Se aproxima el final del juicio por encubrimiento en la causa que se convirtió en el monumento a la impunidad a lo largo de todos los gobiernos. Cambiemos quiere dejar libres a sus amigos ex fiscales.
Mirta Pacheco @mirtapacheco1
Jueves 3 de mayo de 2018
Este jueves será el turno del alegato por parte de la querella de APEMIA, representada por Laura Ginsberg, familiar de una de las víctimas en el atentado al edificio de la mutual judía, ocurrido el 18 de julio de 1994, que dejó un saldo ominoso de 85 víctimas.
Este año, luego de la feria del verano se reanudó el juicio por encubrimiento, denominado AMIA II. Ya en las primeras audiencias, donde comenzaron los alegatos de las querellas, el gobierno, a través de su ministro de Justicia, Germán Garavano, intentó una maniobra y a último momento cambia al abogado que debía presentar el alegato por el Estado (que había sido previamente consesuado con la Unidad Fiscal AMIA) y sostiene que no hay pruebas suficientes para acusar a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.
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Ambos trabajaban con el ex juez Galeano, otro de los acusados, cuando este pagó a Telleldín (también en el banquillo de los acusados) 400 mil dólares para que cambie su testimonio y acuse a policías bonaerenses de haber sido parte del atentado. Cuestión que no podían desconocer.
Está probado, declarado por los mismos implicados, el pago con dinero de la ex Side (hoy AFI), a cargo por ese entonces de Hugo Anzorreguy -también acusado-, para que Carlos Telleldin cambie su declaración.
Esos policías fueron absueltos en 2004 y hoy también son parte de una de las querellas. Al ex juez Galeano se lo destituyó por mal desempeño, precisamente a raíz de esos hechos, cuando tenía a su cargo la investigación por el atentado. "En el proceso se ha demostrado que Juan José Galeano intervino en la preparación, negociación y organización de un pago oculto e ilegal", dictaminó el jurado de enjuiciamiento.
Ya a esta altura del gobierno de Cambiemos, no resulta sorprendente que quiera salvar a dos de sus amigos. Recordemos que Barbaccia trabajaba en forma cercana a Guillermo Montenegro, cuando éste era el titular del Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y a Mullen se le atribuye haber sido el "mediador" para los contratos entre el gobierno porteño y Metrovías.
Los dos ex fiscales están acusados de los delitos de peculado, prevaricato, privación ilegal de la libertad, coacción y falsedad de documento (oculatamiento y desvío de la investigación). Las mismas acusaciones que recaen sobre Galeano.
A partir de ese alegato, las cosas no le salieron del todo bien a Garavano. El abogado designado para realizar el alegato, José Console, fue apartado de la causa por incompatibilidad, ya que tiene un puesto en el Consejo de la Magistratura porteña. Pero esto no fue causa para que anularan su alegato y este sigue en pie.
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Además entre los principales acusados, como es sabido, están acusados Carlos Menem, Jorge "Fino" Palacios, por aquel entonces jefe de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, acusado de encubrir la llamada "pista siria" por órden de Menem. Otro banquillo de los acusados está ocupado por Ruben Beraja, quien fuera el titular de la DAIA aquel año de la voladura de la AMIA.
Las querellas de la DAIA y la AMIA se realzaron en forma conjunta y ambas sostuvieron, junto al gobierno, que no había prueba suficiente contra los fiscales. No realizaron ninguna acusación por el pago de los casi medio millón de dólares, porque ese dinero no fue para que Telleldín "mienta, sino para que diga la verdad", basándose en esta asombrosa afirmación tampoco acusaron a Beraja.
Otras de las querellas está constituida por el grupo de familiares de víctimas del atentado que integran Memoria Activa, cuyos abogados pidieron 20 años para Galeano, seis para Menem y 13 años para Mullen y Barbaccia.
Hoy será el turno de APEMIA, quien desde un principio viene denunciando el encubrimiento del Estado argentino, a través de los gobiernos que se sucedieron. Declaraciones de Ginsberg a través de un comunicado de su asociación, afirman: “Desde hace muchos años están más que demostrados los delitos cometidos por todos los imputados. Eso es así a pesar de que el Estado sigue ocultando los archivos secretos que debieran haber sido prueba en este juicio del encubrimiento”.
El tema de la apertura de los archivos secretos de la ex SIDE de la Policía Federal que tendrían que ser abiertos y sin restricciones, puesto a disposición de los familiares de las víctimas, fue lo que del 94 para acá, todos los gobiernos se negaron rotundamente a realizar.
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Así fue también con el gobierno de Cristina Kirchner, que para mostrarse activa en la causa AMIA, firmó el memorándun de entendimiento con Irán, que constituyó otro paso hacia la impunidad del Estado argentino, además de valerle, gracias a la "grieta" que Cambiemos en estos dos años insitió en sostener y a la judicialización de la política, como consecuencia de ello, un juicio por encubrimiento llevado adelante por el juez Claudio Bonadío. Una causa que en honor a la verdad, no puede estar más floja de papeles.
Macri pretendió hacer una maniobra planteando que la apertura de los archivos la realizó su gobierno, lo cual es falso. Se dispuso que ciertos archivos puedan estar disponibles para la Unidad Fiscal AMIA, y será la AFI la que los busque, los compile y luego se lo entregue. Es decir, la discrecionalidad sigue quedando del lado de los servicios de inteligencia.
Con las tres audiencias en las que tendrá lugar el alegato de Laura Ginsberg, se cierra este tramo, luego vendrán los alegatos de las defensas y finalmente el veredicto del Tribunal Oral Federal N° 2.
Mientra tanto, luego de 24 años, nada se sabe de los autores sobre todo intelectuales de ese brutal atentado que permanece impune.
