A dos meses y medio de la masiva movilización de Ni Una Menos, el partido que gobierna la provincia recién parece acordarse del flagelo de la violencia hacia las mujeres. Con bombos y platillos, se presentó en la Legislatura un proyecto que crea una licencia especial para las empleadas estatales que sufran violencia de género. Cuestionamientos desde la izquierda.
Sábado 19 de septiembre de 2015
El jueves pasado, María Amelia Chiófalo y José Pihen, legisladores de Unión por Córdoba y autores del proyecto, presentaron en conferencia de prensa la iniciativa. Participaron en la rueda el presidente provisorio de la Unicameral, Oscar González y legisladoras oficialistas que participan de la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
La licencia que estipula el proyecto contempla el goce de haberes de hasta 30 días corridos y se puede extender a 60 días por única vez. No se plantea como requisito presentar una denuncia policial, pero sí una certificación, constancia o dictamen interdisciplinario de la Dirección de Violencia Familiar o de una dependencia judicial.
Pihen, que además conduce el Gremio de Empleados Públicos y la CGT Regional Córdoba, destacó “la trascendencia, la idea, el sentido y la coherencia que este proyecto guarda con la legislación nacional, que es de aplicación obligatoria y, con ello, se ratifica la voluntad política de la Provincia de Córdoba”.
El proyecto sostiene que en la actualidad las trabajadoras que sufren violencia deben recurrir a vías alternativas para justificar el ausentismo, y que las agresiones que sufren atentan contra su estabilidad laboral. “Hoy es una licencia oculta. Las mujeres van a trabajar golpeadas, maquillando los golpes o diciendo que se golpearon con algo, o presentan carpeta médica o psiquiátrica. En ese momento lo que necesitan es tener la cantidad de días suficientes y la seguridad de que no va a haber problemas en el trabajo para muchas veces llevar adelante distintas cuestiones, como hacer la denuncia penal, acomodar su situación familiar o atender sus lesiones”, apunta.
Duros cuestionamientos desde la banca de la izquierda
Laura Vilches, legisladora del PTS en el Frente de Izquierda y dirigente de la agrupación Pan y Rosas, calificó al proyecto como un gesto demagógico, señalando que Chiófalo y Pihen “son parte de un gobierno que tiene las mayores tasas de femicidios del país y demostró que su política del botón antipánico fue un total fracaso. Recordemos que Chiófalo tuvo que renunciar a su cargo en la Secretaría contra la Trata por la revictimización a la que sometía a las mujeres, por eso todas las agrupaciones que luchamos por los derechos de las mujeres estamos en contra de que presida la Comisión de Género, que ni siquiera funciona. Pihen, por su parte, dirigen un gremio que mantiene a miles de trabajadoras, especialmente en el sector salud, con salarios bajísimos y en muchos casos con trabajo precario en forma de monotributos y contratos”.
Luego de eso marcó que “si bien la iniciativa toma una parte del paquete de medidas urgentes que incluimos en nuestro proyecto de Ley de Emergencia 16901/L/15, creemos que es insuficiente, ya que no avanza en el acceso a refugios o viviendas por parte de las mujeres y sus familias y está limitado sólo a 60 días. Insistimos en el tratamiento de nuestro proyecto de ley y otros dispositivos que permitan realmente terminar con el flagelo de los femicidios y hacer realidad lo que centenares de miles gritamos el último 3 de julio: Ni Una Menos”.
