Genocidio de clase. Dictadura: alegatos en el juicio a gerentes de Ford por secuestro de 24 obreros

Esta semana la querella y la fiscalía dieron lectura a los alegatos en el juicio contra dos exgerentes de la filial argentina de la multinacional automotriz Ford y un exmilitar del Ejército, desarrollado ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín.

El lunes fue el turno de la querella que representa a los obreros sobrevivientes. Durante más de nueve horas la abogada Elizabeth Gómez Alcorta y su colega Tomás Ojea Quintana leyeron el alegato que, en más de 200 páginas, describe cómo la empresa estadounidense fue responsable del secuestro y tortura de 24 trabajadores en 1976.

Ford fue una de las tantas empresas que participó en forma directa del golpe genocida. Aportó información, recursos económicos y hasta tuvo un centro clandestino dentro de sus instalaciones, el famoso “quincho”.

Los gerentes acusados, Pedro Müller y Héctor Sibilla (ambos mayores de 85 años), hasta el día de hoy jamás fueron detenidos. El primero era gerente de manufacturas y segundo en la escala jerárquica de la empresa. Sibilla era un teniente coronel retirado y jefe de seguridad de la planta de General Pacheco que, como atestiguaron los sobrevivientes, participó personalmente de las torturas.

El tercer imputado es Santiago Omar Riveros, quien fue jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, el centro clandestino más grande del país, al que el G|obierno pretende convertir ahora en una “reserva natural”. Riveros ya cumple condena a prisión perpetua por otras causas de lesa humanidad.

En su alegato la querella recordó que los hechos relatados sucedieron hace 42 años y nueve meses. “Hace 42 años que las víctimas trabajadores de Ford, junto con sus familias, esperan justicia”, dijeron los abogados.

Y agregaron que “lamentablemente en este debate se juzga la actuación o la intervención de solo tres de los responsables de esos graves crímenes. Otros responsables han muerto en la impunidad, como Nicolás Courard y Guillermo Galarraga, otros no han sido investigados por una administración de justicia deficiente y reacia a la pesquisa en la que se involucran no solo civiles, sino funcionarios jerárquicos de una empresa multinacional”.

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La impunidad y sus consecuencias

Gómez Alcorta y Ojea Quintana afirmaron en su alegato que “la demora de este proceso y del inicio del debate implicó en la práctica no sólo que no pudieran sentarse en el banquillo de los acusados algunos de los imputados, sino también que muchos de los trabajadores que sufrieron en sus cuerpos y en sus vidas el terrorismo de estado, hoy tampoco estén acá acompañándonos. Ellos son Luciano Bocco, Marcelino Repossi, Juan Carlos Ballesteros, Juan Carlos Amoroso, Carlos Chitarroni, Rubén Manzano, Pator Murúa, Hugo Núñez, Fernando Groisman, Héctor Zubaran y Raimundo Robledo y los mencionamos al inicio de este informe para hacerlos presentes”.

Es que la impunidad garantizada por todos los gobiernos constitucionales, sobre todo para la clase empresaria, tiene consecuencias como las que se describen en el alegato. Una muestra de eso es que no todos los obreros que fueron víctimas hayan podido llegar con vida al juicio. Pero también muchos de los responsables ni siquiera han sido imputados, otros no fueron condenados y muchos sin ninguna condena por los aberrantes delitos de lesa humanidad que cometieron.

Dentro de los impunes no sólo están el expresidente de Ford Nicolás Courad y otros jerarcas de la empresa, sino también José Rodríguez y los dirigentes del sindicato automotriz Smata, quienes proporcionaron, como consta en el auto de elevación a juicio, la lista con el nombre de los delegados a los militares.

La complicidad de la burocracia sindical con los genocidas fue confirmada por el propio Rodríguez en el Juicio por la Verdad de La Plata. Pero, lamentablemente, en el alegato de la querella ese rol nefasto del Smata está ausente. Cabe mencionar que José Rodríguez murió impune por estos crímenes, por los de Mercedes Benz y por tantos otros, además de estar procesado por el fraude a la obra social de los trabajadores mecánicos.

