Lo hicieron sin previo aviso y tirando abajo casas y casillas con topadoras y palas mecánicas. Muchos de sus habitantes vivían allí hace más de un año.
Miércoles 15 de julio de 2020 21:48
El martes por la mañana los vecinos ubicados en el asentamiento de Avellaneda y Camino Nuevo a Soldini amanecieron con topadoras y palas mecánicas que, junto a un importante número de policías y una persona que reclama ser el propietario de los terrenos, comenzaron a derrumbar sus casas y casillas. Algunos aún se encontraban durmiendo dentro de sus viviendas y muchos estaban con sus hijos pequeños cuando las máquinas empezaron a demolerlas. Dejaron a la gente sin techo para ellos ni para el resguardo de sus pertenencias.
La acción de desalojo ordenada judicialmente afectó a más de cien familias que se habían asentado allí hacía más de un año. En el transcurso de la jornada los vecinos del lugar intentaron que no se lleve adelante el desalojo de todas las famlias, tratando de entablar una complicada negociación con quien dice ser el dueño de los terrenos. Durante todo el día le insistieron y reclamaron que les dejaran una parcela para poder volver a asentarse. Finalmente lograron que se relocalizara a parte de vecinos y vecinas en un terreno cercano, propiedad de la misma persona. Aunque la promesa es que no los desalojarían de allí, vecinos y organizaciones solidarias se encuentran en alerta para evitar ser desplazados nuevamente.
A pesar de que los vecinos solicitaron que se haga presente algún funcionario municipal, provincial o judicial para oficiar de interlocutor y poder llegar a un acuerdo que evite que cientos de personas queden en la calle, nadie se acercó al lugar. Sólo fueron acompañados por organizaciones como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), que les dio su apoyo frente a este atropello estatal.
En pleno invierno, con temperaturas que ayer llegaron a 12º bajo cero, y transitando la pandemia de coronavirus en un contexto de crecimiento de casos en Rosario, el Estado y el poder judicial dejan sin techo a más de cien familias con niños pequeños. Los adultos que sostienen estos hogares son en su mayoría trabajadores precarios: paqueteros, vendedores ambulantes, cartoneros. El estado es responsable de la situación de estas familias que ya vivían de manera precaria y ahora tienen que afrontar el frío, la falta de servicios y el riesgo de que derrumben sus casas con topadoras mientras duermen.
