A seis años de la manifestación que convocó a un millón de personas en distintos puntos del país al grito ¡Ni una menos!, la violencia machista sigue cobrándose la vida de una mujer cada 23 horas. Nos proponemos analizar la distancia entre discursos y hechos, y seguir en las calles contra todas las formas de violencia hacia las mujeres y personas LGTTBI.
Martes 1ro de junio de 2021 14:33
Se acerca la fecha y con ella las poses de campaña y los discursos sobre lo realizado desde el Estado. Pero la realidad es que el gobierno no dispuso del presupuesto necesario para medidas mínimas para prevenir los femicidios mientras sí privilegia el pago de deuda a los organismos internacionales. Solo la izquierda cuestiona la deuda ilegítima y fraudulenta que se paga con un ajuste que afecta más aún a las mujeres. Aunque algunas de las feministas de los ministerios piden renegociar los vencimientos y otras apoyan a rajatabla al ministro Guzmán, ninguna agita "fuera el FMI" ni mantiene la consigna de "la deuda es con nosotras" que sostenía antes de integrarse al gobierno.
¿Cómo estamos desde el “Presupuesto con perspectiva de género” con múltiples planes y programas, y la realidad hoy respecto a la violencia de género?
Desde La Izquierda Diario Investiga y la Sección Género y Sexualidades decidimos comparar lo presentado oficialmente como el Plan Nacional de Acción Contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 (Junio 2020) con la realidad respecto a las partidas presupuestarias, los refugios y el Programa Acompañar.
Presupuesto
Según el plan, en la página 130, el presupuesto asciende a $ 18.000 millones, y específicamente para "el financiamiento de obras para la refacción, equipamiento y ampliación de hogares, refugios, así como también para la creación de Centros Territoriales Integrales de políticas de género y diversidad en todo el país" destinan $17.671 millones, casi la totalidad del presupuesto general. Sin embargo, en la página oficial del presupuesto nacional, lo vigente para el Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad (MMGyD) figura tan sólo un tercio de lo informado y no llegó a ejecutarse ni el 10% del mismo entrando al mes de Junio.
«Lo reservado para la Deuda pública es 100 veces el presupuesto para todo el ministerio»
Si lo comparamos con otros ítems, las prioridades no son justamente para las políticas con “perspectiva de género”, tampoco lo son para educación, salud, vivienda, agua potable.
Fuente: elaboración propia en base a Presupuesto Abierto
Lo reservado para la Deuda pública es 100 veces el presupuesto para todo el ministerio, y ya fue ejecutado casi el 50%. Esto explica en parte la inacción de los ministerios y secretarías de género para tomar medidas mínimas contra los femicidios.
Refugios y centros de asistencia
Desde LID Investiga y la Sección Género y Sexualidades hicimos un Pedido de Acceso a la Información pública al ministerio y nos respondió la responsable del Acceso a la Información Pública, la Directora Nacional de Planificación, Seguimiento y Gestión de la Información del Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad, Victoria Gallo. Aunque no respondió todo lo que preguntamos, nos dice que:
El MMGyD elaboró un proyecto que prevé la construcción de 30 Centros Territoriales Integrales (CTI). En una primera etapa, con el Ministerio de Obras Públicas y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se avanzará en la creación de 15 CTI en localidades de diferentes provincias del país.
Según el informe es parte del plan, sin embargo la AABE otorgó por el momento, en mayo del 2020, un enorme edificio vacío hace años (donde funcionaba el archivo del Ministerio de Economía), en el barrio de San Telmo, pero no para un refugio o un centro de asistencia, sino para que funcione el propio ministerio.
Según nos informó el MMGyD, en todo el país hay 142 centros territoriales con 1.800 plazas. Mientras las llamadas recibidas sólo por la Línea 144 durante el 2020 fueron 30 mil y se produjeron alrededor de 300 femicidios. Aún hay provincias, como Formosa y Tierra del Fuego, que no cuentan con ningún centro ni refugio. Y ya suman 127 femicidios en lo que va del año.
Fuente: elaboración propia en base al expediente electrónico en respuesta al Pedido de Acceso a la información pública, realizado al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (abril 2021)
Por otro lado, la semana pasada inauguraron un refugio en Tucumán en “articulación” con la ONG “Gotitas de ternura”, cuando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la oposición a Horacio Rodríguez Larreta -y entre ella el Frente de Todos- critica la política de “tercerizar” la obligación del Estado respecto a los refugios y sus consecuencias para con quienes lo alberga como por las condiciones de trabajo de los necesarios equipos interdisciplinarios.
