La central sindical CGT acordó con los empresarios un acuerdo tripartito, con el gobierno, para permitir suspensiones con rebajas salariales al 25 % para quienes no puedan ir a trabajar por la pandemia. Escuchá la columna de Lucía Ortega, Lucho Aguilar y Jesica Calcagno en el noticiero Se tenía que decir.
Martes 28 de abril de 2020 | Edición del día
Ayer en Argentina hubo un momento bisagra en la pulseada entre el capital y el trabajo en medio de esta crisis. Porque el elemento nuevo, lo distintivo, es que apareció un jugador que estaba muy calladito, muy silencioso: la CGT, la cúpula de la burocracia sindical.
¿Apareció para poner un freno a los despidos y suspensiones que están ocurriendo ilegalmente, incluso contra el DNU presidencial? ¿Apareció para reclamar por los millones de trabajadores precarios que están perdiendo sus ingresos? ¿A qué vino la famosa CGT, que no se la ve?
Vino a jugar para el equipo contrario, y no sorprende. Apareció para sellar un acuerdo escandaloso con los empresarios, nucleados en la Unión Industrial Argentina (UIA), pero a la vista y participación del propio gobierno nacional que estuvo presente con el Ministro de Trabajo y el de Desarrollo Productivo (Moroni y Kulfas).
Héctor Daer, Carlos Acuña (secretarios generales de la CGT), Antonio Caló (UOM) y Andrés Rodríguez (sec adjunto CGT y UPCN) le pusieron la firma a un acuerdo en el que permiten suspensiones con rebajas salariales de hasta un 25 % (y que incluso puede ser más, porque hay letra chica dentro de la letra chica).
Permitirían así que todo aquel que por fuerza mayor no puede ir a trabajar (“que no estén cumpliendo sus tareas habituales”) sea considerado automáticamente “suspendido” y le puedan rebajar el sueldo. Las empresas pondrína sólo un 25 % del sueldo, ya que el Estado paga el otro 50 % para las empresas beneficiarias del programa ATP.
Hoy todos los trabajadores tienen derecho a cobrar su salario íntegro, al 100 %, y a mantener sus puestos de trabajo.
Si el gobierno decreta una norma como ese acuerdo pautado entre la CGT y la UIA, es ir contra esos derechos y sentenciar directamente que la crisis recaiga sobre los trabajadores.
Mucho se dice y nos quieren asustar con muchas cosas: que las empresas no tienen dinero para pagar los salarios; que para preservar nuestros puestos de trabajo tienen que beneficiar a las empresas; que lograron una rebaja del 25 % del sueldo para evitar que la rebaja sea aún peor; que es “injusto” que un empleado que puede trabajar cobre lo mismo que uno que no cumple sus tareas; que todos tenemos que hacer un esfuerzo; que estamos todos juntos contra el enemigo invisible
Pero desde el punto de vista legal las patronales tienen obligación de pagar el 100 % de los salarios.
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Cuando se inició la cuarentena, con el decreto del 19 de marzo se generaron dos situaciones:
1- Si podés trabajar desde tu casa, tenés que consensuar eso en el marco de la buena fe.
2- Si no podés trabajar desde tu casa, entonces la patronal tiene que pagar el salario pero parte de eso se exime de aportes y contribuciones. Trabajador tiene derecho a cobrar el 100%.
Excepto (hecha la ley, hecha la trampa), que se negocien suspensiones con el sindicato con rebajas salariales en el marco de la Ley de contrato de trabajo, artículo 223 bis.
De eso se agarran ahora para directamente extender la posibilidad de que las patronales no tengan la obligación de pagar el 100 % de salario.
Pero tampoco deja sin efecto suspensiones con recortes incluso superiores, como en petroleros, UOM, Comercio, Flybondi o textiles, con rebajas de hasta un 40 %.
Desde el punto de vista económico nos quieren asustar con el desempleo, con que sin una rebaja de sueldos las empresas van a cerrar y los trabajadores quedarían en la calle.
¿Es cierto que para cuidar el empleo hay que resguardar las ganancias de las empresas?
¿Y en los años en los que las empresas “se la llevaron en pala”? A los trabajadores les dieron migajas, mientras el 35 % seguía sumido en la precarización laboral.
Cuando hay bonanza ellos ganan, cuando hay pérdida pierden los trabajadores. Y para un laburante perder implica dejar sin comer a su familia. Como si estuviesen al mismo nivel los sufrimientos de los trabajadores que los rendimientos de una empresa.
Siempre que hay crisis se plantea que las únicas opciones son o el desempleo o la rebaja salarial, como si no hubiese otras opciones.
Pero esta argumentación no es nueva. Antes del coronavirus nos decían que los trabajadores y los jubilados debíamos ser “solidarios”, negociaban un pacto social a medida de las empresas y mientras, a los especuladores de la deuda y a los bancos ni los tocaban.
El Estado ya les redujo o eliminó las contribuciones patronales y les paga el 50 % de los salarios.
Si aún con todos esos beneficios tienen pérdidas, que las demuestren, que muestren sus registros contables. El gobierno sólo mira si tuvieron una caída de sus ventas este último mes, pero no mira sus balances y qué se hizo con la ganancia todos estos años.
Y si los empresarios amenazan con cerrar la fábrica, los trabajadores estarán en todo su derecho de ponerla a producir por sí mismos para preservar sus puestos laborales.
Pero la burocracia sindical parece más preocupada por abreviar el procedimiento de rescate a las empresas que asegurar que al menos le lleguen los 10 mil pesos del IFE a muchas familias. En algunos casos cobrarán en junio y en julio. ¿De qué van a vivir mientras?
Entonces, ¿cuáles son las opciones que nos dan?
"Economía o salud", "Más pobres o más muertos", "Rebajas salariales o despidos". Ninguna es una opción aceptable por los trabajadores.
Es cierto que el coronavirus es un problema, pero hay otra salida posible. Ello implica tocar los intereses de los ganadores de siempre, a los intocables los bancos, centralizar la salud en un único sistema público, reorientar los recursos a las necesidades sociales. Son nuestras vidas o sus ganancias.
