La fiscalía estatal de Michoacán, quien aún investiga los hechos, informó la aparición de 11 cuerpos abandonados en una carretera rural del municipio de Tangamandapio, todos heridos con arma de fuego.
Miércoles 3 de noviembre de 2021
La noche del lunes 1 de noviembre fueron encontrados los cadáveres de seis menores de edad y 5 adultos menores de 36 años, masacrados en la zona norte del estado de Michoacán en un predio en las inmediaciones de la comunidad indígena de Tarecuato, en Tangamandapio, cerca de los límites con Jalisco, región asediada por la delincuencia en los últimos meses.
Las víctimas eran originarias de la tenencia de Tarecuato y sus cuerpos ya fueron reclamados por sus familiares quienes los identificaron como: Rodrigo G., y Juan Fernando C., de 36 y 31 años, Carlos Rodrigo C., Víctor Salvador M., y Juan Carlos H., de 19 años, además de cinco adolescentes de 17 años y uno de 15.
¿Militarizar el estado es la solución?
A inicios de julio del año pasado, la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del estado de Michoacán, Sandra Luz Valencia, propuso una reforma del artículo 123 de la Constitución Política del estado para avanzar en la militarización de los municipios que lo conforman. En armonía con la Guardia Nacional, que, en ese entonces, ya contaba con 90 mil elementos ubicados en todo el país.
Sin embargo, la violencia no ha disminuido y en Michoacán, particularmente, las fuerzas armadas han funcionado para reprimir a luchadores medioambientalistas y al normalismo rural, que se levantan contra la tala y el monocultivo ilegal, así como en contra de la reducción de la matrícula, y la del presupuesto educativo que en este año se aprobó con un 95 % de recorte.
Incremento de la violencia y los homicidios dolosos en México
Tarecuato ha sido un destacado escenario de situaciones violentas durante el año en curso. Ejemplos de ello fueron el asesinato de Juan Govea, tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de la región, el ataque con bombas molotov a la comandancia de la policía comunitaria en el mes de julio y la confrontación de los atacantes con policías y militares.
El caso del excomandante Reyes Arzate que se investiga por su colaboración en la distribución de droga ilegal a Estados Unidos, muestra que no podemos confiar en que el fortalecimiento del control del Estado sobre la población por la vía de las fuerzas armadas, sea una salida real contra la violencia, ya que ha mostrado su incremento en el número y el recrudecimiento de los crímenes.
Según el reporte “MX: La Guerra en Números”, de T-ResearchMX, durante la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 al 1 de noviembre de 2021, las fiscalías estatales y federales han registrado 104 mil 37 homicidios dolosos en México. En comparación con el sexenio pasado, del priísta Enrique Peña Nieto, se registra un incremento de 41 mil 892 casos de dicho delito, que a su vez presentó un incremento de 22 mil 473 casos en relación con el anterior sexenio del panista Felipe Calderón, donde comenzó el fortalecimiento de la fuerza militar en la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
Este fortalecimiento militar, en realidad, se ha utilizado para reprimir manifestaciones que cuestionan las políticas de precarización y despojo, así como aquellas en contra de los abusos patronales, y en particular, para la contención violenta de los sectores migrantes que cruzan el país hacia EUA. Todo esto mientras el presupuesto a la educación y la salud va en detrimento, respecto a lo que se destina a las fuerzas armadas.
