Violencia Machista. Dos mujeres y un mismo reclamo: el Estado es responsable

Inés (el nombre elegido para resguardar su identidad) y Olga Díaz, son dos mujeres que atravesaron situaciones muy diferentes y que sin embargo tuvieron que enfrentar la violencia machista ejercida desde el Estado, que lejos de estar ausente fue claramente responsable.

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Cuando Inés tenía 19 años fue acusada de homicidio agravado por el vínculo, luego de parir en su casa un feto sin vida. El juicio se llevó a cabo sin incluir una perspectiva de género y basándose en prejuicios y estereotipos que se apoyaron en sentidos comunes como el de “mala madre” o falta de “instinto maternal”.

Olga, por su parte, sobrevivió al ataque femicida de su marido, lo denunció en varias oportunidades sin lograr que el Estado actuara para proteger su vida.

Inés tuvo que sobrellevar un parto sola en su casa, asustada y con un bebé de un año bajo su responsabilidad. Sin embargo el Tribunal no consideró este contexto. Sí en cambio interpretó algunas conductas de Inés para llegar a la conclusión de que no era una “buena madre” porque no había controlado su embarazo con un médico y ni siquiera había elegido el nombre del bebé que esperaba.

Olga llevaba casada 36 años, hasta que su marido intentó matarla y luego de estar 45 días en el hospital sobrevivió. Había hecho todas las denuncias correspondientes, incluso en la Oficina de Violencia de la Corte Suprema. Pero nada pudo impedir el ataque de su marido.

El Defensor oficial de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Mario Coroliano, tomó el caso de Inés a pesar de que habían transcurrido trece años. Junto con el Área de Recursos Extraordinarios y Marina Gómez a cargo del Programa de Género de la Defensoría de Casación Penal de la misma provincia, presentaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDHH), considerando que esa condena ubicaba a Inés como víctima de violencia de género del sistema judicial argentino culpándola de un homicidio no probado.

Olga, luego de su recuperación, decidió recurrir a la Defensoría General de la Nación y a través de este organismo presentó una denuncia ante el Comité de la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW, por su sigla en inglés).

El resultado de esta acción fue la firma de un convenio en donde el “Estado argentino reconoce su responsabilidad internacional por el deficiente tratamiento judicial que le dio y que significó una vulneración de tratados internacionales que fijan el deber de los funcionarios de actuar diligentemente para prevenir la violencia de género”.

Por su parte, en la presentación que hizo la Defensoría en el caso de Inés manifiestan que “resulta mucho más difícil e incómodo para la sociedad advertir que una mujer imputada también puede ser víctima porque se trata de una ‘mala víctima’ por haber incumplido con ciertas expectativas patriarcales respecto de las mujeres”.

Lo que están intentando es que se deje sin efecto la sentencia y que no queden registros de antecedentes penales. Señalan, desde la Defensoría, que es la primera vez que una mujer imputada por un delito es víctima de la justicia machista y patriarcal que prevalece en todos los estratos judiciales del Estado argentino. Como la condena quedó firme a partir de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Inés podría quedar detenida en cualquier momento, ya que durante todos estos años estuvo en libertad por una eximisión de prisión.

Si bien las experiencias de Inés y Olga son diferentes, el Estado es el denominador común de ambas y responsable de los derechos vulnerados de las dos.

En definitiva cuando hablamos que la opresión hacia las mujeres es sistémica, queremos decir que la imposibilidad de acceder a derechos elementales o la discriminación, son partes que hacen al funcionamiento de una sociedad que, apoyándose en la desigualdad, se vale de prejuicios patriarcales para ocultarlas.

La responsabilidad del Estado, que sigue dando la espalda a la situación de las mujeres, sin promover medidas elementales y revictimizándolas cuando denuncian, igual que lo hace en los procesos judiciales, no sólo las somete a nuevos violentamientos y maltratos. También actúa como un mensaje de advertencia para todas las mujeres: callarse es más conveniente que denunciar. Ese es el mensaje que produce, reproduce y refuerza el accionar estatal.

Estas dos mujeres pasaron por experiencias distintas, Inés enfrenta una condena por homicidio, Olga casi pierde la vida a manos de su marido. Es urgente que desde el Estado se apliquen las políticas públicas de emergencia en materia de género: medidas mínimas, elementales, como refugios, atención integral, acompañamiento, licencias laborales, subsidios y empleo. Cuestiones básicas que permitirían, al menos, ser un paliativo para la situación que atraviesan millones en el país.