La empresa Ford como lugar de los hechos

Así se titula una de las partes del alegato, donde se detalla que “la planta de Pacheco de la empresa Ford Motor Argentina, ubicada en la Panamericana y la Avenida Henry Ford, en la localidad de Pacheco, en la Provincia de Buenos Aires, cuenta con 244.000 m2, es el territorio central de la represión a los 24 trabajadores víctimas. Todos ellos eran trabajadores de la fábrica -a excepción de Roberto Cantello que había renunciado apenas unos meses antes- y en su mayoría eran delegados sindicales”.

Está demostrado que “diecisiete de ellos fueron secuestrados en su puesto de trabajo y todos ellos conducidos a los quinchos del sector recreativo de la propia fábrica para ser torturados. Luego de ello, fueron llevados a diferentes lugares de detención. Permanecieron un tiempo secuestrados, en calidad de detenidos-desaparecidos, y posteriormente blanqueados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y trasladados a diferentes unidades penitenciarias del Servicio Penitenciario Federal”.

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El rol empresarial en los secuestros y “El Quincho”

El alegato agrega que “los listados con los logos de Ford con los nombres de todos los trabajadores secuestrados, al igual que las credenciales de la empresa con las fotografías en manos de los militares -al momento del secuestro; en el interrogatorio de muchos de los trabajadores en la Comisaría de Tigre, o en Campo de Mayo en poder de Molinari con los nombres tachados a medida que iban recuperando su libertad- tiene una única explicación: que esa lista fue confeccionada por la empresa. Que fue la dirección de Ford la que decidió quienes integraban ese listado”.

Y agregan que “a ese fin, también fue la empresa la que entregó la documentación que estaba en el área de Personal -los legajos personales y las credenciales gemelas que se quedaba la Ford- a fin de que se lleven adelante estas privaciones de la libertad”.

El alegato afirma que “en virtud de la entrega de ese listado, se puede entender otro aporte sustancial, que es la posibilidad de la instalación dentro de la propia fábrica de un centro de detención y tortura como lo fue El Quincho, de acuerdo a todo lo que referimos”.

Y se considera que “este aporte es central. Como el anterior, se trata de la cesión de un espacio neurálgico en la fábrica, en un lugar estratégico dentro del mismo predio. Ningún operario fue secuestrado a más de dos kilómetros aproximadamente del Quincho. Esta cesión del espacio físico hay que circunscribirla en el marco de un celoso control de la planta como ha quedado detallado anteriormente”.

La querella agrega que “en ese mismo sector recreativo, donde funcionó uno de los quinchos como lugar de detención y tortura, se había instalado una verdadera base operativa de las fuerzas militares, que implicaba la utilización de los vestuarios de esa misma zona y el verdadero emplazamiento de personal militar y vehículos militares allí; lo que quiere decir que no era un campamento móvil, situado por un día o ante un hecho especifico, sino de modo fijo. Es por ello, que surge otra necesidad vinculada a esta instalación que es la comida. La Ford alimentaba diariamente a las fuerzas militares que estaban allí apostadas, para lo cual, obviamente se montó una organización y se puso a disposición abundantes recursos empresariales”.

La responsabilidad de Ford es más que evidente, no sólo en la descripción de los alegatos, sino en las declaraciones de los trabajadores sobrevivientes, sus familias. Hasta los supervisores que declararon intentaron acudir a la “amnesia” para negar la participación de la empresa, pero tuvieron que admitir que entregaron a los obreros. El Tribunal no pidió siquiera el falso testimonio para ellos.

Como viene reflejando La Izquierda Diario, el juicio de Ford es histórico, no solo por el peso de una multinacional como esta, sino que expresa cómo la clase empresaria fue central para llevar adelante el plan genocida contra una clase obrera que se planteaba cambiar la sociedad de raíz.

La fuerza de miles y miles de trabajadores del cordón industrial de la zona norte y del todo el país eran una amenaza cierta para los planes de mayor explotación capitalista.

La lucha por el juicio y castigo para estos gerentes y todos los genocidas es de primer orden, para que las nuevas generaciones estemos en mejores condiciones para organizarnos y luchar por una sociedad sin explotación ni opresión.

El próximo 26 y 27 de noviembre será el turno de los alegatos de la defensa de los genocidas y el 11 de diciembre la sentencia. Es necesario acompañar esta lucha por el juico y castigo. Las audiencias se pueden presenciar con DNI.