La suspensión del pago de los salarios coincide con una advertencia de la cámara que nuclea nacionalmente a los empresarios del transporte. Hasta ahora solo depositaron un adelanto a cuenta. La UTA rechaza el pago escalonado pero aun no pusieron un plazo para las medidas de fuerza.
Miércoles 17 de junio de 2020 11:01
Desde que el gobierno provincial derogó un artículo clave de la ley provincial que establece que los subsidios nacionales deben ser utilizados para el pago de los salarios, las patronales del transporte nucleadas en la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), aprovecharon para suspender nuevamente el pago de los salarios de mayo a la totalidad de los choferes.
La ley aprobada en hacia fines de mayo en medio de un paro que duró dos semanas, tiene apenas dos artículos. El artículo derogado el pasado 11 de junio es el que dispone que la Aetat debe poner "a disposición del Poder Ejecutivo el monto de los salarios y el CBU de los empleados, a fin que se haga efectivo el pago del sueldo en sus respectivas cuentas". Al derogar este artículo, el Estado provincial deja de intermediar como garante del uso de los subsidios para el pago de los salarios.
Al día de la fecha los trabajadores del transporte recibieron apenas un adelanto a cuenta de 10.000 pesos. Desde la UTA advirtieron que rechazan el pago escalonado de los salarios y anunciaron que están analizando medidas de fuerza, aunque por ahora no dieron precisiones acerca de plazos y paso a seguir.
Esta negativa a pagar el sueldo en tiempo y forma por parte de los empresarios coincide con la amenaza de suspensión de los pagos salariales a escala nacional realizada por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que a través de un comunicado advirtió que "el transporte del interior del país está en emergencia, impedido de cumplir regularmente con sus obligaciones comerciales, contractuales, fiscales y laborales" y reclama más subsidios de los distintos niveles de gobierno.
En el caso de la Aetat esta suspensión de los pagos es todavía más injustificada que el mes pasado porque con la apertura de la cuarentena ya están facturando a pleno. Esta retención de los pagos del salario parece mas bien motivada por un alineamiento nacional con la FATAP, que nuevamente parece querer empujar un paro del transporte para presionar por mayores beneficios. Digamos de pasada también que en Tucumán además de obtener un 40% de sus ingresos por subsidios directos, hasta el año pasado los tarifazos habilitados por el gobierno provincial y municipal superaron con creces a la inflación.
Hasta el propio presidente de la comisión de Transporte del Concejo Deliberante de la capital, el manzurista José Luis Coronel, reconoció que a los empresarios nadie los controla.
"No se controla. Nadie controla. Cuando sacamos por ordenanza el último aumento de tarifas, ahí habían pautas que tenían que cumplir. Pero estos señores no cumplen nunca. Ni con el aumento anterior, ni el anterior, ni el anterior", dijo en una entrevista a La Gaceta hace algunas semanas, sin darse cuenta de que se estaba autoincriminando en lo que pretendía denunciar.
La crisis del transporte público de pasajeros es evidente y el gobierno provincial no parece dispuesto a ir mas allá de las amenazas para después retroceder ante estos empresarios a quienes ni siquiera se les exige que abran sus libros contables.
Este servicio público no puede seguir en manos de empresarios que lo utilizan para enriquecerse sin aportar nada mas que extorsión, especulación con el pago de los salarios y un servicio pésimo y carísimo.
La UTA debe convocar inmediatamente medidas de fuerza y la conformación de un comité de trabajadores votados en asamblea para ejercer el control obrero sobre el transporte, empezando por la apertura de los libros contables de estas empresas para ver a dónde fueron a parar los millones de pesos que reciben por subsidios y venta de pasajes. No hay ninguna razón para que el transporte de pasajeros siga en manos privadas, es necesario avanzar en su expropiación sin pago y estatización bajo control de los trabajadores y usuarios.
