Laura Vilches, legisladora del PTS-FIT, realizó una denuncia por propiedades de la Iglesia Católica exentas de impuestos que desarrollan actividades lucrativas.
Jueves 22 de noviembre de 2018 19:27
La legisladora del PTS-FIT, Laura Vilches, presentó en el día de hoy una denuncia administrativa en la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia sobre 68 propiedades de la Iglesia Católica donde se desarrollan actividades lucrativas. Entre ellas, geriátricos, supermercados, clínicas de estética, hoteles, estaciones de servicio, etc. Esto configura un verdadero fraude al Estado, ya que las exenciones establecidas en el Código Tributario son para propiedades destinadas al culto o a la vivienda de miembros de la Iglesia.
Los datos surgen de un análisis minucioso de un listado de 2.141 propiedades entregado por la misma Secretaría de Ingresos Públicos a la legisladora el mes pasado. El pasado 24 de octubre, esta información fue presentada en una sesión de la Unicameral por Vilches, quien solicitó que se ampliara y se hiciera pública. El pedido fue rechazado por el oficialismo.
La gran mayoría de los inmuebles, más de 1.700, pertenecen a la Iglesia Católica y el resto a otros cultos. El primer dato notable es que más de 500 son terrenos vacíos, ya sea en ciudades o en zonas rurales. Hay que destacar que el Código Tributario Provincial sólo incluye en las exenciones aquellas propiedades destinadas al culto o a la vivienda de religiosos y religiosas.
Pero lo peor es que hay al menos 68 lugares destinados a actividades lucrativas. Entre ellas hay terrenos valuados en miles de dólares situados en el barrio privado Solares de San Alfonso, en Villa Allende, como también un Centro de cirugía plástica ubicado en el Cerro de las Rosas.
Un caso emblemático es el de la escuela privada Mark Twain, que no es regenteada por la Iglesia. El terreno donde se encuentra pertenece a la congregación de los salesianos: son 18 hectáreas, de las cuales sólo un 1 % está edificado. En un terreno colindante, también exento, se emplaza un local enorme de Ferrocons, conocida empresa de venta de materiales de construcción y afines.
También se pueden encontrar residencias geriátricas de lujo, como el Hogar San Camilo, o la Residencia de Señoras Nazaret Concepcionista. Esta residencia cuenta con 2.600 m2 cubiertos y 2 hectáreas de terreno, piscina cubierta y habitaciones individuales con teléfono, internet y televisión con cable. En esa superficie podrían establecerse 36 familias en departamentos de 3 dormitorios, pero aloja a 40 señoras mayores que pagan una cuota mensual de $ 30.000.
En las manzanas céntricas donde se emplazan la Basílica Nuestra Señora de la Merced, del Convento San José y del Arzobispado están exentas de impuestos. Allí se pueden encontrar numerosos locales comerciales, algunos de marcas ropa que la mayoría del pueblo trabajador no puede comprar, estaciones de servicio, playas de estacionamiento y hasta un supermercado.
Pero eso no es todo. En el interior de la provincia la Iglesia posee miles de hectáreas dedicadas a la producción agrícola. Cerca de la localidad de Reducción, una zona de cultivos para la industria manicera, hay dos terrenos sobre los que se cargan las exenciones impositivas, que suman 5.000 hectáreas. En la localidad de Colonia Vignaud, los campos sobre los cuales la Iglesia Católica no paga impuestos tienen una superficie mayor que la de la zona urbanizada. En algunas localidades, la plaza principal o hasta el edificio de la municipalidad pertenecen a la iglesia.
La legisladora cuestionó duramente estas exenciones impositivas que el Gobierno da a las instituciones religiosas: “En este poder económico se basa el poder político que tiene la Iglesia, tanto en el caso de la legalización del aborto como en su rechazo a la Ley de Educación Sexual Integral. También se basan en este poder para jugar el rol de contención social en el marco del ajuste, haciéndole un gran favor al gobierno nacional y al gobierno provincial”. Vilches agregó que “Estas propiedades deberían ser expropiadas, por ejemplo, para paliar la situación de emergencia habitacional que se vive en Córdoba”.
Exigió además que se trate un proyecto de su autoría (N° 25.886) sobre la separación definitiva de la Iglesia del Estado. “Tenemos que terminar con la reglamentación de las vidas de millones de personas que no sostenemos ninguna religión, y que pesa más que nada sobre las mujeres y las personas con identidades sexualmente disidentes”.
