En Escobar, los grandes mercaderes de suelos aprietan el acelerador y van por la urbanización total de los humedales, con el abierto apoyo del gobierno municipal de Ariel Sujarchuk. Los bienes comunes en disputa, y el rol de la Justicia y la sociedad civil.
Jueves 11 de noviembre de 2021 15:04
fotos. Pablo Varela
Mercaderes al abordaje
Ocurrió hace dos semanas en uno de los coloquios de la muestra “Expo Escobar”. En el escenario, Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, desgrana su discurso improvisado con la soltura y la seguridad de quien se siente y se sabe dueño de casa. Entusiasta, celebra que Escobar es “un lugar muy especial” porque en este momento hay “más de dos mil hectáreas en desarrollo”. Con este eufemismo se refiere a la destrucción de esa misma superficie de humedales por parte de los “cuatro grandes” mercaderes de suelos: Consultatio, Eidico, JPU y E2, todos ellos conspicuos asociados de la Cámara que representa.
En un crescendo de euforia (“es música para nuestros oídos”, afirma), Tabakman celebra que el Gobierno provincial avance en “profundizar la regularización dominial” de sus emprendimientos, otro eufemismo que en este caso refiere a las resoluciones por las cuales el Municipio y la Provincia convalidaron las urbanizaciones y las subdivisiones de suelo, haciendo la vista gorda a los múltiples incumplimientos legales, incluyendo los gravísimos incumplimientos ambientales. Ya la ex gobernadora Vidal les había regalado una mega-regularización, muy criticada en aquel momento, con toda razón, por el Frente de Todos, entonces en la oposición. Pero los tiempos cambian y el actual gobernador Kiciloff ya les ha regalado otra regularización aún más amplia que la de Vidal.
No es casualidad: estos mercaderes están enquistados dentro de todas las estructuras del Estado provincial, más allá de los cambios de gestión, ejerciendo una constante “captura regulatoria”, es decir la creación de normas y regulaciones diseñadas a la medida de sus intereses. Un caso bastante elocuente es el de Dante Galeazzi, predecesor de Tabakman en la Cámara empresarial, directivo de Nordelta y yerno de Eduardo Constantini, quien ocupó el estratégico cargo de Director Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial durante la gestión de Vidal. Curiosamente, en su perfil de Linkedin, Galeazzi se presenta actualmente como Asesor de la Unidad Ministro - Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos - Provincia de Buenos Aires.
Finalmente, y cuando el público creía que no habría más lugar para el asombro, Tabakman, ya sin filtro, muestra todas sus cartas y exhorta al gobierno a abrir un nuevo blanqueo de capitales, exclusivo para su sector, reconociendo empero que no es algo para anunciarse antes de las elecciones, sino para hacerse directamente después. Un auditorio atónito es testigo del abierto reclamo del empresario al Estado, para que le permita financiar sus negocios con dinero ilegal.
Más claro, échenle agua
Lo anterior podría ser una simple anécdota típica de las demandas de un representante empresarial ejerciendo lobby para su sector. Pero lo verdaderamente preocupante se dio en otro coloquio, llamado “Triple impacto positivo de los Desarollos Urbanos”, en el cual María Laura Guazzaroni, Secretaria Legal y Técnica del municipio de Escobar y primera candidata a concejal por la lista del Intendente Ariel Sujarchuk, hizo suya la demanda de los mercaderes de suelos, y en una verdadera asociación conceptual ilícita, planteó que la “regularización” iba a permitir al Estado municipal exigirles el cumplimiento de las normas ambientales, en un reconocimiento implícito de que hasta ahora no se lo han exigido. En amable charla con dos representantes de los mercaderes Eidico y Consultatio, y sin percibir que había cometido un sincericidio, remató diciendo que de ahora en adelante esas urbanizaciones iban a tener que hacerse de modo “empático con el ambiente”, un evidente oxímoron dado que para urbanizar un humedal necesariamente se requiere, tanto técnica como regulatoriamente, rellenarlo, o sea destruirlo.
