A todo vapor, este jueves se terminó la discusión en el Senado sin lugar a enmiendas. El gobierno espera lograr la aprobación de la reforma que quita más de cien derechos a los trabajadores el próximo martes.
Sábado 8 de julio de 2017
El pasado martes, la Cámara de Diputados brasileña aprobó el carácter de urgencia para el trámite del proyecto de ley que propone varias reformas en las leyes laborales. El jueves el Senado finalizó la fase de discusión y enmiendas con el fin de evitar la vuelta del trámite a Diputados y habilitar su votación el próximo martes (11). Buscan pasar a las apuradas una reforma de la que poco se sabe y qué consecuencias reales tendrá sobre la vida de trabajadores y trabajadoras.
Los defensores de la reforma se limitan a decir que el texto sería una “adecuación” de la legislación a las nuevas relaciones de trabajo. Una mirada desatenta podría llegar a esta conclusión cuando el proyecto de ley se propone “regularizar” el banco de horas, el trabajo remoto (conocido como home office o trabajo en casa), la tercerización y la división del período de vacaciones. Sin embargo es una verdadera trampa para los trabajadores. Uno de sus puntos fundamentales es lograr la prevalencia de lo negociado sobre lo legislado, es decir, una forma de darle pase libre a todo tipo de abuso patronal. El gobierno de Temer intenta vender el discurso de que hay una relación igualitaria entre el trabajador y el empresario, por eso un acuerdo sería ventajoso para los dos, cuando en realidad sabemos que quien tiene el mayor poder de regateo -más aún en un contexto de crisis y desempleo- es el patrón.
El gobierno y los medios patronales intenta convencer de que un mercado de trabajo con reglas más flexibles permite a las empresas despedir menos, ya que podrían tener jornadas reducidas y disminuir costos laborales tercerizando el trabajo. En la práctica, las reglas flexibles hacen que el trabajador acepte trabajar ganando menos y la tercerización tirará a miles en la precarización.
El gobierno se inspiró en el modelo alemán para desarrollar el proyecto de ley. Ese mismo modelo es una muestra de que esas reformas degradarán aun más las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores. En Alemania -país que tiene un alto índice de escolaridad y profesionalización- la reforma generó empleos precarios y aumentó la pobreza, elevando el índice al récord de 15% de la población, el más alto desde la reunificación del país. Después de 10 años de la reforma en ese país, las jornadas reducidas se masificaron, alcanzando al 20% de los trabajadores, cuando la expectativa del gobierno era del 5%, en su mayoría jóvenes y mujeres.
Con estos datos, podemos hacernos una idea de cuál sería el resultado de este mismo modelo aplicado en Brasil, donde miles ya se encuentran en trabajos precarios, un gran sector de la población no tiene acceso a ninguna calificación profesional y el Estado busca reducir cada vez más las políticas de protección social. Se ampliará la cantidad de desocupados y trabajadores precarios, obligados a aceptar cualquier condición laboral para acceder a un empleo, ya que ahora lo acordado con el patrón tendría peso de ley, y sin ninguna protección sindical.
Con respecto al impacto en Brasil, un estudio del Centro de Estudios Sindicales y de Economía del Trabajo (Cesit), vinculado al Instituto de Economía de la Universidad de Campinas (Unicamp) señala que la reforma va a destruir derechos, desestructurar el mercado de trabajo, debilitar los sindicatos, ampliar la vulnerabilidad, deteriorar las condiciones de vida y de salud de los trabajadores y ampliar la desigualdad y exclusión social.
Este es el interés de los capitalistas, reducir el costo del trabajo a niveles chinos a través de esta reforma, como forma de garantizar sus ganancias incluso en tiempos de crisis, al mismo tiempo generando mayores divisiones entre los trabajadores con el aumento de la tercerización y contratos precarios. Sus intereses no tienen nada en común con los intereses de los trabajadores.
La huelga del 28 de abril mostró que los trabajadores de Brasil tenemos la fuerza para tirar abajo las reformas y al gobierno golpista de Michel Temer. El 30 de junio mostramos estar dispuestos a luchar, incluso con toda la traición y el boicot de las centrales sindicales. Necesitamos confiar en nuestras propias fuerzas sin ilusiones en las direcciones traidoras, pero exigiéndoles que convoquen a un plan de luchas concreto.
La burocracia de la central oficialista Força Sindical ya mostró que su único interés es mantener el impuesto sindical, primero traicionando la huelga del 30 de junio y luego negociando con el gobierno un nuevo tipo de contribución sindical a cambio de frenar la movilización de los trabajadores. Las centrales petistas, la CUT y la CTB, buscan desviar el movimiento para garantizar la elección de Lula en 2018.
Tenemos que tomar la lucha contra las reformas y contra el gobierno en nuestras propias manos, combatiendo la traición y parálisis de las centrales sindicales exigiendo un plan de acción hasta tirar abajo las reformas y contribuyendo a la autoorganización desde las bases, con comités por lugar de trabajo y estudio que reúnan a miles en todo el país para poner en práctica este plan de acción. Los sectores que se reivindican de izquierda independiente del PT, la Central Sindical y Popular (CSP-Conlutas), el MTST, el PSOL, tienen planteado poner sus fuerzas en esta tarea.
