El gobierno nacional decretó la intervención por 180 días de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), organismo público encargado de dictar y hacer cumplir el marco regulatorio de la actividad aeronáutica civil, entiéndase trasporte aéreo de personas y carga, actividades aerodeportivas, trabajo aéreo en sentido amplio e industria aeronáutica en general.
Lunes 15 de julio 13:35
Como en muchas otras áreas de la actualidad pública, la aeronáutica argentina atraviesa por momentos de severa turbulencia política. En la mañana del 12 de julio nos desayunamos con la noticia de que, a pocos días de haberse decretado la desregulación del mercado aerocomercial argentino, el ejecutivo ordenó la intervención la máxima autoridad en materia aeronáutica.
La noticia generó sorpresa en cierta medida, lo cierto es que ya desde el dictado del decreto 70/23 y consecuente declaración de emergencia en materia económica, fiscal, administrativa, social, entre otras, el gobierno de Milei ordenaba la desregulación del mercado, pero en términos más generales. Para dicha tarea se conformó una comisión de reglamentación de las modificaciones por resolución N° 6/24 de la Secretaria de Transporte dependiente del entonces Ministerio de Infraestructura. Cuando uno repasa los elementos argumentativos que justifican las decisiones políticas en los vistos y considerandos, es difícil dejar pasar por alto que detrás de semejante nivel de protocolo, se acarrean consecuencias políticas, económicas y sociales.
Compañías aéreas, fabricantes e importadores de material destinadas a la industria, operadores aeroportuarios, organizaciones internacionales que ofician de cámara patronal internacional como la IATA ( Asociación Internacional del Transporte Aereo) y la AWG (Aviation Working Group) fueron consultados y participaron en protección de sus intereses, todos menos los trabajadores que con su labor diaria ponen a funcionar un sistema tan complejo como el aeroportuario.
¿Cuáles son las modificaciones y cómo afecta a trabajadores y usuarios?
Procurando explicar en términos sencillos de que hablamos cuando decimos política de cielos abiertos, puede servir, a efectos didácticos, utilizar el antagonismo que se da entre un esquema de legislación regulatoria proteccionista y la propuesta desregulación aerocomercial. Quisiera resaltar la palabra antagonismo porque el término es expresión, en última instancia, de confrontación de intereses. Lo que no es para nada sencillo es pretender dar satisfactoria respuesta a los interrogantes que se abren. ¿Es real que la materia se encuentra sobre regulada y que es el aparato burocrático estatal el responsable de limitar las potenciales capacidades productivas? ¿Pueden los estándares comparativos con otros mercados servir de referencia para dictar modificaciones drásticas sin la atención de determinadas precauciones, ya sean estas económicas como en materia de seguridad operacional?
Históricamente nuestra legislación regulatoria se caracterizó por ser de tendencia proteccionista, esto se debió en gran parte a la necesidad de proteger una industria de dinámica internacional por excelencia, de la vertiginosa voracidad de los mercados internacionales. No obstante, podríamos conjeturar que, si el Mercosur hubiera prosperado a otros niveles, similares y para poner un ejemplo, a la unión europea, la necesidad de adaptación se impondría y probablemente hoy estaríamos hablando de regulaciones regionales como la que cuentan en Europa. Eso no sucedió, por lo tanto, un modelo aperturista podría haberse constituido en la entrega irrestricta de los intereses nacionales en algo tan sensible como es el transporte de cadenas de valor comercial y la explotación de la industria turística local e internacional. En resumidas cuentas, cuando hablamos de política aerocomercial estamos hablando de soberanía.
Pero el proceso “aperturista” no nace con la noticia de su confirmación a extremos de los que no se cuentan registros, sino que es el resultado de la dependencia del capitalismo argentino. Sería ficticio pretender analizar el mercado aerocomercial argentino al margen de su economía históricamente dependiente. No es pretensión de esta nota el repaso histórico sino una crítica a la actualidad.
Ya durante el macrismo con su programa de la “revolución de los aviones” se avanzó en materia de desregulación, por ejemplo, en la suspensión de bandas tarifarias a las compañías aéreas lo cual habilita a estrategias "desleales" de competencia conocida como “dumping”, lo que no es otra cosa que trabajar a pérdida para fundir a la competencia en procura de monopolizar mercados débiles. Esto es importante para la defensa de Aerolíneas, contra la privatización. Si bien no se incluyó en la Ley de Bases, esta política aerocomercial junto al desfinanciamiento del gobierno actual, pone en riesgo la aerolínea de bandera.
