El cuerpo de delegados del departamento Rosario votó por unanimidad la desobligación y movilización a Casa del Gobierno el próximo lunes a las 11. En una masiva asamblea el descontento se hizo sentir entre los docentes quienes además exigieron el retiro inmediato del proyecto de ley que pretende reformar el régimen jubilatorio. ATE y Siprus se plegarían a la medida.
Miércoles 23 de septiembre de 2015
Por su parte la conducción provincial del sindicato docente aún no convocó a una asamblea provincial para avanzar en la definición de un plan de lucha. Esta fue otra de las exigencias que se hizo sentir en la asamblea.
El proyecto de ley fue impulsado por senadores del peronismo y apoyado por el electo gobernador Miguel Lifschtiz quien aseguró que hay que “darle sustentabilidad al sistema”, mientras que el senador Gramajo del justicialismo aseguró que “necesitamos la solidaridad de todos los sectores, incluida la Justicia, sin egoísmos de ninguna naturaleza”.
Las variantes que barajan los partidos que integran la Cámara de Senadores (Frente Progresista, peronismo y PRO) siempre son las mismas: aumentar la edad jubilatoria, los aportes personales, los años de servicio o reducir el monto de las prestaciones. Por eso, conociendo los antecedentes de estos legisladores, crece la preocupación entre los trabajadores quienes conocen el significado de la palabra “solidaridad” cuando es pronunciada por esta dirigencia política.
Un estudio realizado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) señala que la caja previsional tiene un déficits que en el 2015 será de 2.000 millones de pesos, déficits que irá en aumento en los próximos años. Esta consultora privada recomienda sanear las cuentas de la Caja con un ajuste, naturalmente, sobre el bolsillo de los trabajadores activos y pasivos. Sin embargo las dudas surgen a partir de que esta consultora fue elegido por sobre la UNR y UNL quienes se ofrecieron para elaborar un estado de situación de la Caja.
El gobierno provincial es el principal responsable de este déficits al pagar una parte importante del salario de los estatales en concepto de sumas fijas que no generan aportes a la caja y que significa un recorte a los jubilados al no percibir esas sumas. También lo es el gobierno nacional que se lleva una parte de los aportes de los activos (5.000 millones en 2015). Otro de los datos que explican el déficit es que dentro de la caja existen 28 personas que cobran 2.442.535, a razón de 87.233 pesos cada uno.
En las próximas semanas el Senado tiene pronosticado avanzar en la conformación de una comisión para seguir de cerca la situación y generar un consenso entre los distintos bloques para aplicar la reforma. Los partidos tradicionales coinciden en la necesidad de profundizar el ajuste que ya comenzó a sentirse con los aumentos por debajo de la inflación en los últimos años.
Cualquier reforma jubilatoria tiene partir de terminar con las sumas fijas, pero también hay que terminar con las jubilaciones de privilegio y otorgar el 82 por ciento móvil real con 25 años de aportes, sin límite de edad. Rechazando la forma actual en la cual para acceder al 82 por ciento hacen falta condiciones especiales.
Estas medidas deben ser articuladas con un plan más general de restituir los aportes patronales al 100 por ciento, implementar impuestos progresivos a las grandes fortunas y terminar con los beneficios impositivos a industrias y terminales portuarias. De esta manera es posible sanear la caja sin que el ajuste sea sobre los trabajadores.
A su vez es necesarios plantear la necesidad de que la Caja de Jubilaciones sea administrada por trabajadores activos y pasivos elegidos democráticamente, y que la fuerza policial salga de la Caja.
