Hace nueve años fue hallado sin vida el cuerpo de la joven inmigrante peruana. Había sido violada en un edificio del Ministerio de Economía bonaerense. Hoy sigue el reclamo de juicio y castigo para todos los culpables y sus encubridores.
Lunes 22 de febrero de 2016 00:56
Foto: Infoblancosobrenegro
Sandra Ayala Gamboa llegó a la Argentina desde Perú en octubre de 2006. Iba a estudiar medicina en La Plata. Poco después, el 16 de febrero de 2007, fue a una entrevista de trabajo. Pero nunca volvió a su casa.
Una semana después el cuerpo de Sandra fue encontrado con huellas de violación en el edificio del ex Archivo del Ministerio de Economía (hoy ARBA).
A nueve años del femicidio, sólo Diego Cadícamo fue condenado por este caso (y ocho violaciones más) a prisión perpetua. Sin embargo en el cuerpo de Sandra fueron hallados cuatro perfiles de ADN más y nunca se supo a quiénes pertenecían.
Por otra parte la causa contra los policías y los funcionarios públicos que encubrieron el caso nunca avanzó.
A partir del juicio oral en el que se condenó a Cadícamo, se inició una nueva causa para que fuera investigada la responsabilidad de los policías de la Comisaría Primera de La Plata.
No es un hecho aislado
El asesinato y violación de Sandra Ayala Gamboa no es un hecho aislado, sino que se vincula con toda una serie de innumerables manifestaciones de violencia que sufren las mujeres.
Sandra era una mujer joven, pobre e inmigrante. Frente al caso de su violación y muerte el Estado ni siquiera estableció algún tipo de contención y resarcimiento a la familia de Sandra, sobre todo a Nelly Gamboa, su madre.
El Estado provincial, conducido por el kirchnerista Daniel Scioli durante la mayor parte de estos nueve años, siempre garantizó la impunidad, encubriendo de hecho a los violadores y asesinos, tanto como a sus cómplices. Los policías son “investigados” por su propia fuerza. Por su parte los funcionarios responsables nunca fueron investigados por sus conductas y omisiones. El entramado machista y misógino siempre quedó intacto.
Por otra parte, nada pueden esperar las mujeres del gobierno de Macri. Al presidente de Cambiemos no le alcanzó con despedir a 113 trabajadoras del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, sino que busca imponer el protocolo que impulsa Jorge Lemus, exministro de Salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y actual responsable de la cartera nacional. Ese protocolo que cuenta con fuertes restricciones para el acceso a las interrupciones legales de embarazo.
Como si esto fuera poco, con la flamante implementación del protocolo “antipiquetes” que impulsan Macri y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich, está por verse cuál será la reacción estatal frente a las inevitables manifestaciones callejeras que se produzcan en el futuro, protagonizadas por familiares de víctimas de violencia machista y organizaciones de mujeres y de derechos humanos.
Por el juicio y castigo de todos los culpables
Por eso, como tarea urgente es necesario fortalecer el movimiento de mujeres, redoblar la lucha y la organización para hacer frente a los planes de ajuste que se intenta imponer a la clase trabajadora, dentro de la cual las mujeres serán las más perjudicadas.
A nueve años del femicidio de Sandra Ayala Gamboa, la Agrupación La Marrón Clasista de ATE (entre cuyos miembros hay integrantes de la Junta Interna de ARBA) exige “Justicia por Sandra, que se investigue y se castigue a los encubridores de su asesinato”, así como “la reapertura de la causa que investiga a los policías y responsables políticos, funcionarios públicos del entonces archivo del Ministerio de Economía hoy ARBA. Juicio y Castigo a los responsables políticos y materiales y sus encubridores.”
En un nuevo aniversario de este femicidio, hoy a las 14 se realizará una radio abierta en calle 7 entre 45 y 46, frente a la puerta del edificio donde fue asesinada la joven trabajadora peruana.
