Hay un pedido de prisión perpetua para los policías que mataron por la espalda al niño de 12 años. Durante el juicio se develó el apoyo estatal a los asesinos y la reivindicación de la “doctrina Chocobar” por parte del gobierno de Manzur.
Juan Lobo @CanisLupus1917
Lunes 4 de octubre de 2021 09:55
Fotografía: La Palta.
Tras más de tres años, finalmente tuvo lugar el juicio contra los uniformados que acabaron con la vida de Facundo Ferreira, un niño de 12 años y vecino del Barrio Juan XXIII, “La Bombilla”, en Tucumán. El tribunal dará a conocer este martes a las 9 la sentencia que resolverá sobre el pedido de prisión perpetua para los policías Mauro Gabriel Díaz Cáceres y Nicolás Javier Gonzales Montes de Oca.
El pedido de pena máxima contra los policías se basa en considerar que se probó que ambos son coautores de homicidio, doblemente agravado por alevosía y por el ejercicio abusivo de la función de los miembros de la fuerzas de seguridad, agravado por el uso de armas de fuego e incumplimiento de deberes de funcionario público. Además del abandono de persona, ya que no pidieron asistencia inmediata para el niño, quién en el hospital fue anotado como si fuera víctima de un accidente de tránsito.
Gatillo fácil en los tiempos de la “doctrina Chocobar”
El caso tuvo repercusión internacional y desató en principio una brutal campaña de estigmatización hacia los niños, su barrio y su familia. Esta operación fue llevada adelante por las fuerzas policiales en su afán de defender su derecho a ejercer ejecuciones sumarias, la mayoría de las cuales permanecen impunes. Pero las autoridades del Gobierno tucumano también se hicieron eco de esta justificación del gatillo fácil.
El aún cuestionado ministro de Seguridad, Claudio Maley, en su momento llegó a declarar: “Yo me pregunto qué hacía un chico de esa edad a esa hora en la calle”. También dijo que “no se trató de un caso de gatillo fácil, ya que los agentes actuaron contra un claro ataque y contra una agresión; como es su deber y obligación”. Centralmente es la versión a la que se aferraron la defensa de los policías y el abogado que defiende al Estado por su responsabilidad civil en el asesinato del niño. Eran los tiempos donde desde el macrismo en el Gobierno se bancaba a los policías que asesinan por la espalda, como Luis Chocobar, cuya actuación fue aplaudida por Macri y Patricia Bullrich. Pues unos meses después, en la Tucumán gobernada por el hoy Jefe de Gabinete Manzur, tanto él como su ministro Maley defendieron a capa y espada a los policías que asesinaron a Facu.
Aún hoy entre muchos tucumanos caló la versión de que Facundo y su amigo Juan eran unos peligrosos delincuentes que dispararon contra la Policía en un enfrentamiento. En el juicio se probó todo lo contrario. La primera jornada comenzó con el testimonio de los policías imputados, que ni siquiera se pusieron de acuerdo en la versión que dieron de los hechos. Uno declaró que sólo realizó dos disparos, el otro dijo que fueron ocho. En el lugar del crimen hallaron más de 10 vainas. Los testigos que trabajan en la zona y que escucharon los disparos desmintieron de plano que los niños hayan disparado antes, son trabajadores de la Terminal vieja, en la zona de El Bajo, por donde pasaron los pibes en una moto de baja cilindrada seguidos de cerca por los dos motoristas.
Quedó demostrado que no hubo ninguna agresión que justifique el posterior fusilamiento que perpetraron Díaz Cáceres y Montes de Oca. En este tramo del video surgido de cámaras de seguridad se ve claramente que no hay ningún disparo y además es muy notable que son niños, como afirmaron todos los testigos, contra la ridícula versión policial de que solo al verlo abatido se dieron cuenta de que eran niños. Como en otros casos de gatillo fácil, el domo más cercano a donde mataron a Facu, fue retirado de su lugar. Seguramente igual destino le repare a las 500 cámaras de seguridad que trajo en su última visita a la provincia la ex ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, mientras comprometa el actuar delictivo de algún uniformado.
Desde un principio declararon y los dejaron en libertad, dando credibilidad a su falso relato que contó con la gran ayuda de su jefe, el entonces oficial principal y hoy subcomisario Diego Darío Lezcano, quién dirigió las maniobras de modificación de la escena del crimen, a quién la querella pidió que se lo investigue por encubrimiento. Lo acusan además de ser quién llevó el revólver calibre 22 que aducen que fue el que disparó Facundo, en un principio hablaban de dos revólveres, otra improlijidad del falso relato policial. Las pruebas demostraron que ni Facu, ni Juan portaban y mucho menos dispararon armas de fuego, en el arma plantada por Lezcano no encontraron siquiera rastros de su ADN. Los asesinos todo el tiempo mantuvieron su libertad y realizaron más de cinco ataques armados y amenazas de muerte a los familiares de Facu, incluso balearon a un pibe de 12 años en la puerta de la casa de Facu, hirieron a su tía y mataron a su perrito. También un ex policía denunció que le ofrecieron reincorporarlo a la fuerza a cambio de balear la casa de Ferreira y dejar un mensaje mafioso.
