El Gobierno de Río Negro, que ha sido denunciado por no realizar los test a tiempo y en cantidad necesaria, ahora emitió el Decreto 359/20 en el cual obliga a los trabajadores a firmar una declaración jurada en la que aseguren no ser portadores de Covid-19 en los últimos 14 días.
Lunes 27 de abril de 2020 17:25
En un Decreto que ya ha sido cuestionado por organizaciones sindicales y políticas, el Gobierno de Río Negro busca imponer que los trabajadores públicos y privados que se encuentran exceptuados en las llamadas tareas esenciales, firmen en calidad de obligatorio para su circulación, una declaración jurada en la cual él o la firmante asegure no ser portador de COVID-19 y no haber estado en contacto con personas contagiadas o con síntomas. De no cumplimentar dicho documento, se les impondrán las sanciones de Código Penal dispuestas para aquellos que han roto la cuarentena Decretada por el Gobierno nacional.
La medida punitoria contra los trabajadores y trabajadoras que deben salir obligatoriamente a cumplimentar sus tareas, busca hacerlos responsables de los contagios que están ocurriendo en la provincia y por los cuales el Gobierno de Arabela Carreras (JSRN) es quien tiene la obligación de prevenirlos.
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No haber realizado a tiempo los testeos necesarios, como lo vienen denunciando los trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia, como consecuencia de los contagios masivos que ocurrieron en este sector, es una muestra del “interés” que tiene la provincia para evitar la propagación de los contagios.
El cuestionado Decreto obliga también al empleador a solicitar dicha declaración jurada a sus empleados y también le permite a las fuerzas que ejercen los controles en las calles, a solicitarlo, bajo sanción de aplicarle a quien no la porte, la aplicación de las sanciones de los “Artículos 202, 203, 205, 239 y concordantes del Código Penal”. Que contemplan delitos contra la salud pública, cometidos por imprudencia o negligencia, con penas que van desde los seis meses a dos años de prisión. La llamativa excepción es para los funcionarios públicos, quienes están eximidos de firmar dicha Declaración Jurada.
En esa declaración los trabajadores manifiestan expresamente no ser portadores del virus, no haber tenido síntomas ni haber tenido contacto con personas infectadas, no es posible afirmarlo sin un test previo que ningún trabajador es portador del virus, (asintomáticos) o que sus mismos compañeros, con las que comparten actividades laborales no lo tengan. Nadie podría “jurar” ser negativo sin un hisopado previo, sobre todo ante el contexto de pandemia y circulación local de virus.
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La incompetencia con la que ha manejado la pandemia el Gobierno rionegrino ha quedado en evidencia con las medidas de cierre y aislamiento de ciudades importantes de la provincia, como Bariloche, Choele Choel, Catriel y Cipolletti. Otro ejemplo de la incapacidad con la que ha manejado la situación es la fuerte cadena de contagios que se desataron en el sector de los trabajadores y trabajadoras de la salud en diferentes puntos de la provincia, tanto en la salud pública como en la privada. En todos los casos la denuncia es redundante, faltan testeos y demoran mucho tiempo en realizar los pocos y escasos que hacen.
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