La Dirección General de Escuelas anunció titularizaciones docentes tres instituciones: el 9-003 “Mercedes Tomasa San Martín de Balcarce”, de San Rafael; el 9-021 “Tecnológico Junín”, de Junín, y el 9-027 “S/N” de Guaymallén a siete años. Detrás de la supuesta igualdad de oportunidades esconden la precaridad laboral de cientos de docentes en la provincia. Tenemos el desafío de pensar la educación superior que queremos junto a estudiantes, quienes la protagonizan.
Jueves 2 de diciembre de 2021 12:21
Foto| Mendoza Gobierno
Hay claras estrategias utilizadas por la derecha para avanzar sobre derechos laborales docentes. La idea de que el colectivo docente falta a su trabajo sin justificaciones fue la causa que utilizaron para decretar el ítem aula. Los bajos puntajes en las pruebas internacionales justificaron un proyecto de ley de educación mercantilista. Pocas vacantes de cargos docentes en aulas superpobladas motivan declarar anualmente carreras prioritarias.
Ahora, la falta de titularización en educación superior, un derecho laboral incuestionable, viene a ser utilizado para justificar concursos docentes atitularizar con vencimiento a 7 siete años. Vestido de un ropaje de igualdad de oportunidades, el discurso oficial no hace más que reconocer que quienes llevamos más de 10 años trabajando en educación superior sin acceder a la titularización seguiremos en una situación de flexibilización laboral; no solo es posible que peligre nuestro trabajo en función de la prioridad que se le de a la carrera en la que trabajamos sino que nuestra estabilidad laboral depende de buenos informes de nuestros superiores y la reválida de las horas cada 7 años. Hace unos días conocimos la grilla de perfiles para cada unidad curricular, tan poco participativa como los decretos hasta aquí conocidos, que acota tanto quienes pudieran presentarse como la formación en educación superior.
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El decreto 530 que se presenta como democratizador no es más que un instrumento elaborado sin participación de quienes hacemos las instituciones de educación superior. Además reglamenta la actividad de los consejos directivos ad referéndum de la Coordinación de Educación Superior, impone requisitos de cantidad de estudiantes para la apertura de una nueva cohorte y edilicias a cada instituto de educación superior, establece que docentes tomen nuevas horas solo a término y presenta un intento imposible de concurso docente.
Los concursos docentes que fueron recientemente anunciados se harán en tres IES: el 9-003 “Mercedes Tomasa San Martín de Balcarce”, de San Rafael; el 9-021 “Tecnológico Junín”, de Junín, y el 9-027 “S/N” de Guaymallén. Esto que se presenta como un acto democratizador, desacreditando los concursos en los que hemos participado hasta la fecha, oculta que las instituciones en las que se realizarán son intervenidas, es decir, funcionan sin equipo directivo elegido democráticamente por la comunidad educativa. Se argumenta que de esta manera, con un equipo docente en condiciones de titular, se posibilita el acto eleccionario con profesores elegibles para los cargos a ocupar. Profesores elegibles, pero en una precarización novedosa. Además de la mirada reduccionista hacia la formación y las posibilidades laborales, especifica que las horas tomadas y que sean de una unidad curricular cuatrimestral, se cumplen en el otro cuatrimestre tanto en la formación inicial como en la formación continua. Es decir, flexibiliza al 2 por 1: una sola carga horaria para cumplir dos funciones.
Según el decreto 530 el llamado a concurso implica la conformación de un jurado, con miembros respondiendo a distintos requisitos; ninguno de ellos nombra al sindicato como parte del jurado. Los tiempos para llevar a cabo los llamados para todos los institutos de la provincia resultan extensos y casualmente mientras tanto se mantienen las horas a término.
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Así, el conjunto de trabajadores que nos desempeñamos en educación superior somos desacreditados frente al resto de docentes e incluso ante estudiantes que ejercerán la docencia, marcándonos como quienes nos saltamos los concursos para acceder al trabajo. Somos apresados por el discurso de quienes nos harán titulares, pero el papel dura siete años. Tenemos el desafío de pensar la educación superior que queremos junto a estudiantes, quienes la protagonizan. En este marco, el SUTE ha exigido la derogación del decreto 530 y condiciones de estabilidad laboral y pedagógica. Nos queda unirnos a esta exigencia y pensar colectivamente cómo enfrentamos el avance sobre derechos laborales conquistados