Pese a estos ataques, tres veces rechazaron el pedido de la prisión preventiva para los motoristas del 911. Quién rechazó dos de esos planteos fue el juez Facundo Maggio, abogado del mismísimo genocida condenado Antonio Domingo Bussi, cuyo nombramiento fue promovido por Manzur y avalado por la Legislatura presidida por Jaldo, quienes mantienen un pacto nefasto con el partido fundado por el genocida. Sólo después de que Montes de Oca fuera detenido por robar una cartera en la Banda, se le pidió la prisión preventiva por la causa que tendrá la sentencia este martes. Días Cáceres continúa libre trabajando como mecánico en el edificio del 911 y también salió en los diarios por participar de un linchamiento en el Barrio El Bosque, en 2020. Ni siquiera con el candente precedente de la fuga del femicida y filicida Rejas, se tuvo en cuenta que también hay un peligro de fuga, puesto que enfrenta una posible condena a perpetua.
El resto de los días fueron declarando diversos peritos, médicos, especialistas y es un verdadero ejemplo de cómo tienen que remar las familias de víctimas de casos de gatillo fácil contra un Estado y un Poder Judicial colonizados por miembros de las fuerzas represivas o solidarios con ellos, puesto que la mayoría de peritos, médicos de la morgue, empleados judiciales provienen de la fuerza policial o tienen vínculos cercanos y comparten una mirada clasista y discriminadora hacia los pibes de los barrios, lo que salió a la luz en todo el juicio, especialmente en los alegatos. Otro hecho terrible que se destapó nuevamente en el proceso fue el intento del ministro Maley de ofrecerle instalar una panadería a la familia de Facu, a cambio de que levanten la denuncia, hecho denunciado por su abuela Mercedes en el primer día del debate.
Al llegar a los alegatos, tanto la fiscalía como la querella consideraron probado que los policías persiguieron sin motivo alguno a los jóvenes y que les dispararon a quemarropa, haciendo abandono de persona (demoraron en pedir asistencia e incluso dijeron que se trataba de un accidente de tránsito a la familia) y luego intentando encubrir su accionar dibujando un supuesto enfrentamiento, otra tradición policial que vimos en otros casos locales y cuyo máximo exponente fue el “Malevo” Ferreyra, también mencionado en el debate (condenado por un triple crimen que hizo pasar por enfrentamiento, se fugó de Tribunales con una granada en la mano en los 90).
En defensa de los policías, los cuatro abogados que los defendían consideraron que el homicidio estaba justificado, dando por ciertas las mentiras de los policías acerca de una balacera, que reaccionaron de forma gradual y en legítima defensa. También dieron rienda suelta a su odio de clase contra Facu, sus amigos y su familia, especialmente la abogada Aurora Díaz Argañaraz, quién es conocida defensora de policías, entre ellos el fugado Rejas con quién compartió en aquel debate risas socarronas y hasta alguna que otra “selfie”. Acá podés ver una pequeña muestra de su defensa cerrada de los policías y de su odio de clase contra los niños pobres, que recuerda a los sketchs de Alfredo Casero, cuando era bueno, claro. Incluso mintió descaradamente acusando a uno de los pibes de amenazar a Días Cáceres, autor del disparo que mató a Facu.
El Estado es responsable
Todas las brutales muestras de impunidad y protección con la que gozaron Montes de Oca y Díaz Cáceres son sólo una muestra de lo que sufre cada familia de las barriadas pobres que tuvieron la desgracia de perder un familiar por las balas o las botas de la Policía. Primero viene la estigmatización, luego las amenazas y hasta burlas crueles y racistas en forma de llamadas, mensajes, audios festejando “yo lo maté”. Intentos de que levanten la denuncia mediante ofertas de acuerdos extrajudiciales. Sobre todo es impactante la defensa cerrada del derecho a matar por parte de los superiores en la misma fuerza y de los máximos responsables políticos. En su momento Juan Manzur y hoy Jaldo, siguen bancando a un Ministro de Seguridad que tiene las manos manchadas de sangre por un sinfín de casos aberrantes a quién sostienen por necesitar de las fuerzas represivas para mantener un control social en los barrios populares. Pero también hacia los trabajadores que salen a luchar, como bien los saben los cosecheros que este año dieron una lucha histórica por sus salarios de hambre y tuvieron enfrente a la policía brava de Manzur, Jaldo y Maley para apalearlos y defender la libertad empresarial de explotarlos despiadadamente.
Las familias que pelean contra el gatillo fácil deben aunar su lucha a la de los trabajadores, de las mujeres, la juventud para levantar un movimiento contra la represión y el gatillo fácil, pelear por justicia para los crímenes aberrantes que cometen cotidianamente contra los habitantes de los barrios populares. El martes se conocerá la sentencia y llaman a toda la comunidad a reclamar Justicia por Facu, ni un pibe menos. Una sentencia que no sea la perpetua para los fusiladores de nuestros pibes sería un verdadero escándalo para un gobierno provincial que viene sacudido por una interna salvaje en el oficialismo, la crisis política del gobierno nacional y un hartazgo social hacia las fuerzas represivas que tuvo su punto culminante en la fuga del guardiacárcel asesino de Milagros y Benicio. ¡Facundo presente! ¡Manzur, Jaldo y Maley son responsables!
