En las escuelas primarias públicas de Salta desde el 2008 los alumnos tienen que rezar antes de entrar a clase. La Iglesia Católica, gracias a su lobby sobre el bloque kirchnerista, avanzó esta semana en la Comisión Bicameral con la derogación del art. 8 de la Ley 1420, que establecía un régimen de laicidad limitada.
Miércoles 5 de agosto de 2015
El saludo de la entrada en las escuelas públicas salteñas tiene su particularidad: los rezos. En algunas, incluso, hay pequeños altarcitos con ofrendas. Desde el 2008, la educación religiosa es una materia obligatoria y con calificación en Salta, tanto en establecimientos públicos como privados.
“En la mayoría de los casos los contenidos que se imparten son los del catecismo y quien los dicta es una docente egresada del Profesorado de Ciencias Sagradas Monseñor Tavella, un instituto de formación religiosa que depende de la curia y cuya finalidad es formar a los estudiantes como asistentes pastorales y dirigentes católicos”, según denuncia Mariana Carbajal en una nota de Página 12.
La diputada nacional Adriana Puiggros intentó defender la Ley Nacional de Educación (LEN) sancionada por el kirchnerismo en el 2006 aduciendo que “sencillamente desde el noventa las leyes argentinas en educación son leyes en donde la religión no entra”, pero la embarró aún más. En primer lugar reconoció, de este modo, que la LEN implica una continuidad de la menemista Ley Federal de Educación (LFE) en esta temática. Por otro lado, la realidad demostró que este “vacío legal” es el paraguas en el que se amparan para que en Salta, Catamarca y Tucumán la legislación establezca la enseñanza religiosa de forma obligatoria en las escuelas públicas, y en Córdoba, La Pampa, San Luis y Santiago del Estero como no obligatoria.
Este debate no es nuevo. En el borrador de la Ley Nacional de Educación presentado a discusión en las escuelas se establecía, explícitamente, la educación religiosa. Esto causó un gran revuelo y rechazo de la docencia. Finalmente, en una maniobra discursiva, se quitó la palabra religión para hacerla "invisible" a los ojos desatentos bajo el concepto de “integral”, y por supuesto nada establece sobre la laicidad de la educación pública.
Es bajo el amparo de la LEN que el gobernador kirchnerista Juan Manuel Urtubey promulgó la ley de educación provincial, que el mismo gobierno impulsó, estableciendo como obligatoria la enseñanza religiosa en el nivel primario y destacando la participación primordial de la Iglesia Católica como una de las responsables de orientar las acciones educativas. La Corte Suprema provincial la revocó y le ordenó al Poder Ejecutivo local que implemente un programa alternativo para aquellos alumnos cuyos progenitores rechazan el catequismo.
Un retroceso de más de 130 años
La ley 1420 fue promulgada el 8 de julio de 1884 después de varios escándalos parlamentarios y más de un año de debate. Podemos decir que en términos de universalización del nivel primario sentó los cimientos, pero su aplicación sólo se limitaba a los territorios nacionales, muy poco poblados, a excepción de la Capital Federal. Recién a partir de 1905, con la ley Lainez, el Estado Nacional se encargó de construir escuelas en diferentes partes del país.
En cuanto a su contenido fue un paso adelante, ya que, limitadamente, afirmó el derecho a la educación estableciendo la obligatoriedad del nivel primario, así como su gratuidad y gradualidad. El aspecto más debatido en su momento fue la inclusión o no de la enseñanza religiosa dentro de las escuelas estatales. Finalmente la ley estableció mediante su artículo 8 la laicidad limitada: “La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión, y antes o después de clase”.
