El Ministerio de Economía de la provincia informó que el Obispado de la ciudad de Orán fue usado como “hotel” y recibió casi medio millón de pesos por alojar pacientes y posibles aislados con covid-19.
Jueves 1ro de octubre de 2020 00:03
El Ministerio de Economía de Salta envió este martes un informe a la Legislatura local que muestra las partidas destinadas a los hoteles que, durante estos más de seis meses de cuarentena, estuvieron alojando a las personas que debían realizar el aislamiento obligatorio.
Uno de los “hoteles” que percibió una alta suma es el Obispado de la ciudad de Orán, a cargo de Luis Antonio Scozzina, de excelente relación con el Papa Francisco. Recibió $434.700 por parte del Gobierno de Salta para alojar a personas en la Casa de Retiros.
A lo escandaloso y repudiable que resulta que una institución como la Iglesia, que se dice sin fines de lucro, reciba tanta plata se le suma que esta cifra dista mucho de otras recibidas por el mismo servicio brindado por privados. Por ejemplo, el hotel “Baritú” recibió 94.500 y los Bomberos Voluntarios de la ciudad, quienes también pusieron a disposición sus dependencias, recibieron 0 pesos.
Iglesia y capitalismo
La intrínseca relación de los partidos patronales con la Iglesia católica es histórica. Está en lo profundo de un sistema social capitalista, y de la casta política de los partidos patronales que nos gobiernan, subordinada a los intereses de la Iglesia Católica y los grandes empresarios. Así lo expresaba ayer en su programa radial el periodista Fernando Climent, presidente del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos (ILEC) Salta.
“Podríamos justificar por qué le dan a la Iglesia tanto. Los ministros que tiene en el gabinete hoy Gustavo Sáenz tienen altísimos vínculos, si Urtubey los tenia directa o indirectamente por familia en común con la Iglesia, hay hoy en su gabinete muchísimas personas que tienen altísimo vínculo con la Iglesia”.
Como muestra sobra con nombrar a los antiderechos Matías Cánepa, en Educación, y Roberto Dib Ashur, en Economía, que gobiernan a favor del oscurantismo y de mantener los privilegios, y engordarlos aún más, de esta institución milenaria. Y son solo dos.
Gran negocio y propiedades
El patrimonio de la curia local es de, al menos, 122 propiedades. Quince de ellas son rurales, por 400 hectáreas, y el resto urbanas, por 800 mil m². La mayoría de estos inmuebles fueron donados por el Estado: 32 bajo la dictadura, 35 durante los Gobiernos de la familia Romero y 40 en los de Urtubey. Un verdadero negocio.
La última adquisición fue en el mes de junio pasado, cuando la Legislatura aprobó una donación a la Iglesia de La Candelaria, de un predio que contiene el edificio de una escuela rural en desuso. Dicha donación había sido requerida por la Iglesia salteña al gobernador Urtubey en 2018, y aprobada en senadores en 2019. ¡Y en Salta faltan escuelas!
Además, los montos en calidad de “sueldos” y sostenimiento del culto, incluso se contemplan cada año en los presupuestos. A nivel nacional, y de acuerdo a lo establecido en el presupuesto destinado para el 2020, la Institución ha recibido la importante suma de 155 millones de pesos. Cifra que no ha sido modifica en lo que respecta para el período 2021. En esta cifra no están contemplados subsidios que puedan concederse por restauración de templos o programas impulsados por la medieval organización como el actual programa contra las adicciones “Potenciar Acompañamiento”, llevado adelante por las curias.
Iglesia y Estado, asunto separado
Este perfecto matrimonio entre estado e Iglesias no solo cuestan dinero, sino que cuestan vidas. Estos cuantiosos presupuestos podrían ser destinados a educación y salud al igual que las propiedades con las que la Iglesia lucra.
La intromisión de las Iglesias en las políticas públicas es también la que impide que la ESI se dicte en todos los niveles y de manera efectiva, a 14 años de su aprobación como ley nacional. Y no solo en Salta. Es la institución que mayor influencia tiene para lograr frenar este año el debate en el Congreso de la ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y la que impide que en la provincia se apruebe el nuevo protocolo de Aborto No Punible.
Por eso la organización, desde abajo, por la real separación de las Iglesias y el Estado se hace cada vez más evidente y necesaria.
