garantizarse una vivienda o un plato de comida en el día a día.
El comunicado además enumera las denuncias de los casos conocidos. "Primero supimos el caso de Delfina Diaz, compañera secuestrada, abusada sexualmente y violentada por efectivos de la Brigada en Libertador General San Martín.
Luego, tomamos conocimiento del hostigamiento y persecución vivida por otra compañera trans, en manos de HÉCTOR TEJERINA, Jefe de la Brigada de la Policía de la Provincia de Jujuy en la Localidad El Carmen.
Este fin de semana se registraron dos hechos nuevos de avasallamiento de las fuerzas de seguridad contra el colectivo Trans, esta vez por oficiales de la Seccional 32 del B° Malvinas." Estos últimos casos mostraron la pervivencia de la violencia de la policía hacia las personas trans y travestis, amparada, entre otras cosas, en el código contravencional del gobierno de Morales, una herramienta a la medida de las prácticas criminalizantes y persecutorias de las fuerzas policiales.
La falta de Políticas públicas es una constante que se repite en todo el país. Y aunque el gobierno haya anunciado una ayuda a través del programa Potenciar Trabajo, una asignación de $ 8.437,50, equivalente a la mitad del salario mínimo vital y móvil no llega a garantiza la subsistencia, ni mucho menos garantiza una verdadera inclusión. El IFE tampoco es una garantía para llegar a fin de mes, inclusive en muchos casos travestis y trans tienen dificultades para acceder al mismo. Hasta hace unas semanas, según el relevo de la Agencia Presentes, el cupo laboral para personas trans, que garantizaría el acceso a un trabajo en entidades dependientes del Estado, se encuentra aprobado en 5 provincias del país pero su implementación no se cumple. Jujuy no es una ellas; y a nivel nacional el Congreso aún no trató ninguno de los proyectos presentados a lo largo de los últimos años.
Sumado a esto y como resalta el comunicado emitido por Damas de Hierro, sabemos bien que no es una novedad el incremento en la vulneración de los Derechos a las personas LGTBI, ni que a partir de la pandemia y la crisis del COVID-19 esas situaciones que se han visto agravadas por el aislamiento obligatorio. Además debemos resaltar que los principales medios provinciales y nacionales no se hacen eco de estas denuncias.
Mientras estas situaciones se vuelve parte de una nueva cotidianeidad, el oficialismo militarizó las calles de todo el país, y durante la cuarentena las fuerzas represivas han detenido e imputado arbitrariamente a casi 50 mil personas; las mismas que reprimen y hostigan a los trabajadores y familias sin techo que reclaman su derecho a trabajar o tener una vivienda.
Desde Pan y Rosas nos hacemos eco de esta situación y denunciamos la escalada represiva contra los sectores más vulnerables que vienen padeciendo las consecuencias más dura de la crisis y desde el Frente de Izquierda nos sumamos a exigir medidas elementales como que se apruebe e implemente el cupo laboral trans en nuestra provincia y en todo el país, en este sentido se presentó un proyecto en la Legislatura de Jujuy y recientemente una declaración de "Rechazo y preocupación ante el recrudecimiento de la violencia institucional a las personas trans y disidencias sexuales" que también se presentará en los Concejos Deliberantes. A su vez, exigimos que se que se otorgue una asignación de emergencia 30 mil pesos para las y los más vulnerados en esta situación sobre la base de un impuesto a las grandes fortunas.
Hoy presentamos un proyecto para que la Legislatura rechace el recrudecimiento de la violencia institucional hacia personas trans y de la diversidad sexual en Jujuy. La denuncia la realizó la Fundación Damas de Hierro con el apoyo de decenas de organizaciones. #LGTBI pic.twitter.com/2TzkaGH2Gd
— Natalia Morales (@NatuchaMorales) May 27, 2020