Justamente, sobre los refugios, el ministerio no contestó ni fecha de apertura, tampoco por cuánto tiempo están o pueden albergar a las mujeres, ni quién es el o la responsable del centro, y tampoco si efectivamente cuentan con equipos interdisciplinarios y cuáles son sus condiciones laborales.
Hablamos con Yohia, trabajadora de un dispositivo de atención para mujeres en situación de violencia de género de la Provincia de Buenos Aires quien nos comentaba la situación del centro: "Desde el año pasado vimos como se incrementaron los llamados a la línea telefónica, la necesidad de atención de distintas mujeres que están atravesando situaciones de violencia de género. La creación del Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad no se tradujo en programas integrales para la atención de víctimas de violencia de género. Los profesionales que trabajan en los dispositivos tampoco son suficientes. En mi caso somos 10, la mayoría con pluriempleo porque no nos alcanza. Las modalidades de contratación son precarias".
En Santiago del Estero hay solo un refugio. El viernes pasado en La Banda, un policía asesinó de un disparo a su pareja, María José Fernández. El noveno femicidio en la provincia en el año. Y recordemos: 1 de cada 5 femicidios es a manos de algún agente de las fuerzas represivas del Estado.
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Relacionado con lo anterior, el ministerio implementó un mapa con las instituciones donde recurrir en situaciones de violencia de género. Tiene incorporado los hospitales, comisarías, comisarías de la mujer, y los pocos centros por municipio. Por ejemplo en Rojas, donde Úrsula fue asesinada por su ex novio -un policía al que había denunciado en varias oportunidades y lugares-, figuran 6 lugares. Una comisaría donde su denuncia fue desestimada porque el femicida es de la fuerza; una comisaría de la mujer y un centro de atención, pero aunque diga abierto las 24hs le dijeron que vuelva el lunes. Todas sus denuncias no fueron suficientes, por eso decimos #ElEstadoEsResponsable.
Ninguna funcionaria del MMGyD cuestionó al ministro Berni y su maldita bonaerense por el femicidio de Úrsula y la represión a la movilización pidiendo justicia. Tampoco pidieron separar a los 6.000 policías bonaerenses en funciones con denuncias por violencia de género. Esa es una medida concreta que decidieron no hacer.
Menos gestos, se necesitan más recursos y medidas concretas.
Programa Acompañar
El programa implica otorgar un Salario Mínimo Vital y Móvil ($ 23.544) por 6 meses a las mujeres y personas LGTBI en situación de violencia por motivos de género.
Nos cuentan que “en articulación con la ANSES”, se gestionan las solicitudes en las provincias, y a partir de un informe social de riesgo, se cruzan las compatibilidades o incompatibilidades con ANSES, para determinar su alta al programa.
Tampoco nos respondieron todo lo que preguntamos pero se desprende que es insuficiente y hay demoras para acceder a esta ayuda. El Programa fue presentado el año pasado y hasta marzo, solo 843 personas fueron dadas de alta y otras 1.513 están en proceso de validación para proceder al alta. No llega al 2% del anuncio oficial con el objetivo de asistir a 92 mil personas.
No hay información clara sobre los requisitos y es difícil acceder al programa, cuando la gravedad se refleja en las características de quienes ya lo integran:
El 92% de ellas (775 personas) declararon que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos -solo 2 de cada 10 realizan alguna actividad por la que recibe dinero-, el 86% tienen medidas de restricción con el agresor, y la amplia mayoría tienen personas a cargo (niños, niñas, personas mayores, personas con discapacidades). Casi la mitad de ellas aún vive con su agresor.
Estos datos muestran la distancia abismal entre los discursos y los hechos.
Si tocan a una, nos organizamos miles
El gobierno encaró este segundo año de pandemia con la decisión de ajustar. Se ve en las prioridades y recortes del presupuesto, en los programas y planes sobre la violencia de género y también en el recorte de la ya insuficiente IFE que permitió apenas sobrevivir a muchas familias con jefa de hogar sola, con niñas y niños a cargo, muchas despedidas, sin dinero ni lugar donde vivir.
¿Cómo se van a prevenir nuevos femicidios si, además de recortar los presupuestos para infraestructura y programas de violencia, encima, las mujeres no pueden contar con un trabajo, un salario, un subsidio, una vivienda?
Este aniversario encuentra a muchas mujeres luchando contra el ajuste de la gestión gubernamental durante la pandemia, contra sus empleadores y las direcciones de sus sindicatos que no hacen nada, contra todo lo que las quiere calladas y sumisas. En esas luchas se hermanaron, se organizan, confluyen con sus compañeros, sienten propio el reclamo por vivienda, trabajo, salario, por la aparición con vida de Tehuel, y reactualizan el #NiUnaMenos para salir a las calles contra todas las formas de violencia. Este 3 de junio, nuevamente a las calles.
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