Otro aspecto a señalar es la progresiva adopción de las LAR en materia regulatoria en remplazo de normativa nacional. En este aspecto hay que señalar que si bien el estado argentino es parte miembro de la Oaci (Organización de Aviación Internacional) y debe respetar el marco directriz en materia regulatoria, por otra parte, la legislación contenida en las RAAC contempla aspectos de protección que van desde condiciones laborales complementaria a la legislación general, hasta condiciones que deberán ser observadas por los explotadores aéreos autorizados a operar en el mercado nacional.
Durante el gobierno de Alberto Fernández continuó ralentizada esta tendencia hacia la desregulación, pero la política de cielos abiertos propuesta por el gobierno actual propone reducir a la mínima expresión la participación del estado argentino, adoptando directamente normativa internacional adaptada a la necesidad de explotadores extranjeros. Hasta el dictado del decreto 599/24 una compañía de trasporte aéreo que tuviera interés en explotar servicios de cabotaje, debía contratar personal argentino y cumplir la normativa local en materia aeronáutica y laboral.
No puede dejarse de lado, desde el punto de vista del consumidor de pasajes aéreos, la tentación de pensar que la promoción de competencia conduce a la reducción de las tarifas que se abonan por el servicio. Una apreciación al respecto, si bien el ingreso de nuevos operadores dinamiza la oferta tornándolas en principio más accesibles, tiene su contraparte en materia de conectividad: las escalas menos rentables serian directamente abandonadas, ya que la ganancia en el transporte de pasajeros se mide en términos de costo/ocupación, se divide la cantidad de asientos x unidad de costo por kilómetro recorrido. Si hoy las tarifas están caras, tiene más que ver con el precio del combustible y la inversión en materia de seguridad que en el salario de las y los trabajadores.
En materia aerocomercial la competencia también adquiere rasgos particulares. Desde hace años las compañías aéreas descubrieron que, en materia de cobertura de demanda de transporte de pasajeros regional, con fines principalmente turísticos, la adopción de acuerdos de código compartido era una buena estrategia comercial que redundaba en beneficio de quienes suscribieran, siendo complementada por acuerdos bilaterales entre los estados de origen. El nivel de apertura que propone el gobierno de Milei no solo cuenta con cero antecedentes, sino que no aplica en los países inventores y exportadores del modelo. Que Aerolíneas Argentinas pretenda explotar trasporte de cabotaje en EEUU o incluso Chile es virtualmente imposible. Si bien en las leyes vigentes de EEUU se permite de manera formal la intervención de empresas extranjeras en su mercado aerocomercial, en los hechos es prácticamente imposible que esto suceda ya que también rigen múltiples obstáculos regulatorios, autorizaciones que impiden una política aperturista. Es mentira lo que plantean los promotores de la desregulación cuando dicen que este sistema es lo que rige en todo el mundo.
La experiencia de los años 90.
Durante los años noventa el menemismo adoptó una política de cielos abiertos en pleno auge del modelo neoliberal, el resultado fue que la población de todas formas no accedía a un medio de transporte considerado un lujo para muchos, sino que la flexibilización de estándares en materia de seguridad condujo al peor accidente de aviación en la historia de nuestro país. La adopción de una política de cielos abiertos implica necesariamente flexibilizar los convenios colectivos de los trabajadores del sector y sus condiciones de trabajo. En nombre de la competitividad se termina precarizando aún más sus condiciones laborales y reduciendo sus salarios.
Una última consideración, hablar de política de cielos abiertos significa necesariamente hablar también de precarización laboral a pesar de que los funcionarios prefieran utilizar términos eufemísticos, la "optimización de los recursos". Junto con esto significa potenciar ganancias en desmedro de la seguridad operacional: la infraestructura aeroportuaria y tecnológica que utilizan los servicios de navegación aérea funcionan, desde hace años, al límite de sus capacidades. Ninguna multinacional va a interesarse en invertir si no tiene la obligación de hacerlo. Es decir, que la posibilidad de pasajes más baratos sólo en los destinos de mayor demanda, tiene como contra cara mayor precarización laboral, déficit en la seguridad operacional y reducir la conectividad con regiones más alejadas de la capital.
Mientras tanto, las y los trabajadores del sector son sistemáticamente atacados por el relato estigmatizador de funcionarios y medios masivos de difusión, pérdidas de derechos laborales y de fuentes de trabajo son la postal diaria de la realidad por la que atraviesan. Ya se trate de Aerolíneas Argentinas, Intercargo, la Eana o la Anac, para este gobierno los trabajadores con sus métodos de organización y defensa son parte del problema a erradicar, siendo que son quienes garantizan el funcionamiento del sistema y la seguridad operacional. A pesar de todos los ataques y de esta ofensiva en la desregulación, las y los trabajadores hemos demostrado que tenemos la fuerza para enfrentar estás políticas y defender Aerolíneas y nuestras condiciones laborales, pero las conducciones sindicales de la FAPA han demostrado no estar a la altura.