Quizás de modo involuntario, Guazzaroni admitió dos cosas que su jefe político Sujarchuk siempre se ha negado a reconocer: primero, que el municipio de Escobar tuvo y sigue teniendo la facultad de clausurar las urbanizaciones en curso por sus múltiples incumplimientos, y segundo, que seguirá convalidando nuevas urbanizaciones.
Toma y daca
Las evidencias al respecto ya abundaban. En noviembre de 2016, con el debate de la ley de humedales en agenda, y dos fallos de la Justicia Federal que habían ordenado paralizar todas las obras en la cuenca del Río Luján, el recién asumido Sujarchuk surfeaba la ola y celebraba con pompas y tono épico la sanción de la Ordenanza 5360/16, una norma francamente elogiable y progresiva en materia ambiental que impide la urbanización en la mayor parte de los humedales insulares comprendidos entre el Río Luján y el Paraná (aunque sugestivamente fueron excluidas las parcelas con frente a éste último curso).
Pero apenas un mes después, en un marco de absoluta discreción e incumpliendo con el proceso participativo que marca la ley, promulgó la poco conocida pero decisiva Ordenanza 5399/16, que convalidó todos los planes de sector de las urbanizaciones en curso o aún no iniciadas, sobre la casi totalidad de los bajíos ribereños, es decir las 4500 hectáreas al Este de Belén comprendidas entre las zonas altas y el Río Luján, afectando nada menos que el 15 % de la superficie del Partido. Así, el gobierno de Sujarchuk, en los hechos dio vía libre a los emprendimientos El Cazal, El Naudir, el Cantón, San Matías y Puertos, entre otros, todos ellos paralizados por los fallos de la jueza Arroyo Salgado y el juez Charvay, y que habían avanzado siempre en base al “manual del hecho consumado” acumulando sinnúmero de irregularidades. Los propios considerandos de la Ordenanza son más que elocuentes: “(…) es voluntad del poder ejecutivo promover la homologación normativa en aquellos sectores en los que se reconozcan situaciones existentes en el territorio y que cuenten con gestiones iniciadas”. Significativamente, para la misma época, se firmaron varios acuerdos entre el gobierno municipal y los mercaderes de suelos, cuyo contenido es mantenido en secreto.
La interpretación política de esta secuencia es sencilla: las 4500 hectáreas de los apetecibles humedales continentales fueron destinadas a zona de sacrificio, como moneda de cambio de la preservación de parte del sector insular. La inacción municipal ante obras que siguen avanzando destruyendo humedales ya no puede explicarse, entonces, como “un problema heredado de la gestión anterior” como pretende el actual Intendente, sino que se revela claramente como una decisión política.
Con esta decisión, Sujarchuk otorgó además una pátina de legalidad a emprendimientos que aún no se habían iniciado o que estaban recién comenzando sus primeras obras. El ejemplo paradigmático de esta situación es Naudir Delta, un emprendimiento de la empresa E2 del empresario Adrián Saracco , que considerando sus dos etapas abarcaría 180 hectáreas ubicadas al pie de las barrancas del Cazador y linderas a la Reserva Ambiental La Cañada, la única del Distrito. La Cañada del Cazador es un lugar con un valor ecológico y paisajístico tan singular que resulta absolutamente comparable al Parque Nacional Ciervo de Los Pantanos situado a escasos 10 km al Noroeste.
Amigos son los amigos
Al asumir Sujarchuk su primera gestión en diciembre de 2015, la empresa E2 apenas había comenzado, en absoluta ilegalidad, a remover las primeras hectáreas de suelos en la parcela proyectada para Naudir Delta. Pasados seis años, los daños ambientales son enormes: 95 hectáreas de humedales destruidos y rellenados, 30 hectáreas de lagunas artificiales excavadas y conectadas a los acuíferos, miles de millones de litros de agua dilapidados, millones de metros cúbicos de suelos movilizados. La lindera Reserva La Cañada, con sus 200 especies de aves y mamíferos y sus paisajes únicos, agoniza como un órgano al que se le niega la sangre: los terraplenes de Naudir Delta cortan el acceso de las inundaciones regulares que traen la Vida al humedal, y la condenan al desecamiento y a la desaparición. La fauna que antes habitaba allí, ha ido mermando, aplastada por la maquinaria, o ha emigrado a otras áreas. O, mostrando otra cara a veces no muy visibilizada de privatización de los bienes comunes, ha ido a asentarse en las propias lagunas de los barrios cerrados, donde hoy vemos los coipos, carpinchos y cisnes de cuello negro que habitaban antes en los humedales de La Cañada y otros sitios que han sido víctimas del ecocidio perpetrado por estos mercaderes.
