Entre un permanente cuestionamiento al régimen y la impunidad, avanza la violencia, el feminicidio, el sicariato y la descomposición social, el verdadero rostro detrás del narcotráfico.
Yara Villaseñor Socióloga y latinoamericanista - Integrante del MTS - @konvulsa
Martes 25 de agosto de 2015
Este artículo es la segunda parte que aborda la polémica sobre la urgencia por legalizar las drogas en México (lee la primera parte aquí).
El aumento de la violencia y la evidente complicidad del Estado en el negocio del narcotráfico cuestionan gravemente la llamada “transición pacífica a la democracia”, pregonada desde el año 2000.
Actualmente nadie cree que el régimen esté libre de responsabilidad sobre las violentas consecuencias que dejan a su paso el narcotráfico y la militarización.
Mientras la descomposición social y la violencia se profundizan, el Estado mantiene interlocución con los cárteles y, con ello, profundiza su carácter reaccionario. La extensión de los grupos paramilitares es una muestra aberrante de una realidad de acoso, desplazamiento y exterminio de comunidades.
El columnista Pablo Oprinari, plantea que la militarización impide que los sectores populares luchen por los más elementales derechos democráticos y genera un clima que permite la imposición de reformas antipopulares, como hoy pasa en Oaxaca con la reforma educativa, respaldada por miles de efectivos de la Gendarmería Nacional.
Además de ser una respuesta estatal a la violenta dinámica impuesta por los cárteles que pelean por plazas y mercado, la militarización es la forma más eficaz para evitar brotes populares del descontento.
Una juventud sin futuro
En el clima violento desatado por la salida del ejército a las calles, la juventud, carente de oportunidades, paga las consecuencias. La falta de acceso a educación y trabajo orilla a miles de jóvenes a convertirse en narcomenudistas.
Los jóvenes migrantes son reclutados a fuerza para servir como “mulas” o sicarios. Niños, niñas y mujeres enfrentan las consecuencias de la descomposición social y la violencia, con las redes de trata y el feminicidio, que cobra la vida de 7 mujeres al día. Actualmente, zonas fronterizas del norte y sur del país, así como entidades como el Estado de México y Guerrero, son las principales zonas de riesgo para las mujeres.
De 2012 a 2013, el feminicidio se incrementó 343%, tras aumentar 800% desde que inició la militarización del país. El alza coincide con las entidades con presencia militar.
El Instituto Nacional de las Mujeres, una instancia oficial del gobierno, registra una agresión a una mujer cada 15 segundos y una violación cada 9 minutos. Las mujeres asesinadas son en su mayoría jóvenes menores de 30 años. Tan sólo en el Estado de México, 9 de cada 10 casos quedan impunes.
¿Por qué legalizar?
Cada año, la ilegalidad arroja a miles de jóvenes a los separos de los ministerios públicos y las cárceles del país, donde ingresan como delincuentes, cuando en realidad el gobierno les niega cualquier posibilidad de educación, empleo, cultura y recreación.
La arbitrariedad además impone una tolerancia a la violencia e impunidad policial, la “siembra” de sustancias para fabricar delitos, que es excusa para encarcelarlos y simular que el gobierno “combate” al narcotráfico.
La despenalización de las drogas, es solo un paso en esta pelea. Permitiría acabar con la criminalización que enfrenta la juventud consumidora, gran conquista en un país donde el gobierno considera que protestar es un delito.
La legalización busca eliminar la pelea por plazas, la inseguridad y la violencia que genera la ilegalidad. Terminar con la competencia entre grupos criminales de cárteles.
La legalización de la producción de drogas, su distribución y comercialización va más allá. Busca acabar con las precarias y violentas condiciones laborales que enfrentan los campesinos, obligados a cultivar drogas.
Debe acompañarse de créditos baratos al campo y la anulación del Tratado de Libre Comercio y otros convenios impuestos contra la clase trabajadora, que atentan contra la soberanía alimentaria.
Legalizar implicaría acabar con la excusa del combate al narcotráfico, que con eco en la Casa Blanca, presume el gobierno mexicano para militarizar el país y ahogar el descontento y resistencia de sectores populares.
Permitiría acabar con un enorme y jugoso negocio entre empresarios legales e ilegales que enriquece a mafias, cárteles, bancos, empresarios, militares, policías y funcionarios.
Esta es la única forma de cortar de tajo las ganancias incalculables que se llevan los capos, cuyas fortunas deberían ser expropiadas y puestas al servicio de cubrir las necesidades de salud, educación y cultura de la población pobre y trabajadora.
En la actualidad ni siquiera los programas de prevención y apoyo a la salud son efectivos. La abundancia de clínicas de “tratamiento” ilegales, que cometen violaciones a los derechos humanos, se suma a la falta de recursos y capacitación profesional para enfrentar el problema de adicción.
Miles de personas están sujetas a sustancias carentes de controles sanitarios, de mala calidad, procesadas y adulteradas sin criterio, con graves consecuencias a la salud.
Por esto, la ilegalidad de las drogas es en realidad un obstáculo para tratar adecuadamente a las y los adictos, pues al estar criminalizado el consumo, sólo buscan ayuda en condiciones profundamente serias e impiden el acceso a tratamientos de salud.
La legalización es un debate que debe incluir las diversas aristas aquí planteadas. El problema del narcotráfico también debe pensarse como un tema de salud pública que no sólo tiene que ver con el consumo, sino con la violencia y la descomposición social que aumentan con la prohibición y la doble moral del Estado.
Los intereses de los sectores populares no serán preservados por los empresarios y el gobierno, que imponen las reformas estructurales contra los trabajadores. Son ellas y ellos, los jóvenes y las mujeres, quienes deben delimitarse de las propuestas oportunistas de legalización impulsadas por políticos como Vicente Fox o el hijo de Pablo Escobar.
Para ellos, el tráfico de drogas se resolvería sin cuestionar de raíz el actual sistema económico que subsiste sobrellevando el negocio del narcotráfico y administrando sus ganancias.
Cortar de tajo con el clima violento desatado por la guerra contra las drogas, requiere pensar éste como un problema de salud pública. La legalización y la desmilitarización del país sólo pueden ir de la mano de confiar en nuestras propias fuerzas, de reconocer la urgencia de construir un instrumento político que nos permita defender nuestros intereses en perspectiva de implementar un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre.
