Hace casi un mes, los estudiantes del IPEM Leopoldo Lugones se cansaron de cursar en condiciones precarias y tomaron el colegio en señal de protesta. Se sumaron una decena de escuelas, algunas con problemas similares y otras en solidaridad con sus compañeros. Luego de varias marchas y reuniones con funcionarios del área, todavía no hay soluciones concretas.
Miércoles 30 de septiembre de 2015
Como se viene reflejando en La Izquierda Diario, la situación de los establecimientos escolares en Córdoba es en general desastrosa. Baños insuficientes para la cantidad de alumnos, falta de rampas para discapacitados y humedades son los problemas más comunes. En algunos colegios, como el IPEM Combate de La Tablada, no hay gas natural, lo que complica bastante el dictado de los talleres de tecnología alimenticia. En el colegio Deán Funes, una bomba fuera de servicio impedía el suministro de agua. Además, se habían encontrado roedores en el tanque de agua.
Ante este panorama y cansados de no tener respuestas del Gobierno, hace un mes comenzó un nuevo proceso de tomas que llegó a tener 12 colegios ocupados por sus alumnos. Desde el primer día sufrieron aprietes de directivos y funcionarios del Ministerio de Educación, pero también hubo numerosas muestras de solidaridad por parte de otras escuelas, docentes y padres.
El gobierno apunta a desgastar a los jóvenes por el cansancio que significa una medida de este tipo. Para ello tiene a su favor a la mayoría de los medios de comunicación, que en un primer momento difundieron los reclamos pero luego comenzaron a desprestigiar de diversas maneras el proceso.
También hubo en casi todas las escuelas amenazas a los docentes. En el Jerónimo Luis de Cabrera, los directivos les hicieron firmar un acta donde se acusaba a los alumnos de no permitir el libre ejercicio de su profesión. En el Francisco Pablo de Mauro, un padre amenazó de muerte a un docente en medio de una reunión; el hecho fue grabado por el celular de un estudiante y el docente presentó una denuncia. En diálogo con una radio local, el docente amenazado manifestó: “La escuela se tomó por una medida extrema porque no se escucharon los reclamos. A lo largo de la toma, los padres que se oponían a la medida se fueron juntando pero siempre dirigidos por gente que dice trabajar en el Ministerio o punteros (...) El domingo estaba prevista una reunión de padres en el colegio, pero ya no se los dejó entrar más porque violentaban y maltrataban a los chicos con actitudes patoteriles. Y sucedió esto afuera que quedó grabado”.
Educación: inversión irregular y escasa
Según un estudio del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes), con valores a precios del 2010 y ajustados a la inflación real, la inversión en infraestructura escolar en Córdoba fue en los últimos 5 años muy irregular.
En primer lugar, las partidas más importantes llegaron desde Nación y se destinaron a construir escuelas nuevas y aplicación de programas específicos más que a reparaciones. Desde la Provincia, el Ministerio de Educación destina fondos para construcción de aulas nuevas y el área de Infraestructura hace lo propio para reparaciones mayores.
En 2010 y 2011 el aporte estatal para reparaciones fue de sólo 50 millones de pesos. La falta de condiciones edilicias apropiadas desató la lucha de los secundarios en el 2010. Luego de marchas multitudinarias, decenas de colegios y facultades tomadas durante meses, la respuesta del gobernador Schiaretti fue una feroz represión que dejó varios heridos y trece detenidos.
En 2012, la Nación aumentó el monto de los créditos, que sumaron 93 de los 146 millones de pesos invertidos ese año. A valores de 2010 y ajustada la inflación, fueron 95 millones de pesos. En el 2013 el monto fue similar: la Nación mandó 120 millones y la Provincia destinó por fondos propios otros 64 millones. A valores de 2010, se convierten en 96 millones.
En 2014 bajaron los fondos nacionales. La Provincia invirtió 101 millones de pesos y la Nación 93, pero corregido por inflación, ese monto se convierte en apenas 70 millones: un 26% menos que en los dos años anteriores.
