Para tratar de revertir el problema creado con los comandantes militares, el Ministro de Defensa Jaques Wagner firmará un decreto reintegrando a los titulares del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea la facultad de emitir actos relacionados al personal militar, como la transferencia a reserva remunerada de oficiales superiores, intermedios y subalternos y transferencias al exterior, entre otras.
Jueves 10 de septiembre de 2015
Fuente: ED
El jueves de la semana pasada, la presidenta Dilma Rousseff firmó un decreto por el cual delegaba al Ministro de Defensa la competencia para firmar la transferencia a reserva remunerada de altos oficiales, intermedios y subalternos; la promoción a puestos de oficiales de alto rango; el nombramiento de capellanes militares, entre otras. Todas atribuciones, hasta entonces, de los comandantes militares.
Tal decreto no modificaba en absoluto el papel político que las Fuerzas Armadas han mantenido a lo largo de la década petista y mucho menos el pacto firmado al finalizar el primer mandato de Rousseff, cuando la presidenta celebró junto a altos funcionarios del gobierno y la dirección de la Comisión Nacional de la Verdad la entrega del Informe final que selló la conciliación entre los torturadores y autoridades del Estado y los torturados y víctimas de la dictadura que gobernó al país durante 21 años.
Incluso así, una vez más, los militares necesitaron de poco para que Dilma retrocediera.
En un comunicado, Jaques Wagner señaló que "la publicación del Decreto 8.515 / 15 obedece al proceso de consolidación institucional del Ministerio de Defensa y no viola el papel constitucional de las Fuerzas Armadas." Planteó que, conforme consta en el nuevo decreto, el Ministerio de Defensa debería publicar ordenanzas que delegan competencias a los comandantes militares para publicar los actos en el ámbito de cada Fuerza (Marina, Ejército y Fuerza Aérea)”.
Hoy, luego de nueve meses sin ningún conflicto relevante entre el Palacio del Planalto (Casa de gobierno) y los ministros militares, incluso en medio de la crisis económica y política, algunos sectores tratan de forzar nuevos roces a partir de la aprobación del decreto.
El comandante de la Marina, quien ocupaba el cargo de Defensa interinamente, afirmó que no había tenido conocimiento del decreto. El ministro de Defensa, que estaba en China cuando se editó el decreto, reafirmó el interés del gobierno en el mantenimiento de los poderes naturales de los comandantes e incluso se apresuró a afirmar que el decreto no estaba en vigor y que "cualquier error aún puede ser corregido".
Las declaraciones de los oficiales generales se mueven en la misma dirección, la de presentar este decreto como un error o simplemente el resultado de falta de "habilidad política” en un momento “en que el gobierno enfrenta tantas dificultades". Haya sido uno u otro el motivo, la posición tanto de oficiales como de los ministros militares logró que el gobierno diera un paso atrás con el nuevo decreto. Y queda claro que tampoco los militares están interesados en profundizar la desestabilización que afecta a la economía y a la política.
Para la cúpula militar, en medio de la crisis política que genera cuestionamientos e insatisfacción popular, lo mejor es evitar que el elemento militar entre en la contienda. Después de todo, cuestionar las instituciones post-democratización significa cuestionar los pactos firmados por los militares con los actuales partidos del orden (PMDB, PSDB y el PT) para garantizar la impunidad a los militares y civiles que colaboraron en la represión.
Este es el pacto que el PT selló con los militares durante la Comisión Nacional de la Verdad, que dejó a salvo la "teoría de los dos demonios" y admitió que la postura del PT, Lula y Dilma es ignorar a las familias de las víctimas y desaparecidos y a las organizaciones de derechos humanos, no castigar a los responsables de la dictadura militar y mantener cerrados los archivos de la dictadura. Es una tarea de los movimientos sociales, encabezados por la clase obrera que diariamente sufre la explotación en el trabajo y la permanente dictadura implacable en las fábricas, romper con tales pactos del pasado que preservan el actual orden político corrupto y socialmente injusto.