Es la derogación definitiva de este último artículo lo que desató la polémica durante la semana pasada. La Comisión del Digesto Jurídico, que se encarga de regular el ordenamiento de las leyes nacionales de carácter vigente, está compuesta por cuatro diputados y cuatro senadores, entre ellos Rodolfo Julio Urtubey, hermano del gobernador de Salta. La decisión tomada por la mayoría kirchneristas generó respuestas. Según los juristas Roberto Gargarella y Marcelo Alegre, ni la LFE ni la LEN, sancionada con el voto favorable del FPV, el PRO y la UCR, suponen la derogación implícita del mencionado artículo, ya que no regulan la enseñanza religiosa. Eso si, la derogación del artículo 8 para entrar en vigencia aun debe ser aprobada por las cámaras de diputados y senadores.
Al respecto, Guadalupe Oliverio estudiante secundaria y militante de la juventud del PTS declaró: “Los jóvenes secundarios, universitarios y terciarios que venimos apoyando la lista del Frente de Izquierda encabezada por Nicolás Del Caño, repudiamos el intento de derogar el artículo 8 de la ley de educación común. Es un claro intento de avance en la injerencia de la Iglesia en la educación pública de la mano del kirchnerismo, una institución que recibe millones de pesos al año para mantener al clero, mientras los estudiantes secundarios seguimos reclamando contra el vacío presupuestario, los problemas edilicios y por la implementación de la ley de educación sexual en todos los colegios”.
Esta decisión impulsada por los integrantes kirchneristas de la comisión no sorprende en el marco de la excelente relación que mantiene la presidenta Cristina con el papa Francisco. Tal como se vio con la sanción exprés del Código Civil que entró en vigencia el 1 de Agosto manteniéndole a la Iglesia Católica el carácter de persona jurídica pública y estableciendo la concepción como el momento de la existencia humana. Un claro mensaje contra las mujeres que la luchan por la conquista del aborto legal, seguro y gratuito.
El kirchnerismo en su giro derechista quiere retomar el legado de Arizaga, quien durante el primer gobierno de Perón (1947) elaboró una ley nacional que reimpuso la educación religiosa católica en las escuelas públicas. Esta reforma se derogó cuando el gobierno peronista y la Iglesia rompieron relaciones. Hoy en día el ala conservadora nacionalista se vuelve a imponer dentro del peronismo, con la venia de los sectores progresistas que hacen campaña por Daniel Scioli, quien aseguró que "el mejor homenaje al papa Francisco es profundizar sus pensamientos” al cumplirse dos años de la asunción Jorge Mario Bergoglio.
Renovemos el Frente de Izquierda para defender la Educación Pública, Laica y Gratuita
El Estado viene impulsando el sector privado en educación por medio de miles de millones de pesos cada año, en cada provincia. Pero además avala la censura que la Iglesia impone sobre los contenidos escolares. Para cualquiera que transite el sistema educativo sobran ejemplos. Quizás el más trascendente es la negación y boicot al libre desarrollo de la educación sexual para niños, niñas y jóvenes que, desde hace años, se está discutiendo en nuestro país. El sesgo ideológico oscurantista de la Iglesia no sólo atañe a las escuelas confesionales sino que busca imponerse al conjunto del sistema.
Desde ya que partimos de la idea que la educación está lejos de ser el reino de la neutralidad política. Por ello el contenido de lo que se enseña en las escuelas debe ser también motivo de disputa para la clase trabajadora.
En nuestra sociedad lejos estamos de una verdadera educación al servicio de las y los trabajadores y sus intereses. El sistema educativo actual, como está, limita la posibilidad de creación, de desarrollo intelectual, de trabajo en equipo, se potencia la división entre trabajo manual e intelectual y se impone oscurantismo sobre los programas de estudio.
Por lo tanto la educación para la igualdad y los derechos que pregonan oficialistas y opositores es pura formalidad. Frente a esto es que nuestra pelea es por terminar con el tutelaje del Estado capitalista y la Iglesia sobre la educación. Las listas que encabezan Nicolás del Caño y Myriam Bregman están llenas de trabajadores, mujeres, jóvenes y docentes que luchamos, día a día, en las aulas y en las calles, por un sistema público único de educación financiado por el Estado y cuyo gobierno y planificación esté en manos de las y los docentes, estudiantes, padres y sus organizaciones.
