Integrantes de la comunidad coya de El Arazay, regresaron de Mendoza y están varados en la ciudad de Orán, en el norte de Salta. En medio de la cuarentena el gobierno boliviano impide el único acceso a esos poblados y el gobierno de Sáenz ni siquiera garantiza condiciones de alojamiento, alimentos y agua caliente.

Natalia Morales Diputada provincial PTS-FIT, Jujuy | @NatuchaMorales
Martes 14 de abril de 2020 22:34
Como venimos dando cuenta, el cierre de fronteras provinciales y nacionales ante la pandemia del coronavirus vienen afectando a miles de trabajadores y trabajadoras rurales golondrina. Ellos viajan principalmente desde el norte del país hacia las provincias del Cuyo y del valle de Río Negro en el mes de enero para trabajar en la cosecha de frutas y verduras hasta los meses de marzo y abril, y posteriormente regresar a sus hogares, y así continuar con el calendario de trabajos estacionales.
A las familias golondrina de la comunidad coya de El Arazay, se les suman otros problemas. Además de haber vivido la odisea como el resto de los trabajadores migrantes para salir de provincias como Mendoza y llegar a sus provincias de origen, viajando más de 20 horas, carecen de algo tan elemental como contar con carreteras en Salta para poder llegar a sus pueblos, como sucede también con otras comunidades del departamento de Santa Victoria Oeste.
Es así que ante la cuarentena y el cierre de fronteras, el Estado boliviano está impidiendo que las mismas recorran más de 80 kilómetros por ruta boliviana desde la frontera entre Aguas Blancas y Bermejo, para luego ingresar nuevamente al país y recorrer varios kilómetros más para llegar a cada uno de los poblados, obviamente sin ningún medio de transporte público.
Mientras desde el país adjudican todas las responsabilidades al estado boliviano, y afirman que desde cancillería estaría realizando tratativas para destrabar el problema, hemos visto en estos días situaciones muy graves de violaciones de derechos humanos a los trabajadores golondrinas y sus familias dentro de las fronteras nacionales.
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Las 27 personas adultas y los 13 niños y niñas, que se encuentran desde el día viernes en el Polideportivo Municipal de la ciudad de Orán en el norte de Salta no ni siquiera con con agua caliente para bañarse. Si bien desde el municipio se habilitó el lugar para las mismas, solamente han recibido un colchón para dormir en el piso, sin mantas o frazadas, ni elementos de higiene. Además las familias se alimentan con donaciones recibidas por organizaciones y vecinos solidarios.
En la ciudad donde se perfilan hoteles de lujo para los grandes empresarios y familias que producen soja, las familias indígenas de Salta, que viajan al sur a cosechar alimentos y bebidas para otros, viven una vez más el maltrato del Estado y de los gobiernos. Mientras tanto el gobernador Sáenz niega una vez más la grave realidad que viven las comunidades indígenas de esa provincia, la situación de las mismas es bastante grave, si siquiera cuentan con infraestructura para llegar y vivir en sus pueblos, ni con servicios elementales.
Desde el PTS FIT venimos denunciando esta grave situación y acompañando a trabajadores y trabajadoras golondrina en las varias provincias del país, como Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza y Río Negro, donde planteamos la inmediata resolución y transporte de todos los golondrina a sus provincias presentado por Nicolás del Caño en el Congreso, como también que el gobierno nacional y cada provincia garantice condiciones de higiene y sanitarias como también hospedaje y alimento.
Sus vidas valen mucho menos que los tachos de uva que recogen para el negocio de las grandes bodegas, o de las toneladas de soja que cosechan a pocos kilómetros de sus casas.