Cornejo pide una tarifa “patagónica” para Mendoza, con un aumento del 740% en 3 años. Pero la empresa de Nicolás Caputo no demoró en amenazar con dejar sin servicio nuestros barrios si esto es aceptado.
Martes 13 de septiembre de 2016 12:08
A partir del 1 de octubre las boletas llegarán a los usuarios con un aumento promedio del 203%, muy lejano al de las boletas con un tope del 80% que llegaron luego del fallo local de la justicia federal. Cada seis meses habrá nuevos aumentos, que podrían llegar en el 2019 a un 1200%. El Gobierno provincial busca convencer a Aranguren de incluir a Mendoza en una tarifa diferencial de gas, como la que tiene el régimen tarifario patagónico, en donde los plazos para llegar al 1200% serán más extensos, llegando hasta 2022.
Es que según el Secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli, “estamos dentro de las provincias más frías durante el invierno. Y con temperaturas mínimas, de hecho menores a las de la región Patagónica”. Por este motivo pedirán además al Gobierno Nacional que se amplíen los rangos de consumo, llevando los umbrales de R2 de 400 m³ hasta 800 m³, ya que este rango es muy inferior a lo que se necesita una familia para calefaccionar su un hogar en los meses más crudos del invierno mendocino.
Sin embargo, la Distribuidora beneficiada por los millonarios subsidios del kirchnerismo, salió duramente al cruce de este pedido. Denunciando en una presentación hacia la Audiencia Pública que “Mendoza es la provincia de la región con mayor cobertura de la red de gas”. En total hay 389.220 hogares con acceso a ese servicio, lo que representa el 67% de cobertura. El 33% de hogares restante usa gas de garrafa u otro método según la información de la empresa, que utiliza ese argumento para chicanear. “La única inequidad y/o desigualdad la sufre la población de bajos recursos que no tiene acceso al servicio de gas natural por redes y deben consumir gas en garrafas, leña u otros combustibles más costosos. Curiosamente, nadie se arroga representación ni atiende a los intereses del 37,8% de la población de Mendoza, San Juan y San Luis que no tiene acceso al gas natural y cada vez tiene menos posibilidades de tenerlo hasta tanto no se sincere la tarifa por el servicio y se puedan realizar las inversiones correspondientes”.
Allí también señalan que “tanto en la zona sur de Mendoza (San Rafael, General Alvear y Malargüe) como en la zona Este (San Martín, Rivadavia, Junín, y localidades de Rodeo del Medio, Fray Luis Beltrán y San Roque del departamento de Maipú) no se pueden conectar clientes, en tanto que en San Luis Capital y la localidad de Colonia Segovia del departamento de Guaymallén, el año próximo entrarán en restricción total. Es decir, de no recomponerse la situación tarifaria y concretar la RTI logrando su implementación efectiva, el próximo año sólo podrán conectarse clientes en la Provincia de San Juan, que representa el 19% del total de clientes de ECOGAS”. Una verdadera amenaza a los barrios populares de nuestra provincia.
A esta extorsión abierta y directa sobre nuestra provincia, hay sumarle la llamativa autoincriminación que hace la empresa que se autodenuncia por no haber hecho las inversiones necesarias para el normal funcionamiento de la red, y tener hoy “zonas rojas” que podría sufrir cortes o falta de conexión programada.
La distribuidora del empresario Nicolás Caputo, que fue la primera en demandar judicialmente al gobierno nacional para exigir la suba de tarifas en diciembre del año pasado, señala además en el escrito que presentó ante la audiencia que “para levantar las actuales restricciones del sistema se requieren inversiones por valor de $1.239 millones de pesos, en valores estimados de junio de este año”.
Ahora que la empresa “sincera” un supuesto plan de inversiones, en lugar de salir a extorsionar a la provincia, debería explicar qué hizo con los subsidios recibidos estos años “a los efectos de solventar los gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento de la prestación del servicio público de distribución del gas natural por redes y a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)” por parte de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación a cargo de Julio De Vido. Tan sólo el año pasado (2015), una erogación de $2.590 millones del estado nacional fue destinada a ser repartida entre nueve empresas distribuidoras de gas del país, dos de las cuales (Distribuidora de Gas Cuyana S.A. y Distribuidora de Gas del Centro S.A.) pertenecen a Ecogas. Según ese “adelanto a cuenta” de la RTI, si las inversiones no se han realizado, es Ecogas la que le debe a la provincia, y no la inversa.
El gobierno y la legislatura provincial no pueden permitir esta amenaza a los sectores más vulnerables de nuestra provincia, por parte de esta firma de especuladores y vaciadores. Es necesario que se trate nuestro proyecto para impulsar la creación de una Comisión Auditora Independiente que investigue las cuentas y el real estado de esta empresa.
