Aunque pareciera que ya nada puede sorprender, la diputada Lucila Lehmann, de Cambiemos, intenta presentar un proyecto que otorgaría una Asignación Universal por Hijo a mujeres que fueron violadas.
Miércoles 11 de abril de 2018
Finalmente en el día de ayer comenzó el debate por la despenalización del aborto en el Congreso. Mérito absoluto de la lucha que hace más de 10 años lleva adelante el movimiento de mujeres.
La instalación del debate en los medios provocó que las ya conocidas organizaciones que se autodenominan “provida”, lanzaran campañas como la del “bebito”. O alguna que otra “juntada” callejera. Pero en esta cruzada no estuvieron solos. El diario La Nación se ocupó minuciosamente de publicar, desde hace unas semanas, editoriales claramente reaccionarias, carentes de argumentos concretos. Otra pata fundamental es el rol que viene jugando la iglesia Evangélica y la Católica, desde su jerarquía hasta los “curas villeros”. Maniobras políticas que quieren no solo desviar la atención de lo realmente medular, como lo es el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, sino armar una estructura lobista para actuar en el Congreso.
Para sumar fuegos de artificio, ayer se conoció un proyecto que propone asignar una especia de Asignación Universal por Hijo (AUH) para aquellas mujeres que estén cursando un embarazo producto de una violación.
Sí, así de increíble es el proyecto presentado por Lucila Lehmann, diputada de la Coalición Cívica en Santa Fe. Aseguró que: “una mujer que fue violada y decide seguir adelante esté acompañada y es una forma de atacar el problema con una solución además de una política de educación sexual para escuelas y universidades”.
Seguramente la diputada desconoce que ya existe una ley de Educación Sexual Integral pensada, especialmente, para ser aplicada en todas las escuelas y niveles del país. Una ley que nunca pudo ser aplicada justamente porque gobernadores y políticos como ella, aliados con la iglesia Católica, se opusieron de forma sistemática.
La presentación de este proyecto tiene dos aristas. Por un lado tratar de instalar la idea de que una mujer que se enfrentó a un hecho tan violento, como es una violación, puede continuar durante nueve meses con un embarazo porque le dan un “paliativo” económico.
Y por el otro, un claro objetivo para desviar la atención al hablar de violación cuando específicamente para estos casos ya existe el aborto no punible.
Pero la diputada Lehmann no fue la única en “pensar” proyectos ridículos.
Recordemos que hace pocas semanas Esteban Bullrich aseguró que “un embrión es un argentino con derechos”. O aquel otro proyecto de Marcela Campagnoli, diputada por Cambiemos, que proponía que la mujer sostenga un embarazo hasta la semana 20 para que luego aquel feto fuera puesto en una incubadora para ser dado luego en adopción.
Hasta el mismo Mauricio Macri envió el año pasado un proyecto al Congreso avalando la Objeción de conciencia. Poniendo negro sobre blanco, esto significa sin más que un médico podría negarse por ejemplo a realizar un aborto no punible (es decir, un derecho que reconoce el propio Código Penal) y no recibir una penalidad por dicha negativa, incluso cuando esta pueda poner en peligro la vida o la integridad de la mujer.
La estrategia ideada desde el gobierno está más que clara. Por un lado arma un lobby que pueda presionar a diputados en el Congreso para intentar contrarrestar el apoyo a la despenalización que se está viendo en las calles con el movimiento de mujeres.
Y por el otro, en el caso que el debate avance y sea probable la aprobación de la despenalización, lograr modificaciones que diluyan lo más posible el proyecto original de la Campaña.
El movimiento de mujeres conoce estas maniobras y sabe que el debate es en el Congreso, pero definitivamente esta lucha se ganará en las calles.
