Este último miércoles el Senado convirtió en ley, por unanimidad, la Emergencia Alimentaria, que se extiende hasta el 2022, con un aumento del 50% como mínimo de las partidas presupuestarias.
Mirta Pacheco @mirtapacheco1
Miércoles 18 de septiembre de 2019 23:17
Hecha la ley, hecha la trampa dice un viejo refrán popular. Y aplica para este caso, porque el PJ y el kirchnerismo no se cansan de diagnosticar la crisis social en la que el macrismo sumergió a gran parte del pueblo trabajador. Ponen el grito en el cielo, pero votan algo, que si bien es necesario, no deja de ser mínimo ante la carencias de la población.
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La oposición cacarea, pero su salida solo es aumentar las partidas presupuestarias en un valor que equivale nada más que al 0,8% de lo presupuestado para este año, en intereses de la deuda pública.
Lo que hoy es ley significan también, apenas el 30 % de lo que dejó de recaudar el Estado por la disminución de contribuciones patronales entre enero y agosto de este año.
Eso es plata que pierde Anses para pagar jubilaciones, AUH, etc. Es decir, lo que se transfirió a las patronales estos 8 meses es tres veces más de lo que costará incrementar ese presupuesto en políticas alimentarias.
Intentan paliar una realidad que habla de 14 millones de personas bajo la línea de pobreza y del 51% de los niños que están bajo esa franja (los datos son de un estudio producido por la Universidad Católica Argentina (UCA). Para esos números que hablan de millones hundiéndose en la miseria, van a destinar solo seis mil millones de pesos. Los problemas de fondo siguen sin resolverse.
Migajas para la población más pobre, pero eso sí, tanto el oficialismo, como la oposición coinciden en que la deuda con el Fondo Monetario hay que pagarla.
Ya lo dijo Alberto Fernández durante su gira por el Estado Español y Portugal: las deudas hay que honrarlas.
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Mientras en el Senado tanto oficialistas como opositores hacían ley este mínimo aumento para las políticas públicas de alimentación y nutrición, en la calle los movimientos sociales y de desocupados como la CTEP, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Movimiento Evita, entre otros, se movilizaron al Congreso aguardando esta votación.
A principios de mes, cuando otras organizaciones de desocupados decidieron realizar una jornada de protesta y acampar en Av. de Mayo, este diario entrevistaba a una de las mujeres que sostenían esa acción, que no decía: “$7500 sale una cena de la ministra (N. de R.: por la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley) y a nosotras nos tiene que alcanzar un mes”.
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Asì relataban, con bronca, la realidad de los comedores populares, el hambre, la miseria que significan los planes sociales y cómo viven las familias trabajadoras el empleo precario o directamente no tener uno.
Precisamente el diputado del Frente de Izquierda Unidad, Nicolás Del Caño, frente a este tema declaró días pasados que si bien acompañaban el reclamo de “Emergencia Alimentaria” de las organizaciones sociales, era necesario permanecer en las calles movilizados para lograr todas las demandas.
“En fuga de capitales, se llevaron cien veces lo que va a costar esta ley. La CGT tiene que dejar de apostar a hacer campaña electoral y mirar para otro lado y llamar a un paro de 36 horas, como inicio de un plan de lucha por las demandas de las y los trabajadores ocupados y desocupados”.
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