Tucumán. El bussista Huesen involucrado en el grupo de diputados que busca la impunidad para los genocidas

Continúa la interna en La Libertad Avanza a raíz de la visita de diputados nacionales a represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. La diputada Lourdes Arrieta, que fue parte de la comitiva y ahora intenta despegarse, publicó el sábado capturas del grupo de WhatsApp donde se gestó la visita. Posteriormente, la parlamentaria mendocina publicó el proyecto de ley y un decreto reglamentario que circuló en el mencionado grupo, donde se habla de un “plazo razonable” de 25 años para juzgar crímenes. Una forma de obtener impunidad para no juzgar a los represores.

Entre los integrantes del grupo figuran los diputados Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci y María Fernanda Araujo que efectivamente visitaron a genocidas y también otros que comparten sus fines de impunidad. Entre ellos está Gerardo Huesen, diputado tucumano que integra el bloque oficialista. De acuerdo a Arrieta, Huesen fue incorporado al grupo por el cura Javier Ravasi el 13 de marzo y confirmado para una “reunión informal y reservada por tema proyecto milit” citada para el día siguiente.

Respecto al encuentro con genocidas, el cura Ravazi informó que el diputado Beltrán Benedit habló con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para coordinar la visita a lo que llaman “presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz” y se les facilite el ingreso. “Ya está hablado, quienes quieran ir por favor coordinar por privado con Beltrán para coordinar…”, señala el sacerdote.

El “proyecto milit”

En el grupo creado por el cura Ravasi también se encuentran ex jueces como Eduardo Riggi junto a abogados de represores como Laura Olea y Alejandro Saint Jean. En las capturas compartidas, Olea menciona un “Proyecto de ley de plazo razonable” que, afirma, fue presentada “al senador Torello”. Probablemente se trate de José Torello, ex jefe de asesores de Mauricio Macri durante su presidencia, cuyo mandato como senador venció el 10 de diciembre pasado. El 5 de diciembre el proyecto ingresó por la Mesa de Entradas del Senado “y se encuentra en la Comisión de Legislación Penal”, precisó la abogada Olea.

El proyecto de ley que redactaron estipula “la imposibilidad de abrir cualquier causa futura por los hechos de los 70”, lo que va en contra de la calificación de lesa humanidad y su imprescriptibilidad. También propusieron la redacción de “un decreto o una ley que incorpore la Convención Interamericana de Protección de los DDHH de las personas mayores que haga obligatoria la detención domiciliaria para mayores de 70 años y que impida la prórroga de la prisión preventiva para ellos pasados los dos años previstos por la ley”.

Una más

No es una novedad la adhesión de Huesen a las ideas negacionistas, tanto por su pertenencia a Fuerza Republicana, el partido fundado por el genocida Antonio D. Bussi, como por actitudes previas. En 2019, cuando asumió como legislador provincial, Huesen juró “por la memoria del general Antonio Bussi”, siendo aplaudido por algunos de los presentes.

Huesen llegó a la Cámara de Diputados tras la renuncia de Ricardo Bussi, con quienes hacen gala del negacionismo a los 30.000 desaparecidos, justifican los crímenes del Operativo Independencia y el reclamo de impunidad para los genocidas condenados.

Mientras continúan las denuncias cruzadas, el tema se trató el tema en una comisión en la cámara de Diputados del Congreso de la Nación, presidida por Silvia Lospennato del PRO, que ni siquiera logró votar un repudio ni resolver pasos a seguir. Ante este hecho de gravedad, el Frente de Izquierda propone la creación de una comisión mixta de investigación donde participen todos los bloques interesados, los organismos de derechos humanos y las y los querellantes de las causas contra los genocidas que fueron a visitar a Ezeiza.