La alianza entre el gobierno conducido por Sujarchuk -quien coherentemente, vive en un barrio náutico en el megaemprendimiento Puertos- y los empresarios inmobiliarios, ha demostrado ser muy sólida: ante las denuncias y los pedidos de información pública sobre Naudir Delta, realizados por la asociación ambientalista Organización de Ambientalistas Autoconvocados, y por vecinos de Escobar, la respuesta fue la inacción y el ocultamiento. Esta actitud, que persiste desde hace casi tres años, ha generado un formidable obstáculo para que la entidad ambientalista pudiera fundamentar una denuncia judicial para lograr la paralización de las obras. Sorprendentemente, o no tanto, en ese valioso tiempo que le ha regalado el gobierno municipal, la empresa E2 ha avanzado de modo igualmente irregular en la obtención de permisos con los que no contaba y que de acuerdo a la ley, deberían haber sido obtenidos en forma previa al inicio de obra. Por ejemplo, el certificado de aptitud hidráulica, que la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, en una resolución plagada de irregularidades, le habría otorgado recién en abril de 2020, cuando las obras prácticamente ya habían deglutido toda la parcela. Tampoco hasta la fecha se han exhibido las habilitaciones ni evaluaciones ambientales municipales, también requisitos previos al inicio de obra.
Pero lo más escandaloso, es que luego de años de ocultar la información, el gobierno municipal exhibió finalmente, y bajo apremio judicial, una supuesta Declaración de Impacto ambiental, provista por el propio empresario Saracco, que difiere de la exhibida por el OPDS, organismo emisor de la misma, justamente en la inclusión de la parcela cuestionada. Extrañamente, del expediente surgió que la propia Dirección el Ambiente del municipio ya había reconocido en junio de 2019, la inexistencia de una Declaración de Impacto Ambiental sobre la parcela de Naudir Delta. Esta contradicción nunca pudo ser explicada por los funcionarios municipales, como tampoco se brindó justificación alguna (y cuesta imaginarla) de cómo sería posible que una misma resolución de OPDS tuviera dos “versiones” diferentes. Para completar las evidencias de connivencia, ante esta contradicción el gobierno municipal, insólitamente, dio por válida la copia presentada por el empresario en lugar de la emitida por el organismo oficial bonaerense, por lo cual ha persistido en su negativa a clausurar la obra.
Preguntas… ¿y respuestas?
¿Realizó la empresa un minucioso trabajo de adulteración de este documento durante los años que les regaló el gobierno municipal con su actitud de ocultamiento e inacción? ¿Fue este ocultamiento una estrategia deliberadamente orientada a avalar el accionar ilegal del empresario y obstaculizar el acceso a la Justicia por parte de la sociedad civil? ¿continúa la cadena de complicidades en otros organismos como la Autoridad del Agua o el propio OPDS? Todas estas cuestiones se desarrollarán seguramente en una causa judicial penal. ¿Estarán los jueces a la altura de su responsabilidad?
Pero las grandes preguntas, en vísperas de una nueva elección, son: ¿Es este sistema democrático de baja intensidad, colonizado por las corporaciones y administrado por una burocracia cómplice, compatible con el cuidado de la Vida y de los bienes comunes? ¿Puede garantizar los más elementales derechos humanos, como el derecho a un ambiente sano, al acceso al agua potable y a la vivienda? Este es el momento adecuado para pensarlas.
Pablo Varela es biólogo, miembro de ASAUEE (Asociación Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica) y de la Organización de Ambientalistas Autoconvocados.
