Ciudad de Buenos Aires. Empresarios que despiden en el subte: negocios millonarios, corrupción y gatillo fácil

Fotografía : Enfoque Rojo / Jav Ch

Hace ya casi tres meses que los trabajadores de las empresas tercerizadas del Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires vienen reclamando seis horas de trabajo y las mejoras laborales incluidas en el convenio de Seguridad rama Subte (CCT Nº477/06). Por toda respuesta, las empresas de seguridad, Briefing Security SA, Murata SA y Comahue SA, comenzaron la persecución de los trabajadores para rápidamente pasar a las cesantías. Primero fueron 17, ahora el total asciende a 26. “Navidad sin despidos” ha sido la demanda levantada en los cortes de vías realizados. Por toda contestación, el gobierno de la Ciudad, responsable del fraude laboral y de los incumplimientos de estas empresas, militarizó la Estación Lacroze donde se realizaba la medida de fuerza.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, máximo responsable de SBASE, el ente estatal que otorga las licitaciones a Murata SA, Briefing Security SA y Comahue SA, actúa en total connivencia con estas empresas. La razón no cae del cielo sino que obedece a intereses materiales concretos. Viene además de larga data.

Murata SA, Briefing Security SA y Comahue SA integran el directorio de empresas preferidas por SBASE para llevarse el premio, a lo largo de años de gobierno PRO en la Ciudad, en todas las licitaciones. Se esperaba que tras los anuncios de Mauricio Macri respecto al traspaso de la Policía Federal estas contrataciones fueran a cesar. En abril de 2011 fue la primera vez que el Gobierno licitó el servicio de seguridad para cubrir los 330 edificios públicos antes custodiados por la Federal. La “alternativa” hallada por Macri implicaba gastar tres veces más. En vez de los 3,5 millones que invertían el pago de adicionales a la PF ahora iba a desembolsar unos 11 millones. ¿Qué hay de fondo? Amistades de los funcionarios con los directivos de las empresas, un aceitado sistema de coimas y un constante mirar para otro lado ante lo que llaman “irregularidades”.

La excusa utilizada por Macri para continuar “in eternum” el convenio con las privadas se habrá acabado pero los negociados evidentemente deben seguir, habrá pensado el flamante Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Las empresas en cuestión, las mismas que hoy están despidiendo trabajadores en el subte, han resultado, ¡otra vez y como era de esperar! favorecidas. Este mes se otorgó la custodia de la Ciudad en una licitación a medida donde se dividieron los negocios entre las cuatro empresas que se presentaron por 48 meses. El ministro de Hacienda otorgó a Líderes Consultores de Seguridad SRL la Zona 1 por 636 millones, a Murata SA por 1.165 millones la Zona 2, a Comahue Seguridad Privada SA por 1109 millones la Zona 3 y a Briefing Security SA por 1.156 millones la Zona 4. Todos sumados superan los 4 mil millones de pesos, en una nueva estafa a los habitantes de la Ciudad.

Capitalismo de amigos, y fachos

Como nos tiene acostumbrados el macrismo en materia de favorecer empresarios nada es casualidad. Quien todavía aparece en la página web del Gobierno de la Ciudad como responsable de la Dirección General de Seguridad Privada, Ignacio Antonio Cocca, estaría relacionado directamente con Murata SA. Distintos medios han denunciado que Roberto Raglewski cuya esposa integra el directorio de dicha empresa sería el hombre clave relacionado con Cocca. Pero los escándalos de Murata no terminan en sus relaciones “non sanctas” con los funcionarios del PRO. Raglewski es además un represor denunciado por distintos organismos de derechos humanos. En 2004 debió ser pasado a retiro de la Policía Federal acusado, entre otros temas, por su responsabilidad en casos de gatillo fácil.

Vayamos a otro ejemplo. El gobierno de la Ciudad conocía bien el perfil de estas empresas. En octubre de 2009 Mauricio Macri recibió una auditoría de la Sindicatura General porteña cuyo informe se hizo público gracias al diario Tiempo Argentino. Según denunció el matutino quedaba claro que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y las agencias de seguridad encargadas de vigilar sus dependencias incurrieron en "graves irregularidades". Murata SA, Briefing Security SA facturaron (en esta oportunidad junto a la empresa SPG) por "objetivos que figuran como custodiados, cuando por la propia naturaleza de los mismos resulta inverosímil que lo hayan sido". También el diario detalló que "se han autorizado, facturado y abonado servicios de seguridad sin la indispensable compulsa con las prestaciones efectivamente realizadas. Mientras no realizaban siquiera las tareas asignadas, los trabajadores de esas empresas debían denunciar que los directivos jamás respetaban el convenio colectivo correspondiente, tampoco al sindicato oficial donde debían agremiarse. Jornadas laborales de hasta 12 horas, horas extras impagas, un fraude laboral redondo. Igualito a lo que están denunciando hoy los trabajadores del subte en conflicto.

Otro de los escándalos es el denunciado por distintos medios y tiene que ver con las acusaciones de corrupción directas sobre los funcionarios del PRO en la Ciudad. El 15 de abril del 2011, era de la gestión del ministro Guillermo Montenegro, el diario Miradas al Sur dio a conocer una nota donde denunciaba que diez días antes en una confitería situada en Cabildo y Juramento, se encontraron el subsecretario de Seguridad Urbana, Matías Molinero y un gerente de una agencia de seguridad que le extendió al funcionario un sobre con 250 billetes de 100 pesos. La denuncia sostiene que esa era la coima que cada empresa abonaba en concepto de “comisión” mensual para renovar sus contratos.

Semejante sistema de impunidad para los empresarios de la seguridad privada parece haber estado perfectamente organizado.

Molinero, un hombre fiel a Horacio Rodríguez Larreta, parece ser un tipo de “principios”, y los negocios son lo primero. Hoy es abogado defensor del ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.

Los hechos relatados muestran la “mancomunidad” de intereses entre el Gobierno y los empresarios a expensas del dinero público y de los trabajadores. Lo estamos viendo hoy nuevamente en el Subte con la continuidad del fraude laboral, con la negativa a pasar a los trabajadores al convenio que les corresponde. Con las amenazas y los despidos a los que protestan. No hay que permitirlo. Por eso he acompañado las medidas de fuerza que han decidido los trabajadores. Además, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires he presentado una declaración a la que adhirieron diputados Partido Obrero en el Frente de Izquierda, del FpV, de la Coalición Cívica, de Autodeterminación y Libertad y de Socialismo Auténtico, donde expresamos nuestra solidaridad con los despedidos y sus reclamamos para que se respete su convenio colectivo de trabajo.

El próximo paso será un pedido de informes para exigir al gobierno de la Ciudad que de todos los datos de los directivos de estas empresas, su “modus operandi” y su manejo antisindical y fraudulento hacia los trabajadores que las integran, en la perspectiva de pelear por acabar con todo tipo de tercerización laboral en la Ciudad y la efectivización y el pase a planta permanente de todos esos trabajadores.

Fanpage de Patricio del Corro