Colapso del sistema de salud. El Gobierno de Santa Fe suspende licencias y pone en riesgo a trabajadores de la salud

El ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe resolvió suspender las licencias justificadas de todo el personal de salud de efectores provinciales. La medida alcanza al conjunto del personal de salud que tenga licencias justificadas, incluyendo los y las trabajadores que se encuentran con licencias debido a pertenecer a grupos de riesgo para infección grave por Covid. En medio de una crisis sanitaria sin precedentes, que deja al desnudo la falta de inversión en salud, el gobierno de Omar Perotti prefiere poner en juego las vidas de trabajadores antes que contratar (en blanco y con sueldos dignos) al personal necesario para hacer frente a la crisis.

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La resolución Nº685, fechada el 22 de septiembre y firmada por la ministra de Salud de la Provincia, establece el cese de todas las licencias determinadas por los decretos provinciales 264 y 266/2020. La medida afecta a todo el personal de efectores provinciales que se encuentra haciendo uso de licencias justificadas. Esto incluye a quienes se encuentran a cargo de niños en edad escolar, en contexto de la suspensión de actividades escolares presenciales y aquellos que tienen un riesgo aumentado de patología grave y muerte por Covid19. Para estos últimos, la medida significa en una orden del gobierno provincial de poner su salud y su vida en riesgo para cubrir la insuficiente inversión gubernamental para hacer frente a la pandemia.

La resolución provincial fue cuestionada por distintos gremios del sector. ATE y UPCN rechazaron la medida y pidieron al gobierno que aclare cuáles serían las “causas de fuerza mayor” que se encuentran exentas. El sindicato profesional Siprus denunció que la medida no sólo afecta a quienes se encuentran con licencias, sino que podría dejar en la calle a aquellos trabajadores que se encuentran como reemplazantes. Lamentablemente, aún ninguna de las organizaciones gremiales anunció medidas para enfrentar esta resolución.

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La medida se justifica en la situación de virtual colapso del sistema de salud provincial. Al día de hoy, el sistema público presenta una ocupación de camas de terapia intensiva mayor al 97%, siendo la ocupación de camas de internación general superior al 91%. A esto se suma la notoria falta de personal, que llevó a la increíble decisión de entregar parte de los respiradores del sector público a los prestadores privados por no contar con personal para operarlos. Como denunció La Izquierda Diario a principios de septiembre, las contrataciones de nuevo personal se hicieron de forma precaria (como monotributistas, sin derechos elementales como licencia por enfermedad) y claramente insuficientes para hacer frente a la demanda. Así, el Hospital modular inaugurado en Granadero Baigorria por Omar Perotti y Alberto Fernández quedó con gran parte de sus camas en desuso por falta de personal.

A este pasmoso desinterés por la salud y la vida de los santafesinos y de los trabajadores de la salud, se suma la persistente falta de insumos necesarios para garantizar la atención. Trabajadores de salud denuncian que centros de salud provinciales y municipales se encuentran “al borde del cierre” por no contar con los elementos de bioseguridad necesarios para atender pacientes en el contexto de la pandemia. Una situación similar se vive en algunos hospitales, donde el “racionamiento” de elementos como barbijos y batas obliga a extender su uso más allá de su vida útil efectiva.

Las condiciones de trabajo del personal de salud que está en la primera línea sufriendo contagios y muertes a nivel nacional, es también importante y decisivo para la vida de todos los trabajadores y sectores populares que se atienden en los hospitales públicos, porque son los que sufren las consecuencias de un sistema desfinanciado y de trabajadores precarizados de la salud.

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Durante los meses de aislamiento, los gobiernos nacional y provincial hablaron muchas veces de la “necesidad de preparar el sistema de salud para hacer frente al aumento de casos”. Lamentablemente, la realidad mostró que no fueron más que palabras vacías y, en casos como el del Hospital modular, una gran campaña publicitaria que no tuvo en cuenta las necesidades de los santafesinos, sino los anuncios para las cámaras.

Mientras la provincia sigue sin realizar tests diagnósticos suficientes para garantizar el adecuado seguimiento y rastreo de las personas afectadas, mientras el sistema de salud cruje por la falta de presupuesto, el gobierno decide que la salida es poner en riesgo la vida de trabajadores que deberán pagar con su salud el abandono estatal.

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Frente a una situación que se deteriora rápidamente la única salida posible es unificar el conjunto del sistema de salud, público y privado, poniéndolo al servicio de las necesidades de todos los santafesinos. Igual de indispensable es incorporar a todo el personal necesario, en blanco, con sueldos dignos y todos los derechos laborales necesarios, además del pase a planta permanente de todo personal del sistema de salud, para que ningún trabajador tenga que quedarse sin ingresos por haberse contagiado, al mismo tiempo que se garantizan todas las licencias para el personal con factores de riesgo.